Así lo indicó Luis María Caterina, juez de Instrucción de Rosario. Estuvo en turno la segunda quincena de enero, a días de el sistema penal santafesino más relevante de su historia. “En 15 días de mi turno en la feria de enero hubo 17 homicidios. Solamente en tres hubo detenidos”, dijo el magistrado.
La Capital |
Luis María Caterina fue el último juez de Instrucción en el receso judicial o feria de Rosario. Estuvo en turno la segunda quincena de enero, a días de que el sistema penal santafesino experimente el cambio más relevante de su historia y, desde el lunes, sean los fiscales quienes empiecen a investigar delitos. Ejerció ese rol en un mes explosivo, sacudido por una disparada inédita en la tasa de homicidios dolosos. "Con la infraestructura actual, tanto policial como judicial, es imposible investigar 300 homicidios anuales", dice el magistrado tras el retorno de la actividad usual a Tribunales, donde esas causas registran un nivel de esclarecimiento muy bajo, del orden del 50 por ciento. Dificultad que atribuye no sólo a deficiencias en la investigación sino a escenarios violentos que alejan a los testigos.
Caterina estuvo a cargo del trámite de causas penales durante el receso de verano, en un territorio que además del distrito judicial de Rosario abarcó los de San Lorenzo, Villa Constitución, Casilda y Cañada de Gómez. En las dos últimas semanas de feria que tuvieron un juez al mando se abrieron más de 400 causas y escaló la estadística de los homicidios dolosos. En la zona de Rosario fueron 33 en todo el mes, un 39 por ciento más que el registro ya alto del año pasado. En ese escenario, fueron detenidas más de 120 personas y se tramitaron 70 oficios de libertad. Todo con una infraestructura de siete empleados y un secretario. Sobre esa experiencia reflexiona en esta nota, de cara a la reforma, que lo encontrará trabajando en el sistema de conclusión de causas iniciadas bajo el viejo sistema escrito.
— ¿Cuál fue la dinámica de trabajo en la última quincena de la feria?
—En este último turno se vio bien claro un contexto territorial ocupado por violentos. Sobre todo en tres hechos aberrantes: una nena de 5 años que murió en un tiroteo, un ataque a una chica de 16 años que estaba tomando mates y el crimen de un hombre de 77 años (acuchillado en su casa de Empalme Graneros). Esto quiere decir que la situación está descontrolada: no se trata ya de enfrentamientos entre bandas sino que caen inocentes. Son cosas preocupantes. Y los hechos se han extendido: antes estaban más concentrados en Las Flores o La Tablada. Ahora son en todos lados y cada vez más graves. Antes preocupaba el cobro de peaje, hoy eso pasó a segundo plano.
—En ese contexto se destacó el repunte histórico de los homicidios. ¿Cómo analiza ese dato?
—Estos homicidios indiscriminados están hablando de una política de dominación, no digo que esté diseñada como tal, pero sí que opera de esa forma en la práctica. El hecho de que haya un mural del Pájaro Cantero está significando que hay un Estado que está cada vez más corrido y es reemplazado en sus funciones. Frente a eso, lo que tenemos es una segmentación de la seguridad: corredores seguros para los taxistas, policías de proximidad, controles para las estaciones de servicios. La gente se encierra, la policía patrulla ámbitos determinados y el resto queda desprotegido. Son estrategias reactivas. Pero la seguridad es pública y general, si la privatizamos y la segmentamos no es seguridad. ¿Quién puede privatizar la seguridad? El que pone una alarma, el que compra rejas, el que tiene vigilancia privada o el que vive en un barrio cerrado. Entonces, cada vez zonas más grandes ya no están agredidas por los violentos, sino dominadas. Sólo en mi turno hubo 17 homicidios.
—¿En cuántos de esos casos hubo detenidos?
—En tres. Cuatro causas tienen sospechosos individualizados. Pero los otros son todos NN.
—Esto se percibe como impunidad y genera un enorme descontento social. ¿Qué causa el bajo esclarecimiento de los homicidios?
—Con la infraestructura actual, policial y judicial, es imposible hacer frente a la investigación de 300 homicidios anuales, en números redondos. Sin una política global de seguridad, es impensable. Hoy quedan impunes no sólo por las falencias de las investigaciones sino porque no se dan las condiciones mínimas de seguridad para que los ciudadanos comunes presten colaboración. Aún suponiendo que esclareciéramos todos los homicidios, no tenemos capacidad operativa para cuidar a dos testigos por causa. Sólo los que están muy cercanos a las víctimas se comprometen. La sensación de impunidad alcanza a quien ejecuta el delito y también a quien es testigo del delito. Hay que vivir en el mismo barrio del que mató a tu vecino. Sin una estructura para que la gente se sienta contenida, es imposible esclarecerlos.
—¿Qué les compete en esto a jueces y fiscales?
—Creo que funcionamos bien dentro de las limitaciones que tenemos. La impunidad no se fomenta ni se permite alegremente: investigamos, pero dentro de una escasez de medios materiales. Y dentro de un sistema de garantías que voy a defender a muerte: no se puede detener sin pruebas.
—¿A qué se refiere con una política de seguridad global?
—El tema es de una complejidad tal que requiere avanzar en muchos frentes simultáneamente. Hay que recuperar el territorio hoy ganado por bandas narcos o violentos. Hay que desarticular a todos los grupos delictivos, si no parece que el Estado se concentra en uno para favorecer a los otros. Recuperar la escolarización, a los jóvenes "ni-ni". En ese sentido la jornada extendida en las escuelas me parece una medida fantástica. Urgen lugares públicos de recuperación de adictos y no estamos dando respuestas a los que delinquen, simplemente los sacamos de circulación un tiempo: en las cárceles no hay suficiente trabajo y las medidas sustitutivas de la prisión no dan resultados por la falta de control. Creo que hay que mirar las experiencias lationamericanas antes que las europeas. Hay experiencias positivas y negativas que han recorrido los colombianos, los brasileños y los mexicanos. Nuestra problemática es esa.
—¿Qué expectativas tiene ante la reforma penal que arranca el lunes?
—Llevará un tiempo lógico de acomodamiento. Habrá que tener calma antes de exigir resultados positivos. Creo que la reforma es buena, pero hemos puesto una carrocería de Ferrari con repuestos de Renoleta. ¿A qué me refiero? A que sin una policía de investigaciones que dependa del Poder Judicial y una política criminal global, la reforma no puede generar grandes expectativas. Va a ser positiva en cuanto a la transparencia, la agilidad y la cercanía, pero en lo inmediato no mucho más. No podemos pretender soluciones en seis meses. Hay temas sobre los que no se conoce lo suficiente y es de esperar que la Fiscalía Regional avance rápido en eso: ¿de dónde salen las pistolas 9 milímetros que son hoy casi el arma de uso masivo? La reforma es buena en tanto la prevención sea activa y generalizada.
—¿Por qué cree que la policía de investigaciones debe depender del Poder Judicial?
—Es imprescindible que dependa del Poder Judicial o al menos de las fiscalías. Porque así se toma distancia de las investigaciones meramente policiales. Esto supone más garantías y más transparencia. Y se distingue bien lo que es una policía de investigación de la policía de seguridad, que con esta división se ve beneficiada y recibe funciones delimitadas claras. Ha sido casi un resabio monárquico continuar con esa dependencia en el ámbito del Poder Ejecutivo.
—¿Cómo se va a trabajar en el cierre de causas residuales bajo el viejo sistema de juicio?
—Tenemos que apostar a que lo nuevo empiece bien. Si los que permanecemos en el viejo sistema tenemos que hacer algún sacrificio, lo haremos. De hecho estamos trabajando con una planta reducidísima por la cantidad de personal que se volcó al nuevo sistema. Entendemos que no vamos a ser la prioridad y está bien porque de a poco el esquema residual se va a ir achicando. Con recursos escasos, hay que apostar a que lo nuevo empiece a funcionar bien y que de respuestas para que sea confiable.
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