El fiscal Walter Rodríguez, junto al titular de la Procelac, Carlos Gonella, y al coordinador del área de Fraudes Económicos y Bancarios, Pedro Biscay, habían solicitado la medida luego de presentar un recurso por ‘retardo de justicia‘ ante la Cámara de Apelaciones de Rosario.
.El Litoral |
La Cámara Federal de Santa Fe, a cargo de los jueces Fernando Lorenzo Barbará, Liliana Marta Arribillaga y Carlos Carrillo, hizo lugar al recurso de queja por retardo de justicia presentado el fiscal de Santa Fe, Walter Rodríguez, junto al titular de la Procelac, Carlos Gonella, y al coordinador del área de Fraudes Económicos y Bancarios, Pedro Biscay. Es el primer caso en la historia de revisión de "cosa juzgada irrita", en fraudes bancarios.
La presentación se había realizado en noviembre, luego de que el juez de la causa Reinaldo Rodríguez no entregase una respuesta acorde a lo planteado por los representantes del Ministerio Público Fiscal cuando solicitaron la reapertura. El juez interviniente señaló que no había resuelto dado que considera que "había perdido jurisdicción" para hacerlo.
En el fallo, el juez Barbará dice en su voto que la decisión de Rodríguez "carece de todo sustento normativo, no sólo a la luz del Código de Procedimiento en Materia Penal de la Nación, aplicable al caso, sino también del vigente Código Procesal Penal de la Nación".
También expresa que lo peticionado por los representantes del Ministerio Público Fiscal puede ser concretado "sin afectar en lo más mínimo lo resuelto por el magistrado instructor" y agrega que, en todo caso, el pedido "resultará inconducente si finalmente adquiere firmeza la declaración de prescripción de la acción penal".
Por su parte, el juez Carrillo planteó en su voto que el juez "debió pronunciarse por sí o por no, en vez de negarse a hacerlo alegando equivocadamente haber perdido jurisdicción".
Los tres magistrados ordenaron al juez que "sin dilaciones" se expida sobre las peticiones y provea "de inmediato las medidas requeridas por el Ministerio Público Fiscal e inste su producción".
En base a ello, el juez Rodríguez, en una resolución del 17 de diciembre, hizo lugar a proveer las pruebas que había solicitado el fiscal. Entre aquellas medidas se encuentra la solicitud al Archivo General de la Provincia de Santa Fe los documentos redactados por la Comisión Investigadora del Banco de Santa Fe (SAPEM),
El fiscal había solicitado también citar a funcionarios del Banco Central de la República Argentina y requerir a esa institución cualquier acta donde se hayan tratado cuestiones relativas al Banco de Santa Fe.
El juez Rodríguez también habilitó que se envíen oficios a la Gobernación Provincial, a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe, a la Procuración Fiscal General ante la Corte de la Provincia y a la Obra Social del Personal de la UOM.
Finalmente, citó a prestar declaración testimonial al José Foscolo (por entonces Jefe del Departamento Administrativo Jurídico de la Gerencia General) y Felipe Castellanos (Subgerente Departamental y jefe de Asuntos Judiciales)
La causa
La reapertura de la causa por el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe efectuado entre 1979 y 1991 fue solicitada por el fiscal Rodríguez en octubre pasado.
El Área Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac colaboró y efectuó un análisis de las actuaciones. En base a ese estudio, Rodríguez solicitó la nulidad de una parte de la investigación "en razón de no haberse desarrollado el debido proceso legal" y por entender que estuvo fingida.
Según la Procelac, el proceso judicial llevado adelante en su momento no tuvo por objetivo lograr avance alguno en la investigación de los delitos denunciados, "sino todo lo contrario, promover la obstrucción de la justicia y la paralización de la causa penal por más de 15 años al punto de llevarla al estado de prescripción".
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