Sigue el debate sobre el flamante cuerpo que actuará en las pesquisas abiertas por delitos en el nuevo modelo de juicio penal en Santa Fe. Victor Moloeznik, que trabajó en el diseño, remarca que los fiscales serán los verdaderos conductores.
La Capital |
La Policía de Investigaciones de Santa Fe fue lanzada el miércoles pasado en un contexto bien ilustrativo de las dificultades que distinguen localmente a las investigaciones de delitos. El caso de la brutal ejecución de Luis Medina y su novia trajo aparejadas polémicas por el resguardo de la prueba, por el control de la policía que interviene y hasta por la ausencia de conexiones fluidas entre ella y los funcionarios judiciales. Si era por discusiones ya había otras respecto a cuánto puede esperarse de una policía que seguirá en el ámbito del Poder Ejecutivo y cuya integración se hará con oficiales provenientes de una institución cuestionada por registros bajos de esclarecimiento de ilícitos, rutinas poco profesionales y corrupción. Víctor Moloeznik, titular de la Subsecretaría Organizadora de este nuevo cuerpo en el Ministerio de Seguridad provincial, da su mirada al respecto.
—La ley que creó la policía judicial fue votada por unanimidad en la Legislatura. ¿Por qué el gobernador vetó más de 40 artículos?
—La respuesta el gobierno ya la dio. Más allá del valor del consenso legislativo, el Poder Ejecutivo también tiene potestades constitucionales. Había varios artículos de la ley que no se adecuaban al diseño legal y político del Ministerio Público de la Acusación en Santa Fe, que es el organismo que articula todas las fiscalías, comandando las investigaciones y a este nuevo cuerpo policial. Tal como fue sancionada, la ley creaba una institución con enorme cantidad de facultades y órganos que iban más allá del Ministerio Público, produciendo superposición de competencias y choques entre dependencias que se dedicarían a lo mismo. El veto fue para defender la autonomía del Ministerio Público. Por ejemplo, este organismo ya tiene una secretaria de política criminal y una escuela de capacitación, y la Policía de Investigaciones, que es subordinada del Ministerio Público, también iba a tenerlas. Era un exceso burocrático inútil.
—El planteo más crítico es que el veto buscó que esta nueva fuerza siga en la esfera del Poder Ejecutivo lo que puede condicionar su desempeño. Y que para romper eso debería depender de un órgano autárquico articulado al Poder Judicial.
—Para lograr el éxito de las investigaciones hay que avanzar en reformas profundas de la policía y no en la creación de órganos o burocracias del Poder Judicial. Esto no es un capricho ni hay una intención de que el Poder Judicial no posea un policía judicial. Pero allí donde existen policías de investigaciones eficaces que producen resultados éstas dependen del Poder Ejecutivo. Pasa con la Policía de Investigaciones de Chile, con la BKA en Alemania, con el FBI en EE.UU. y con Scotland Yard en Inglaterra. Son todos modelos profesionales que trabajan con la justicia y logran investigación eficiente. Lo que funciona en el mundo son policías que se dedican a investigar profesionalmente, con carrera de investigador y con protocolos bien delimitados respeto del reparto de competencias.
—El reparo es que aquí se conforma un cuerpo nuevo que comandarán oficiales provenientes de una estructura vieja, cuestionada y con estándares de investigación muy bajos.
—En ningún país del mundo se ha planteado como opción política un salto al vacío. Si un hospital funciona mal difícilmente se diría que hay que derrumbarlo y no convocar a médicos para generar una opción de más calidad. Nuestra apuesta debe pasar por una intervención fuerte en el nuevo cuerpo, con un control estricto y atento, y una reforma policial. Desde luego tenemos casos de corrupción estructural, falta de profesionalismo y una historia de poca eficacia en las investigaciones de delitos. Como respuesta del Estado inventar la policía de la nada no es una opción viable. Proponemos una nueva jefatura con otro esquema de organización, con régimen de formación profesional y de control distintos.
—En Córdoba hay una policía judicial que no depende del Poder Ejecutivo y las investigaciones son de mayor calidad.
—El hecho de que Córdoba esté más avanzada que Santa Fe en investigación criminal no se relaciona a mi juicio con que allá tengan una policía judicial dependiente del Poder Judicial. Es verdad que tienen un desarrollo de criminalística, producto de haber ejecutado un plan de desarrollo tecnológico y técnico ambicioso, que le lleva años luz a las demás policías provinciales. Pero la policía judicial de Córdoba es un cuerpo burocrático y no ha tenido éxito con investigaciones autónomas. Sus integrantes son básicamente sumariantes que están en las comisarías pero sus prácticas no han tenido ningún impacto decisivo en cuanto a la forma de investigar. En la ciudad de Córdoba los asesinatos, por ejemplo, los investiga la Dirección de Homicidios de la Policía de Córdoba, que depende del Poder Ejecutivo. Allí la Policía Judicial existe desde 1993 y todo el entramado de narcocriminalidad en que quedaron involucrados altos funcionarios públicos es una situación que les pasó por al lado.
—Claramente se puede decir lo mismo de Santa Fe. Por eso se desata la discusión sobre la procedencia de los jefes del nuevo cuerpo
—¿Y de dónde iban a salir los cuadros de Policía Judicial? El desafío de la investigación del delito no es solo sumar profesionales de otro ámbito civil, que por supuesto hay que incorporar. Pero los que hacen la investigación son los policías. Y no existe un modelo en el mundo eficaz de investigación que se plantee sin convocar a los policías. No existe inventar una policía de la nada. Pero está pensado otro modelo de policía. Insisto: hay que tener en claro un conjunto de herramientas de políticas públicas, otro diseño institucional de la fuerza investigadora, y otro esquema de trabajo.
—El jefe provincial de la Policía de Investigaciones es Luis Bruschi quien fue hasta el martes jefe de Rosario, donde la policía tiene un bajo desempeño en aclarar homicidios.
—Todo el proceso de selección de jefes lo hicimos con el Ministerio Publico de la Acusación que encabeza Julio de Olazábal. En este contexto el perfil del comisario Bruschi nos parece adecuado. El problema que cita de Rosario viene por otra parte de mucho más lejos que los seis meses que duró su gestión en Rosario. Pero la función que cumplirá Bruschi no tendrá que ver con la investigación específica de los hechos sino con la eficiencia en la organización y en el mando. El jefe de la Policía de Investigaciones no se ocupa de resolver un caso. En el rol de conducción se necesita capacidad de organización y de mando. Además el máximo referente en la investigación en esta fuerza es la autoridad civil: el fiscal general y los cinco fiscales regionales que comandarán cada una de las regiones en que está dividida la provincia. La policía actúa en el terreno, analiza prueba en la escena del delito, detecta indicios, hace análisis de inteligencia, busca informantes y testigos. Este es un trabajo técnico que requiere formación y destreza. Pero los que marcan la dirección jurídica del caso a investigar serán los fiscales. Hay un problema sistémico en Argentina que es la autonomización de la policía en la investigación. Ahora no podrán desentenderse de los fiscales.
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