Por mayoría, los diputados santafesinos votaron un paquete de cambios tendientes a hacer más operativa la reforma judicial provincial. Con esos ajustes, el lunes debuta el nuevo sistema acusatorio en todo el territorio provincial. La oposición se lamentó de no haber existido margen ni voluntad del FPCyS para retocar el proyecto.
Diario UNO |
El gobierno provincial consiguió ayer un paquete de cambios que consideraba indispensables para que el próximo lunes debute en la provincia el Nuevo Código de Procedimiento Penal. Se trata de la Ley de Herramientas para la puesta en vigencia del sistema acusatorio, que entre sus puntos más importantes tiene la desaparición de la figura del secretario y la posibilidad de que en determinadas circunstancias el fiscal pueda efectuar la imputación de un delito a una persona sólo frente a su defensor, es decir, “sin la presencia necesaria del juez”.
La iniciativa, elaborada por el Ejecutivo y con el respaldo de la Corte Suprema, sólo recogió el visto bueno del oficialismo y del PRO porque la mayoría justicialista –si bien dio quórum y habilitó su tratamiento– optó por abstenerse de acompañar. Entre las críticas hubo aspectos de forma, como la exigencia del gobierno para que se vote ayer, sino el 10 de febrero no podría arrancar el nuevo sistema, y otros de contenido, aunque allí hubo diversos matices y hasta contradicciones.
Los demás cambios versaron sobre la habilitación de notificaciones por medios electrónicos, la constitución de colegios distritales de jueces, y acotar las causas de inhibición y recusación del magistrado. Esto último, implica que cuando el juez se haya pronunciado sobre la procedencia de prisión preventiva o haya participado en la audiencia preliminar de un imputado, no podrá conformar el tribunal de juicio ni intervenir en segunda instancia o instancias extraordinarias, al igual que si hubiere pronunciado sentencia.
Hay que tener en cuenta que se podrían suceder hasta seis audiencias preparatorias de la investigación hasta llegar al juicio oral y público. Entonces, si cada una de esas instancias requiere de un magistrado diferente, para evitar recusaciones, el sistema requerirá de más jueces. Asimismo, se simplifica la regulación de las causales de inhibición porque se deja librada a la consideración del juez, y de las partes, en su caso, la procedencia del apartamiento por existir temor de parcialidad.
Con respecto a la desaparición de la figura del secretario, la explicación es que en un genuino sistema acusatorio las decisiones se toman en un contexto de audiencias orales y públicas, donde todas las partes, litigantes y jueces están presentes, por lo que la presencia de un secretario, que certifique lo que sucedió, deviene innecesaria. Sin embargo, el PJ y la diputada Griselda Tessio advirtieron que cuanto menos se pudo haber reconvertido esa función en fedatarios del proceso como garantía de lo actuado en la oralidad, con lo cual se abstuvieron.
El diputado kirchnerista Eduardo Toniolli también se quejó de desobligar a los jueces de estar siempre en las audiencias imputativas (cuando el fiscal informa de qué se acusa a una persona), porque considera que el fiscal –integrante del Ministerio Público de la Acusación– pasaría a tener un rol desequilibrante ante el defensor, ya que no existirá un tercero (que sería el juez) que dé garantías de lo actuado.
El legislador del Movimiento Evita consideró que las modificaciones podrían impactar en el respeto de los derechos y garantías de los imputados (acusados de un delito) ya que no estará presente el juez.
Por su parte, el jefe del bloque kirchnerista del Frente para la Victoria, Darío Mascioli, desde un punto de vista diametralmente opuesto dijo que le hubiese gustado incorporar un artículo para limitar las excarcelaciones.
Por su parte, el jefe del bloque kirchnerista del Frente para la Victoria, Darío Mascioli, desde un punto de vista diametralmente opuesto dijo que le hubiese gustado incorporar un artículo para limitar las excarcelaciones.
Fue entonces que recordó que ya existen en la Legislatura proyectos para que personas acusadas de un delito y que cuentan con antecedentes penales siempre queden detenidas a la espera del juicio. Los dos diputados del justicialismo demostraron que existen amplias discrepancias ideológicas sobre cómo normar la Justicia Penal santafesina, a tal punto que hay un choque de intereses entre una mirada más bien garantista y otra de mano dura.
Por lo pronto, de acuerdo al texto aprobado, resulta suficiente resguardo de los derechos del imputado la presencia del abogado defensor cuando el mismo se encuentra en libertad, por lo que se atribuye al titular de la persecución penal pública (el fiscal) la potestad de efectuar la imputación directamente y sin la presencia necesaria del juez.
En cambio, si el imputado estuviera detenido o la acusación que se va a hacer es sobre un delito grave, no excarcelable, sí o sí la audiencia tendrá que realizarse frente a un magistrado; que será el encargado de mantener la prisión preventiva o librarla, en caso de aceptar los elementos que brinde el fiscal. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cree que así se economizará el procedimiento, haciéndolo más ágil y rápido, mientras que para el PJ eso significa que faltan jueces por culpa de un Consejo de la Magistratura con mecanismos burocratizados y lentos de selección.
En ese contexto, el próximo lunes debutará el Nuevo Código Procesal Penal en la provincia de Santa Fe. Desde las cero horas de ese día los fiscales serán los encargados de la investigación, las víctimas podrán ser querellantes y los jueces sólo tendrán por obligación resolver situaciones en función de las pruebas y elementos aportados por el Ministerio Público de la Acusación y la defensa, entre otros cambios profundos que se hicieron en los últimos siete años para enterrar el sistema inquisitivo y escrito.
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