NAC. Investigan a ex directivos de Loma Negra por delitos en la Dictadura

La causa se tramita en Azul. Es por el asesinato de un abogado que litigaba contra la empresa de Amalita Fortabat. Complicidad civil.

El Juzgado Federal Nº 1 de Azul investiga si los directivos de la empresa Loma Negra se valieron del aparato terrorista del Estado para asesinar a un abogado que litigaba contra la empresa en 1977.
En pleno apogeo de la dictadura de Jorge Rafael Videla, Carlos Moreno inició varios juicios contra la cementera por las condiciones insalubres de trabajo que padecían sus empleados.
En uno de esos litigios representó a Florencio Paniagua, que contrajo una enfermedad pulmonar por una sustancia que había en la cal llamada silicosis. Moreno logró que el 20 de abril de 1977 la empresa desembolsara un millón de pesos de ese entonces en compensación. Nueve días después lo secuestraron y luego apareció asesinado en La Plata.Sus familiares fueron a retirar su cuerpo a 2 y 53, en la capital provincial.
Por ese asesinato, la Justicia puso bajo la lupa a la comisión directiva de la empresa. “Una dictadura no se mantiene sólo a sangre y fuego sino con la complicidad de civiles. Loma Negra triplicó su patrimonio con los negocios que hizo con la dictadura”, contó a PERFIL Matías, el hijo de Moreno.

En rigor, la cementera fue proveedora para la construcción de las autopistas de Buenos Aires y para levantar los estadios de fútbol que se usaron para el Mundial de 1978. “Es la primera empresa denunciada por cartelización. El caso quedó frenado en la Corte Suprema”, contó Matías.

 

“Mi padre estuvo cuatro días en un centro clandestino de detención en Tandil. Nos llamaron para retirar su cuerpo desde La Plata. Estaba envuelto en una bandera del ejército argentino y nos pusieron la condición de que no fuera enterrado en Olavarría sino en La Plata”, precisó el hijo del abogado asesinado.

 

Loma Negra era en ese momento de Amalia Lacroze de Fortabat. Hoy, el fideicomiso que quedó luego de la venta a Camargo Correa es administrado por Alfonso Prat-Gay y la beneficiaria es la hija de Fortabat, María Inés de Lafuente. El Gobierno nacional se presentará en el caso como querellante: ya está en la causa la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.

 

El kirchnerismo propicia que se destape la complicidad civil en la dictadura. Ya inició una causa que investiga la compra de Papel Prensa, la planta que provee el papel para diarios, y puso bajo la lupa al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, y al de La Nación, Bartolomé Mitre.