Las reservas fueron formuladas por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Rosario y Santa Fe. Sostienen que la iniciativa del gobierno se ubica "en un camino que conduce a la equiparación con el sistema de mayores".
Rosario 12 |
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe salió al cruce del proyecto oficial para reformular la justicia de menores, al que calificó de "importante retroceso", al violarse el "principio de especialidad". "La iniciativa del Poder Ejecutivo contradice inclusive otro importante instrumento que el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe ha suscripto e impulsado firmemente durante este año: las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. En definitiva, está en juego la definición de una política judicial para los jóvenes santafesinos que es uno de los sectores poblacionales prioritarios, todo en el marco de políticas sociales más amplias. Se trata de un sector poblacional titular de un plus de derechos que deben ser efectivizados y que el proyecto que pareciera impulsar el Poder Ejecutivo vulnera. El otro proyecto es del diputado Eduardo Toniolli, al que consideran "perfectible".
El gremio que reúne a los trabajadores de la justicia santafesina fijó posición luego de haber tomado estado público que el Poder Ejecutivo y el Legislativo impulsan sendos proyectos para transformar la actual "Justicia de Menores". "Habiendo tenido acceso al que ya tiene estado parlamentario (Toniolli) y a lo expuesto por funcionarios del Poder Ejecutivo, advertimos con gran preocupación que si bien el primero es perfectible, el segundo constituiría un importante retroceso en la provincia de Santa Fe", señalaron en un comunicado de prensa.
El gremio considera que este efecto negativo se origina en "varias razones. Entre ellas cabe subrayar que la lógica general del mismo viola abiertamente el constitucional Principio de Especialidad, propio y especifico de esta materia, y por ende presente en toda la normativa internacional del Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes. La iniciativa se ubica, evidentemente, en un camino que conduce a la equiparación con el sistema de mayores. Entendemos que no se trata de agregarle al sistema mayores detalles para adecuarlo al de los jóvenes, sino de afianzar la línea de especificidad propuesta por la Convención Internacional de los Derechos del Niño".
El texto señala luego que "la necesidad de un tratamiento diferente para los jóvenes radica justamente en su condición de persona en desarrollo. Por ello sólo una reforma que se centre en lo procesal penal, como se observa, y descuide el aspecto sustancial referido a la investigación interdisciplinaria y las consecuentes medidas de restitución de derechos (más conocidas como socioeducativas) reduce la cuestión a la garantía formal de derechos".
Para el Sindicato de Trabajadores Judiciales "el análisis de otras experiencias provinciales e inclusive internacionales muestran resultados de mayor prisionización y aplicación de condenas, situación que ya viene siendo revisada en profundidad por distintos especialistas e, inclusive, es uno de los motivos del próximo XIX Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y la Familia (Foz de Iguazú, 2014). Esta mirada judicial y sociojurídica diferenciada también debe estar plasmada en los funcionarios que desempeñen la tarea, fiscales y defensores, y equipos profesionales indefectiblemente judiciales y especializados en la materia, ambos requisitos indispensables".
El sindicato puntualiza en el documento que "entendemos que la entrada en vigencia del nuevo sistema penal de mayores provoca un desfasaje con el actual régimen de menores. Pero sabemos también que las decisiones apresuradas, sin consultas a los distintos actores expertos, a instituciones con importantes bagajes teórico?prácticos para aportar, y garantizar infraestructura ni recursos básicos producen consecuencias nefastas en el derecho al acceso a la Justicia".
Finalmente la organización gremial recuerda que "hemos estado comprometidos desde siempre con la vigencia de los Derechos Humanos, hace público su firme rechazo a esta iniciativa que se inscribe en el camino de las iniciativas, cuyo trasfondo neoliberal no se confiesa pero cuyas consecuencias en este caso son fácilmente pronosticables: la utilización represiva del poder penal para ocultar los conflictos sociales expresados en esta materia".
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