El diputado nacional Antonio
Riestra participó de la sesión que resolvió la expropiación del 51% de
las acciones de YPF. Advirtió que muchas concesiones hidrocarburíferas
se encuentran en territorio indígena provocando desalojos y conflictos
ambientales y sociales. “Es fundamental el respeto a los derechos de los
territorios comunitarios afectados por la explotación petrolera, ya que
en las últimas décadas, el Estado Provincial y Federal no garantizaron
estos derechos”, sostuvo el legislador de PARES.
Como presidente de la Comisión de Población, AntonioRiestra, se
refirió a la Leyaprobada sobre expropiación de YPF, al respecto dijo que
“vemos conpreocupación que la Leyaprobada ayer nada dice sobre el
cuidado del ambiente y el respeto por losterritorios indígenas, en las
diferentes etapas de la actividad extractiva”.
Riestra detallo que “en el artículo 3° seenumeran los principios de
la política hidrocarburífera de la República Argentina,creemos que el
cuidado del ambiente, la sustentabilidad en todas las etapas dela
extracción de hidrocarburos, debe ser uno de ellos. Sin embargo la Ley
no lo menciona. Muchas delas concesiones hidrocarburíferas se encuentran
en territorio indígena, lospueblos originarios reclaman que se exprese
en el texto de la Ley el respeto a los derechos de los
territorioscomunitarios, esta preocupación es central para las
comunidades afectadas porla explotación petrolera ya que en las últimas
décadas, el Estado Provincial yFederal no garantizaron sus derechos,
produciendo desalojos y conflictosambientales y sociales”.
Asimismo el Diputado solicitó “que seincluya entre los principios
enumerados en el artículo 3° la explotaciónsustentable, ambientalmente
responsable y respetuosa de las comunidades cercanas a los
yacimientos,garantizando el cumplimiento del convenio 169 de la OIT
respecto de territorios ycomunidades indígenas”.
“Tanto en el debate como en el texto delproyecto se privilegió la
cuestión económica en desmedro de abordajesambientales y sociales. Para
obtener el autoabastecimiento como se plantea en la Ley parece
quererrecurrirse a los yacimientos noconvencionales, lo que generará un
escenario de profundo riesgo ambiental ysocial para gran parte del
país, como lo demuestra la experiencia internacional.Las actividades
extractivas de este tipo representan y generan en la actualidadgrandes
costos ambientales y sociales. Laexplotación de yacimientos no
convencionales requiere de procesos enormementecontaminantes (Agencia
de ProtecciónAmbiental –EPA- de EEUU).”
“Creemos que una mayor participación estatalen la actividad debe
asegurar elcumplimiento de la Constitución Nacional, garantizando los
derechos de lospobladores a un ambiente sano y de lospueblos
originarios sobre los territorios que tradicionalmente ocupan,
derechosque las empresas transnacionales del sector vienen vulnerando y
desconociendoen nuestro país” concluyó Riestra.
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