El Tribunal Oral Federal revocó
la prisión domiciliaria de Ramón Genaro Díaz Bessone y ordenó que quede
detenido en la Policía Federal de Rosario, donde deberá asistir a las
audiencias que se reanudan el martes en la causa que lleva su nombre.
El Tribunal Federal Oral número 2 revocó la prisión
domiciliaria del principal imputado de la causa por crímenes de lesa
humanidad, Ramón Genaro Díaz Bessone, y dispuso que sea trasladado a la
Policía Federal de Rosario, a partir de un pedido de los fiscales de la
causa Díaz Bessone, Gonzalo Stara y Mario Gambacorta, que fue adelantado
por Rosario/12. El imputado será trasladado del Hospital Militar
Central de Buenos Aires a las dependencias de la Policía Federal para
así garantizar su presencia en las audiencias de debate de la causa que
lleva su nombre, que se reanudarán el martes.
Los fiscales basaron su requerimiento en que Díaz Bessone incumplió
con las reglas impuestas al concederse la prisión domiciliaria, como era
comunicar de manera inmediata cualquier modificación del domicilio
fijado como lugar de cumplimiento de la prisión preventiva que pesa
sobre el mismo. "El contrato de alquiler del domicilio fijado por Díaz
Bessone fue rescindido el 4 de diciembre y la defensa comunicó esta
situación pasados 25 días, sólo después de que las autoridades
provinciales constataran que en dicho lugar residía otra persona",
indicó el escrito presentado por los fiscales.
En su presentación, la Fiscalía afirmó que el principio general "es que las penas de prisión deben cumplirse en establecimientos penitenciarios. La prisión domiciliaria configura una excepción a esta regla, que sin dudas y dadas las características de estos acontecimientos y la naturaleza de los hechos por los que está siendo juzgado Díaz Bessone, deben ser aplicados en forma restrictiva y con suma prudencia por el Tribunal dada la alarma social que pudieren generar y la violación de compromisos internacionalmente asumidos por nuestra Nación en materia de delitos de lesa humanidad".
En este caso, el Tribunal entendió que asistía razón a la fiscalía en cuanto a la falta de oportuna comunicación por parte del imputado de la rescisión del contrato de locación del único inmueble fijado para cumplir la prisión domiciliaria impuesta. Sin embargo, los magistrados consideraron que "la omisión incurrida no derivó en mayores consecuencias". Aún así, Beatriz Baravani de Cavallero, Jorge Venegas Echagüe y Otmar Paulucci resaltaron la gravedad del incumplimiento.
Consultado por Rosario/12, Stara manifestó que "dada la envergadura de los crímenes por los cuales se juzga a Díaz Bessone y el incumplimiento de las obligaciones procesales que pesan sobre el principal acusado, la resolución del tribunal garantiza la realización del juicio y transmite un claro mensaje a las víctimas, ajustándose a los standards fijados en materia de libertad por la CSJN para los casos de delitos de lesa humanidad".
Díaz Bessone había solicitado en noviembre pasado --cuando se realizaban las audiencias orales y públicas-- ser hospitalizado en el Hospital Central Militar para ser asistido por un accidente cerebro vascular. En ese momento, los fiscales se opusieron sosteniendo que "en Rosario existen institutos perfectamente equipados para la atención del interesado". A pesar de esto, el tribunal permitió el traslado por lo cual la pericia para determinar su estado general de salud se realizó en aquel centro asistencial de Buenos Aires. La defensa de Díaz Bessone sostenía que el imputado no se encontraba en condiciones de estar presente en las audiencias orales, por lo cual pidió que se desvincule al principal imputado y que la causa continúe respecto de los otros.
La pericia médica dictaminó en forma unánime que Díaz Bessone se encontraba psíquicamente en condiciones de asistir a las audiencias.
Finalmente, el Hospital Militar determinó el alta del imputado. Durante la última semana hábil del año el tribunal ordenó el traslado de Díaz Bessone al domicilio donde cumple prisión domiciliaria en Rosario. Y esto se dispuso a pesar de que la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe constatara -en los controles de rutina- que en el domicilio atribuido a Díaz Bessone se encontraba otra persona, quien aseguró ser el nuevo inquilino.
En su presentación, la Fiscalía afirmó que el principio general "es que las penas de prisión deben cumplirse en establecimientos penitenciarios. La prisión domiciliaria configura una excepción a esta regla, que sin dudas y dadas las características de estos acontecimientos y la naturaleza de los hechos por los que está siendo juzgado Díaz Bessone, deben ser aplicados en forma restrictiva y con suma prudencia por el Tribunal dada la alarma social que pudieren generar y la violación de compromisos internacionalmente asumidos por nuestra Nación en materia de delitos de lesa humanidad".
En este caso, el Tribunal entendió que asistía razón a la fiscalía en cuanto a la falta de oportuna comunicación por parte del imputado de la rescisión del contrato de locación del único inmueble fijado para cumplir la prisión domiciliaria impuesta. Sin embargo, los magistrados consideraron que "la omisión incurrida no derivó en mayores consecuencias". Aún así, Beatriz Baravani de Cavallero, Jorge Venegas Echagüe y Otmar Paulucci resaltaron la gravedad del incumplimiento.
Consultado por Rosario/12, Stara manifestó que "dada la envergadura de los crímenes por los cuales se juzga a Díaz Bessone y el incumplimiento de las obligaciones procesales que pesan sobre el principal acusado, la resolución del tribunal garantiza la realización del juicio y transmite un claro mensaje a las víctimas, ajustándose a los standards fijados en materia de libertad por la CSJN para los casos de delitos de lesa humanidad".
Díaz Bessone había solicitado en noviembre pasado --cuando se realizaban las audiencias orales y públicas-- ser hospitalizado en el Hospital Central Militar para ser asistido por un accidente cerebro vascular. En ese momento, los fiscales se opusieron sosteniendo que "en Rosario existen institutos perfectamente equipados para la atención del interesado". A pesar de esto, el tribunal permitió el traslado por lo cual la pericia para determinar su estado general de salud se realizó en aquel centro asistencial de Buenos Aires. La defensa de Díaz Bessone sostenía que el imputado no se encontraba en condiciones de estar presente en las audiencias orales, por lo cual pidió que se desvincule al principal imputado y que la causa continúe respecto de los otros.
La pericia médica dictaminó en forma unánime que Díaz Bessone se encontraba psíquicamente en condiciones de asistir a las audiencias.
Finalmente, el Hospital Militar determinó el alta del imputado. Durante la última semana hábil del año el tribunal ordenó el traslado de Díaz Bessone al domicilio donde cumple prisión domiciliaria en Rosario. Y esto se dispuso a pesar de que la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe constatara -en los controles de rutina- que en el domicilio atribuido a Díaz Bessone se encontraba otra persona, quien aseguró ser el nuevo inquilino.
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