Doce presos alojados en el penal de la céntrica comisaría 3ª desataron un motín que terminó con uno de los internos hospitalizado con quemaduras y varios trasladados a otros ámbitos tras incendiar colchones. La revuelta encaja en una crisis de aspecto crónico que se agrava con el transcurso del tiempo. En los últimos treinta días en las seccionales policiales de Rosario, donde ayer estaban confinadas 711 personas, hubo al menos doce incidentes violentos de este tipo. Estos incluyeron fugas, refriegas masivas y quema de objetos inflamables con sus peligros consecuentes.
La Capital |
La precariedad del alojamiento sumada al calor extremo en espacios no aireados produce un efecto desdichado: la multiplicación de enfermedades infecciosas en los detenidos, que se verifican en lesiones cutáneas visibles, efecto del rigor de una atmósfera intolerable. Esto impulsó a la defensora pública Nº 8, Beatriz Antelo, a presentar un hábeas corpus para hacer cesar tal agravamiento de la privación de libertad en dos comisarías. Los penales policiales son ámbitos con gente enfermándose por los apremios del calor.
Los presos recluidos en las comisarías rosarinas están sometidos a condiciones de violencia extrema. Soportan temperaturas agobiantes en reductos sin ventilación, se encuentran hacinados en ámbitos que concentran hasta cuatro veces más personas que las capacidades de alojamiento aceptadas y una notoria carencia de higiene que se agrava por la deficiente provisión de agua. En estos contextos los conflictos estallan sin encontrar freno.
Sofocantes. Un relevamiento encargado por el Sistema Público Provincial de Defensa Penal sobre las comisarías de Rosario, que está en su fase final de elaboración, recoge estos aspectos que se replican dramáticamente de un penal a otro.
Los rasgos más resaltados son las temperaturas sofocantes en espacios que carecen de ventanas, la superpoblación, las enfermedades infecciosas en los internos y la insalubridad.
En este afligente marco, la seguidilla de alzamientos se produce con una cantidad de presos que bordea los topes históricos. Ayer en la Unidad Regional II había 1.194 detenidos. Quienes están en las peores condiciones son los 711 alojados en comisarías. Luego hay 404 en la Alcaidía Mayor de Jefatura, 53 en el penal policial y 26 en la Alcaidía de Mujeres.
Pelea. La revuelta en la comisaría de Dorrego 161 comenzó alrededor de las 20 del miércoles, cuando personal de guardia irrumpió en el penal donde había 22 internos para desactivar una pelea. Los uniformados separaron a uno de los internos que estaba siendo agredido por otros cuatro, según consignó el comisario inspector de la zona, Claudio Peralta.
A las 23 la gresca se generalizó entre el resto de los detenidos en el penal. La tensión escaló cuando los presos comenzaron a colocar colchones en las puertas de las celdas y a prenderles fuego.
Esto motivó que llegara al lugar personal del cuerpo de Bomberos Zapadores, al tiempo que se hacían presentes integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario. Finalmente un interno fue internado y nueve transferidos a la Alcaidía Mayor de Jefatura.
En común. La del miércoles a la noche fue la última de una secuencia imparable iniciada el 15 de diciembre pasado en la comisaría 24ª de Granadero Baigorria con la fuga de diez presos en una tarde que el termómetro marcó 39 grados y según el informe oficial la seccional carecía de suministro de agua.
Dos días después hubo quema de colchones en la comisaría 5ª de Italia al 2100 y dos presos fueron internados con principio de asfixia.
El 20 de diciembre hubo una revuelta de 25 detenidos en la comisaría 21ª de Arijón y Santiago. Y un día después fueron 50 presos los que se alzaron en la seccional 19ª de Barrio Moderno. El común denominador de todos los episodios fue el calor calcinante.
El 26 de diciembre hubo otro amotinamiento en la comisaría 15ª de Sarmiento al 4300, donde durante todo un día no hubo servicio eléctrico ni provisión de agua.
Hubo posteriormente incidentes calcados en las comisarías 6ª —en dos ocasiones— de San Luis al 3200; en la 12ª de barrio Ludueña y en la 11ª de Lamadrid al 200 bis donde no debe haber detenidos pero había cuatro demorados.
Exceso. Uno de los defensores que realizó el monitoreo en Rosario planteó que el factor común de los lugares relevados es el hacinamiento. Los cinco metros cuadrados por cada plaza de detención que establecen los parámetros internacionales son plenamente excedidos.
Esa superpoblación conlleva problemas de salud que se verifican en erupciones infecciosas. Los lugares son casi siempre cerrados por completo y sin circulación natural de aire. No hay un mantenimiento higiénico de manera regular.
Estas situaciones producen en los detenidos, el 70 por ciento de ellos con prisión preventiva, un padecimiento injustificable en el que no guarda proporción el hecho que se les atribuye y el sufrimiento que se les impone.
Un defensor contó ayer a este diario que a menudo los presos no se quejan de esta inequidad para evitar ser trasladados. "Prefieren soportar estas condiciones por la cercanía de sus familias para asegurarse las visitas. Un traslado a Coronda supone más costos económicos y de tiempo por la movilidad", explicó.
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