STA FE: Proponen solucionar el problema del déficit habitacional existente con cooperativas

Desde el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI)señalan que se deben plantear políticas públicas que promuevan la autogestión en la construcción de viviendas. Aseguran que planes como el Procrear no llegan a los sectores críticos.

 El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) surgió a fines de los 80 en la ciudad de Buenos Aires a partir de la necesidad de encontrar una solución habitacional para las personas que no tenían posibilidad de alquilar y mucho menos ser propietarios. Con el tiempo el MOI comienza a trabajar en la producción social autogestionaria del hábitat y en diferentes puntos del país el movimiento fue sembrando sus semillas.

En Santa Fe, un grupo de alumnos de la Facultad de Arquitectura venía elaborando ideas para encontrar soluciones al déficit habitacional. En ese camino conocieron la experiencia del MOI y decidieron sumarse a la iniciativa.

El viernes pasado, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL se iba a realizar el seminario Políticas Públicas y Producción Autogestionaria del Hábitat que finalmente se suspendió por cuestiones climáticas. Del mismo iban a participar Néstor Jeifetz, arquitecto que integra el equipo técnico del MOI en Buenos Aires, y Daniel de Souza, quien venía a contar la experiencia de la Federación Uruguaya de Vivienda por Ayuda Mutua.

Al momento de analizar las políticas públicas en materia habitacional en la Argentina, Jeifetz dijo: “Algo que es objetivo es que desde décadas a la fecha las políticas dominantes en hábitat es que están enmarcadas dentro de la lógica del negocio, de la producción empresarial. Nosotros creemos, como muchas organizaciones de Latinoamérica, que esas políticas tienen que desarrollarse como parte de la construcción de otra cultura y de otro horizonte estratégico de sociedad. Hay dos líneas para desarrollar y que son casi antagónicas con la lógica empresarial y que están enmarcadas en la producción de bienes de uso y no bienes de cambio. Una es la producción autogestionaria y la otra la producción estatal. Ambas tienen que tener esa característica básica que es que las necesidades del pueblo no deben ser base de negocios”.

“La temática del suelo es un eje central”, dijo Jeifetz y agregó: “En la ciudad de Buenos Aires para el cierre del presupuesto hubo acuerdos entre supuestos enemigos políticos para la reapropiación del patrimonio estatal para que sea transferido al negocio privado. Ahí hay retransferencias de tierras del Onabe (Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado), rezonificaciones para el negocio inmobiliario. Isla Demarchi es un ejemplo de cómo tierras del Estado, de una industria estratégica para el desarrollo nacional como la naval, con la excusa de armar un polo audiovisual, están visualizadas como la continuación de Puerto Madero”.

“Ésa fue y sigue siendo la lógica estructural. Puerto Madero, que fue suelo estatal, hoy es la tierra más cara del país. Ese patrimonio estatal fue regalado, transferido de forma subsidiada para el capital inmobiliario concentrado”, aseguró.

Para Jeifetz, “políticas de hábitat es hacia dónde van los recursos, de quién es el patrimonio, es definir si el modelo de producción es solidario o es empresarial, si los medios de producción están en manos colectivas de la gente trabajadora. Todo eso es lo que está en juego y que tiene un marco que tiene que ver con qué país y qué sociedad queremos”.

El arquitecto explicó que el modelo autogestionario, en primer lugar, es un cambio de cultura. “Eso implica cambiar el modelo asistencial del «que me den» y pasar a una cultura de construir y no delegar, a tener procesos de apropiación, administración, programación, diseño y ejecución colectiva. En la lógica empresarial ni la persona ni el grupo familiar existen. La producción autogestionaria es la visión antagónica, sino está la gente colectivamente organizada, no hay producción autogestionaria”, señaló.

“El plan Procrear –puntualizó– no toca a los sectores críticos, son los nuevos insumos para la ganancia empresarial y replica su lógica. La transferencia de bienes del Onabe y rezonificaciones tienen que ver con marcos de este programa individual y no colectivo. Todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda, pero hay estructuras de prioridades y este plan es una réplica de lo mismo: patrimonio estatal al servicio de intereses privados”.

Para Jeifetz, por el contrario, debe haber transferencia del Estado a las organizaciones de recursos, patrimonio estatal prioritado para la construcción de hábitat popular, la existencia de fondos basados en criterios de estructuras tributarias progresivas.

En este punto, De Souza asegura que la experiencia de la Federación Uruguaya de Vivienda por Ayuda Mutua sirve para ver que los beneficiarios pueden recibir los recursos y administrarlos exitosamente.
En 42 años de vida la federación acumuló el trabajo colectivo de más de 20.000 familias. La necesidad generada por el crecimiento demográfico en las ciudades, por la expulsión de la gente del campo, posibilitó en ese país forjar “una política de Estado que pronto se rompió con una política de gobierno”, explicó De Souza.

“Hasta ese momento –añadió– se contemplaban dos formas de producción del hábitat: la empresarial y la del Estado. No se contemplaba la construcción y la administración de los bienes y servicios por parte de la misma gente. Lo que innova la Ley Nacional de Viviendas, de 1968, en el Uruguay fue la creación de las cooperativas de viviendas, que permitió la autogestión, que los beneficiarios recibieran los recursos y que los administraran”.

En 2009, Elinor Ostrom obtuvo el premio Nobel de Economía por hacer un estudio profundo sobre la buena gestión de la gente de los recursos. Eso fue la base para que en el Foro Social Mundial Urbano, en Europa, reconocieran con el primer premio a la Federación Uruguaya de Vivienda por Ayuda Mutua. Es posible, demostrable y lógico que se aplique el sentido común. En América latina, el 70 por ciento de las viviendas es construida por su propia gente bajo la autogestión”, aseguró.

“Con todo esto se demuestra que si los recursos son transferidos a la gente, son bien administrados. En los 90 con las privatizaciones quisieron mostrar que lo privado era mejor que lo estatal y eso fracasó. El sentido común dice que nosotros vamos a cuidar lo nuestro mejor que nadie”, finalizó.