El senador Ricardo Kaufmann, autor de la norma que desde 2009 prohíbe la exportación de agua dulce, dijo que el Ejecutivo tiene un Ministerio de Aguas para poner en vigencia la medida.
En noviembre de 2008 Diario UNO dio a conocer que la empresa Makhena SA ofertaba por internet la exportación de agua dulce del Paraná. La publicación dio origen a un proyecto de ley elaborado por el senador del departamento Garay, Ricardo Kaufmann, quien consiguió que se prohíba exportar agua dulce desde la provincia de Santa Fe.
Desde diciembre de 2009 –la norma tuvo un año de tratamiento parlamentario– el Ejecutivo tenía 60 días para reglamentarla. Pasaron casi tres años y aún no hay novedades. “Hoy, esta ley no se está cumpliendo”, le dijo Kaufmann a Diario UNO y agregó: “El incumplimiento de las leyes por parte de los funcionarios públicos, se trate de quien se trate, está tipificado dentro de las normas penales. Pero no vamos a ser tan drásticos. En la última sesión del Senado volvimos a reiterar el pedido. Porque no quiero que la armonía que debe existir entre los poderes se tenga que dirimir mediante el uso de otro poder, el Judicial. Esto no es por una impaciencia mía, sino por una necesidad del pueblo santafesino y argentino”.
En ese sentido, Kaufmann recordó que la Constitución de 1994 establece que todos los recursos naturales pertenecen a las provincias y, por ende, a todos sus habitantes. “Esa ley se refiere al agua como un bien social porque es un recurso parcialmente renovable. Sólo el 3 por ciento de toda el agua del mundo es dulce”, argumentó.
“Hay una renuencia a reglamentar esta ley. Tal como sucedió cuando el proyecto pasó a Diputados, donde había mayoría oficialista, y fue modificada en algunos aspectos que pueden ser importantes. Pero lo importante fue efectivizar la soberanía sobre el agua y ser la primera provincia que lo hace”, señaló.
Al ser consultado sobre cuáles son los motivos por los que aún no se la reglamentó, el legislador dijo: “La ley es bastante clara en cuanto a lo que se necesita para ser reglamentada. Creo que es desidia o no hay interés en hacerlo. El gobierno tiene todo un Ministerio de Aguas con sus técnicos para poder hacerlo”.
“La ley, de hecho, es operativa. A partir de la denuncia del gremio de portuarios de la ciudad de San Lorenzo, la Universidad de Rosario hizo una denuncia para que se impida que los barcos que parten de esos puertos se lleven en sus bodegas el agua del Paraná. Según se sospecha, se está haciendo un negocio importante. Se llevan a granel el agua y la venden a países africanos o árabes”, dijo.
Luego añadió: “Después está el negocio de las embotelladoras a las que les sale un euro envasarla y en Europa se vende a 11 euros el litro. Eso está graficando el interés que existe por las fuentes de agua en nuestro país y, en particular, en Santa Fe”.
“La reglamentación debe establecer si se puede exportar. Se plantea que se necesita un permiso para exportar. Porque los argumentos de quienes se quieren llevar el agua es que total esa agua se va al mar y por eso es mejor aprovecharla. Si un recurso se tira, no es problema del país soberano”, expuso.
“Pero además –continuó– hay que ver cuáles son las necesidades de nuestro pueblo en materia de agua. Además, hay que ver qué parte se puede exportar y en qué momento. Estamos hablando de los barcos piratas que se llevan el agua. Pero también estamos hablando de las aguas subterráneas, los ríos que corren por debajo de la tierra y que, por lo tanto, y ésa es la importancia de esta ley, es que esas napas no son propiedad de quien posee la tierra, sino que tiene un derecho de uso, no de propiedad. Al ser un bien social, algo que hace a la vida, es importante que estos derechos se establezcan para que quienes vengan a usurparlos tengan una valla legal”.
—¿Sin la reglamentación de la ley esa valla no existe?
—Esa valla, hoy, no está. Si alguien quiere venir y llevarse el agua lo puede hacer y sin pagar nada. A quién se le va a ocurrir cobrar un tributo al agua. Es una injusticia que si se exporta el agua con un precio por litro superior al de la nafta no pague un tributo que quede en el lugar donde fue extraída. En el proyecto original eso estaba escrito. Lo recaudado tenía que volcarse a redes de agua potable, llevar el agua dulce por acueductos o canalizaciones a los lugares de la provincia que lo necesiten o a cloacas que mejoren el saneamiento de las mismas fuentes de agua.
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