El proyecto del Ejecutivo
provincial de reformar el sistema tributario con incrementos en ingresos
brutos y en el inmobiliario rural y urbano bajó a la arena empresaria
ayer durante una jornada organizada por la Fundación Libertad. El
secretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari, presentó la reforma
tributaria en la Fundación Libertad.
Allí debatieron cara a cara
funcionarios, técnicos y representantes de los sectores que sentirán en
primera persona los cambios propuestos por la administración socialista.
Si bien sobre algunos puntos hubo
consenso casi general, como en el atraso de las valuaciones del
inmobiliario rural, las nuevas puertas de entrada de ingresos brutos
sobre algunas actividades antes exentas, sobre todo la construcción de
viviendas, generaron posturas opuestas.
Sergio Beccari, el secretario de
Ingresos Públicos, reconoció que el acento de la reforma está puesto en
las revaluaciones de los inmobiliarios, con foco específico sobre el
rural. "Tenemos un problema estructural de pérdida de autonomía fiscal
que nos deja muy expuestos a los cambios de ciclo", subrayó.
Los sectores comerciales y de la
construcción fueron los que más virulentamente atacaron el proyecto
oficial. "Las necesidades urgentes de la provincia vienen a modificar
toda planificación de largo plazo", dijo Enrique Escurridor, de la
agencia de viajes Le Rondini, para quien los aumentos en ingresos brutos
provocan en los comerciantes una sensación "de no querer crecer", ya
que a más ventas, mayores cargas.
Por el lado de los constructores, el
que llevó la voz cantante fue Mario Ulanovsky, ex presidente de la
Asociación de Empresarios de la Vivienda, quien dijo que los nuevos
tributos pueden afectar muy seriamente al punto de repercutir sobre el
nivel de actividad y de empleo. "Los privados construimos más que el
Estado sin créditos ni ayuda de ningún tipo, con permanentes cambios de
normas, sin escuelas de oficios y a partir de ahora sin el único
beneficio que teníamos, que era la exención de ingresos brutos".
Ulanovsky afirmó que si bien usualmente
se dice que el sector está exento del tributo, eso no es así ya que
paga sellos "dos veces", con el boleto de compraventa y en el momento de
escriturar". Si a ese doble tributo le agregamos ingresos brutos,
resulta que pagaremos a la provincia alrededor de un 5,4 por ciento, una
enormidad". Y si a eso se le suma que existe un efecto cascada donde
cada eslabón de la cadena paga, la sumatoria de impuestos y sellados
puede alcanzar el 9 por ciento, "una barbaridad".
Beccari aclaró que se gravará la
construcción de inmuebles —que hoy no paga nada— en base a la capacidad
contributiva de cada firma. En ese sentido, explicó que se busca cierto
equilibrio ya que no pagarán la obra pública, ni las empresas
santafesinas que facturen menos de 1,5 millón de pesos por año. Según el
funcionario, entre las razones que llevaron al Ejecutivo a proponer
gravar esa actividad figura el hecho de que el 2,5 por ciento "no afecta
a las ventas", que son en todos los casos "por fuertes sumas".
En el caso del inmobiliario rural, la
posta fue tomada por el director de Catastro, Horacio Palavecino, quien
resaltó que la actual valuación data de 1974 y que se actualizó en el 96
pero con un coeficiente uniforme. "Esto no respeta la realidad, por eso
nuestra propuesta pasa por actualizar las valuaciones fiscales en
función de los valores de mercado", dijo.
En pie de guerra
Los ruralistas bonaerenses nucleados en
Carbap y la SRA convocaron a un cese de comercialización de granos y de
ganado por 96 horas en toda la provincia de Buenos Aires, en rechazo al
aumento del impuesto inmobiliario rural propuesto por el gobierno de
Daniel Scioli. La medida comenzará a regir el próximo jueves.
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