Carlos Michia y Alberto Martínez, referentes de la FASIPP.
La crisis desatada por el acuartelamiento de la mayoría de las policías provinciales en diciembre pasado parece no tener fin. Luego de que las administraciones de Córdoba, Tucumán y Entre Ríos avanzaran contra los uniformados que participaron de la huelga, organizaciones sindicales de distintos puntos del país denuncian la existencia de un “plan nacional” para encarcelar a los agentes que se movilizaron en demanda de mejoras salariales.
“Hay una política muy firme y marcada: dar una medida ejemplificadora para todos aquellos que protestaron, y evitar que en el futuro se produzcan más movilizaciones”, aseguró ante NOVA Carlos Michia, secretario gremial de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP).
El dirigente cuestionó que “cuando se generaron las protestas policiales debido a las deplorables condiciones salariales y laborales de los trabajadores, los gobiernos, en vez de solucionar los problemas de este colectivo laboral, idearon un plan para amedrentar y que las legales y legitimas protestas se debiliten”.
El también secretario general del Sindicato Policial Chubutense (SiPolCh) hizo un recuento. “Empezó con una maquinaria perversa, queriendo reformar el Código Penal, que, de hecho, está en proceso para aumentar las penas de los trabajadores policiales”, dijo, y agregó que “con parte del Poder Judicial adicto, los gobiernos tejen una perversa maniobra para encarcelar y, como dice la patronal, dar una sanción ‘ejemplificadora’”.
Por eso recordó el caso del secretario general de la FASIPP, Alberto Martínez. “Ni bien terminó el conflicto en Santa Fe, el gobierno provincial intentó encarcelarlo, y varios diarios decían que comandaba desde el sur la protesta en toda la provincia. Le allanaron la casa y le secuestraron el celular, pero no encontraron ningún argumento”, apuntó.
Michia cuestionó que “después fueron por los compañeros de Córdoba”, en referencia a la detención de 16 policías por presuntos delitos cometidos durante el acuartelamiento de diciembre, y aseguró que “también se amenazó y se está avanzando sobre la policía de Entre Ríos”. En esa provincia, el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amílcar García, abrió una investigación por “sedición” contra los agentes que tomaron la Jefatura de Concordia.
Michia destacó a su vez la labor de Adriana Rearte, una de las detenidas en Córdoba. La mujer, que fue pasada a retiro en el Servicio Penitenciario de esa provincia por su actividad gremial, obtuvo un recurso a favor de la sindicalización policial en la Corte Suprema de Justicia.
El dirigente sureño aseguró que, luego de la asonada de diciembre, la intención del gobierno de Cristina Kirchner es “meter presos a más de 100 policías en todo el país”. “Se avizora un futuro cercano lleno de arbitrariedades y violación de derechos humanos del obrero policial, que sólo reclama dignidad”, enfatizó.
Una de las acciones que las distintas organizaciones policiales llevarán adelante será la creación de frentes gremiales por regiones, como ya adelantó este portal. El Frente Patagónico podría ser el primer paso. El otro es una movilización a la Casa Rosada prevista para el 17 de febrero.
Fuente: Agencia Nova
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