Elena Reynaga, fundadora de la
Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, se refirió al
asesinato de Sandra Cabrera. También habló del proyecto para regular el
trabajo sexual, de la trata de personas y de la prohibición del Rubro
59.
Elena Reynaga, la fundadora de la Asociación de Mujeres
Meretrices de la Argentina (Ammar), dialogó con Diario UNO a poco de
cumplirse el octavo aniversario del asesinato de Sandra Cabrera –una
trabajadora sexual que fue asesinada de un disparo en la nuca tras
denunciar hechos de corrupción en la policía– y de cara a un año que
señaló como central en cuanto a la posibilidad de conseguir un avance en
cuanto a sus condiciones de seguridad.
La ex secretaria general del gremio de las trabajadoras sexuales indicó que en los procedimientos contra la trata de personas se termina limitando la posibilidad laboral de las trabajadoras sexuales y, por eso, necesitan una legislación específica que regule su actividad y la proteja. Además remarcó que es necesario que se las sume a la lucha contra la trata pero garantizándoles seguridad al momento de denunciar.
Además remarcó que no es suficiente con lograr la derogación de los artículos que penalizan el trabajo sexual –Santa Fe lo hizo en abril de 2010– porque siguen teniendo problemas con las fuerzas de seguridad que buscan otros artículos para detenerlas o acosarlas.
Por otro lado, se refirió a las posturas de algunos grupos feministas que buscan abolir la prostitución –generando otras oportunidades laborales para esas mujeres– y al poco impacto que ha tenido la prohibición del Rubro 59 (de avisos de servicios de índole sexual) en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual.
—A ocho años del asesinato de Sandra Cabrera, ¿cómo están hoy las trabajadoras sexuales en Santa Fe?
—Muy mal. Hicimos una actividad en La Toma de Rosario, un grupo de compañeras de Capital fueron a Rosario y se encontraron, realmente, con cosas que pensábamos que ya estaban resueltas. Por ejemplo, las compañeras se quejan mucho con algunos dueños de lugares de la terminal que no la dejan tranquilas. Además nos enteramos que están cerrando algunos departamentos de compañeras con la excusa de que están haciendo procedimientos contra la trata de personas. Eso está pasando en todo el país. Se están mezclando, creo que intencionalmente, esas cuestiones.
Creo que hay mucho abuso de poder y no hay una intención de entender lo que Ammar viene diciendo que es que una cosa es la trata y otra el trabajo sexual de mujeres autónomas. Por eso necesitamos una legislación para nosotras. No alcanza con derogar los artículos que criminalizan el trabajo sexual en las provincias. Eso no garantiza que dejen de molestar a las compañeras porque las acosan y las llevan detenidas por averiguación de antecedentes. Siempre encuentran una excusa para molestar a las compañeras trabajadoras.
—Teniendo en cuenta que es muy difícil que las mujeres mayores de edad que están siendo sometidas por una red de trata de personas lleguen a pedir ayuda o a alertar a la policía sobre su situación, en general porque son amenazadas constantemente, es entendible que no siempre se pueda identificar quién está siendo obligada y quién no. ¿Cómo cree que eso podría evitarse?
—Nosotras nos hemos ofrecido con los ministerios de Justicia y de Seguridad y con algunas provincias para conformar una mesa de trabajo donde podamos participar. Una cosa es lo que saben algunos estudiosos desde la computadora sobre la trata y otra es lo que sabemos nosotras que la vivimos todos los días y conocemos muchas cosas. Pero, primero, necesitamos un espacio de confianza y protección para nosotras. Esto me hace volver al caso de Sandra. El haber denunciado a toda la plana de la Policía de la provincia de Santa Fe le costó la vida y eso quedó impune. Por eso necesitamos espacios donde haya una garantía de seguridad para que podamos aportar para disminuir la trata de personas. Pero también necesitamos un compromiso político en serio para resolver una legislación que contemple a todas las mujeres mayores de edad que nos consideramos trabajadoras sexuales.
—¿Creés que en algún momento se logrará justicia por el asesinato de Sandra Cabrera?
—Sí, porque nosotras no nos olvidamos. Es más, en la actividad que hicimos en Rosario se presentaron muchas compañeras que ya no están actividad y saben cosas que no se animan a decir porque el miedo las paraliza. Entonces si hubiesen garantizado la protección al testigo y hubiesen querido saber quién mató a Sandra y por qué lo hicieron, lo primero que tendrían que haber hecho es dar la garantía para las compañeras que saben y tienen mucho miedo de hablar. El entonces gobernador, (Jorge) Obeid hizo muchas promesas que no cumplió con nosotras. La muerte de una persona se debe investigar sin importar la actividad que ejercía, pero todavía hoy pesan los prejuicios.
Una ley para protegerse
Reynaga sostuvo que Ammar trabaja en la elaboración de un proyecto de ley que presentarán este año en el Congreso de la Nación para buscar crear un marco normativo que les permita ser reconocidas como trabajadoras y acceder a ciertos beneficios y seguridades. Además, se refirió a las posturas de algunos grupos feministas que sostienen la necesidad de abolir todo tipo de trabajo sexual, en consonancia con pactos internacionales a los que la Argentina ha adherido. Cabe destacar que esos grupos no intentan criminalizar a las trabajadoras sexuales sino que exigen al Gobierno la creación de oportunidades para que esas mujeres puedan encontrar su sustento en otros trabajos.
“Como vemos que ningún diputado o diputada se ha acercado a preguntarnos qué es lo que queremos, tomamos la iniciativa de elaborar nosotras el proyecto. Yo pensé que, después del matrimonio igualitario y de la media sanción de la ley de identidad de género, lo nuestro iba a ser más fácil. Pero nos sorprendimos mucho con las respuestas de los diputados que se dicen los más progresistas”, indicó.
Y agregó: “Hemos armado una ley para regularizar el trabajo sexual en el ámbito nacional y la vamos a presentar este año pese a la resistencia que vemos en algunos sectores del Poder Legislativo. En caso de que no quieran firmar la ley, vamos a ir a la Justicia con un millón de firmas que estamos recolectando desde el año pasado para obligar a las Cámaras a tratar nuestro proyecto”.
—¿Qué implicaría esta regulación?
—En la Argentina, el ejercicio de la prostitución de personas mayores de edad y ejercido por voluntad propia no está penado pero tampoco hay una legislación que lo ampare. Entonces no nos pueden reconocer como sindicato, no se puede acceder a derechos y obligaciones laborales. Con la ley podremos jubilarnos o conformar cooperativas de trabajadoras sexuales, por ejemplo.
En ese sentido, mencionó que hay muchas trabajadoras que comparten un departamento y los gastos del mismo por lo que la ley les permitiría formar una cooperativa, sin jerarquías, que les daría un mayor respaldo legal y financiero.
—Hay grupos feministas que consideran que la Argentina debe cumplir con el pacto abolicionista (que establece la eliminación de la trata y la prostitución) y sostienen que la prostitución libre no existe porque una mujer que la ejerce elegiría otro trabajo si tuviera la oportunidad...
—El proyecto no va en contra de ningún pacto o ley. Y nosotras no vendemos el cuerpo sino un servicio. Me parece que es tiempo de dejarnos decidir por nosotras mismas. Nosotras somos parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito donde una de las consignas es “Mi cuerpo es mío”. Por lo tanto, a esos grupos les pregunto: ¿por qué las trabajadoras sexuales no tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y las demás tienen que opinar?
El Rubro 59
Por último, Reynaga se refirió a la prohibición del Rubro 59 –como se conoce al espacio de los clasificados en el que se publicaba la oferta de servicios sexuales– y destacó que algunos medios han disfrazado esos avisos en otros rubros. Además indicó que no ha sido una herramienta efectiva en la lucha contra la trata.
“Creo que lo del Rubro 59 fue una pelea contra un grupo. Nadie puede creer que por erradicar un rubro se va a eliminar la trata de personas. Se ve que ya se las ingeniaron para disfrazar la publicidad”, marcó y siguió: “Deberían habernos convocados para pensar juntos cómo elaborar un protocolo para que las chicas puedan publicar. Nosotros no estábamos de acuerdo de la manera en que las compañeras publicaban porque era demasiado explícito y porque atentaban contra la salud cuando decían «sin forrito». Creo que nos podrían haber consultado porque se hizo mucho daño con eso porque se le limita la libertad de trabajo a quienes trabajaban en sus departamentos. Las prohibiciones han atentado siempre contra nuestros derechos y no han solucionado nada”.
La ex secretaria general del gremio de las trabajadoras sexuales indicó que en los procedimientos contra la trata de personas se termina limitando la posibilidad laboral de las trabajadoras sexuales y, por eso, necesitan una legislación específica que regule su actividad y la proteja. Además remarcó que es necesario que se las sume a la lucha contra la trata pero garantizándoles seguridad al momento de denunciar.
Además remarcó que no es suficiente con lograr la derogación de los artículos que penalizan el trabajo sexual –Santa Fe lo hizo en abril de 2010– porque siguen teniendo problemas con las fuerzas de seguridad que buscan otros artículos para detenerlas o acosarlas.
Por otro lado, se refirió a las posturas de algunos grupos feministas que buscan abolir la prostitución –generando otras oportunidades laborales para esas mujeres– y al poco impacto que ha tenido la prohibición del Rubro 59 (de avisos de servicios de índole sexual) en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual.
—A ocho años del asesinato de Sandra Cabrera, ¿cómo están hoy las trabajadoras sexuales en Santa Fe?
—Muy mal. Hicimos una actividad en La Toma de Rosario, un grupo de compañeras de Capital fueron a Rosario y se encontraron, realmente, con cosas que pensábamos que ya estaban resueltas. Por ejemplo, las compañeras se quejan mucho con algunos dueños de lugares de la terminal que no la dejan tranquilas. Además nos enteramos que están cerrando algunos departamentos de compañeras con la excusa de que están haciendo procedimientos contra la trata de personas. Eso está pasando en todo el país. Se están mezclando, creo que intencionalmente, esas cuestiones.
Creo que hay mucho abuso de poder y no hay una intención de entender lo que Ammar viene diciendo que es que una cosa es la trata y otra el trabajo sexual de mujeres autónomas. Por eso necesitamos una legislación para nosotras. No alcanza con derogar los artículos que criminalizan el trabajo sexual en las provincias. Eso no garantiza que dejen de molestar a las compañeras porque las acosan y las llevan detenidas por averiguación de antecedentes. Siempre encuentran una excusa para molestar a las compañeras trabajadoras.
—Teniendo en cuenta que es muy difícil que las mujeres mayores de edad que están siendo sometidas por una red de trata de personas lleguen a pedir ayuda o a alertar a la policía sobre su situación, en general porque son amenazadas constantemente, es entendible que no siempre se pueda identificar quién está siendo obligada y quién no. ¿Cómo cree que eso podría evitarse?
—Nosotras nos hemos ofrecido con los ministerios de Justicia y de Seguridad y con algunas provincias para conformar una mesa de trabajo donde podamos participar. Una cosa es lo que saben algunos estudiosos desde la computadora sobre la trata y otra es lo que sabemos nosotras que la vivimos todos los días y conocemos muchas cosas. Pero, primero, necesitamos un espacio de confianza y protección para nosotras. Esto me hace volver al caso de Sandra. El haber denunciado a toda la plana de la Policía de la provincia de Santa Fe le costó la vida y eso quedó impune. Por eso necesitamos espacios donde haya una garantía de seguridad para que podamos aportar para disminuir la trata de personas. Pero también necesitamos un compromiso político en serio para resolver una legislación que contemple a todas las mujeres mayores de edad que nos consideramos trabajadoras sexuales.
—¿Creés que en algún momento se logrará justicia por el asesinato de Sandra Cabrera?
—Sí, porque nosotras no nos olvidamos. Es más, en la actividad que hicimos en Rosario se presentaron muchas compañeras que ya no están actividad y saben cosas que no se animan a decir porque el miedo las paraliza. Entonces si hubiesen garantizado la protección al testigo y hubiesen querido saber quién mató a Sandra y por qué lo hicieron, lo primero que tendrían que haber hecho es dar la garantía para las compañeras que saben y tienen mucho miedo de hablar. El entonces gobernador, (Jorge) Obeid hizo muchas promesas que no cumplió con nosotras. La muerte de una persona se debe investigar sin importar la actividad que ejercía, pero todavía hoy pesan los prejuicios.
Una ley para protegerse
Reynaga sostuvo que Ammar trabaja en la elaboración de un proyecto de ley que presentarán este año en el Congreso de la Nación para buscar crear un marco normativo que les permita ser reconocidas como trabajadoras y acceder a ciertos beneficios y seguridades. Además, se refirió a las posturas de algunos grupos feministas que sostienen la necesidad de abolir todo tipo de trabajo sexual, en consonancia con pactos internacionales a los que la Argentina ha adherido. Cabe destacar que esos grupos no intentan criminalizar a las trabajadoras sexuales sino que exigen al Gobierno la creación de oportunidades para que esas mujeres puedan encontrar su sustento en otros trabajos.
“Como vemos que ningún diputado o diputada se ha acercado a preguntarnos qué es lo que queremos, tomamos la iniciativa de elaborar nosotras el proyecto. Yo pensé que, después del matrimonio igualitario y de la media sanción de la ley de identidad de género, lo nuestro iba a ser más fácil. Pero nos sorprendimos mucho con las respuestas de los diputados que se dicen los más progresistas”, indicó.
Y agregó: “Hemos armado una ley para regularizar el trabajo sexual en el ámbito nacional y la vamos a presentar este año pese a la resistencia que vemos en algunos sectores del Poder Legislativo. En caso de que no quieran firmar la ley, vamos a ir a la Justicia con un millón de firmas que estamos recolectando desde el año pasado para obligar a las Cámaras a tratar nuestro proyecto”.
—¿Qué implicaría esta regulación?
—En la Argentina, el ejercicio de la prostitución de personas mayores de edad y ejercido por voluntad propia no está penado pero tampoco hay una legislación que lo ampare. Entonces no nos pueden reconocer como sindicato, no se puede acceder a derechos y obligaciones laborales. Con la ley podremos jubilarnos o conformar cooperativas de trabajadoras sexuales, por ejemplo.
En ese sentido, mencionó que hay muchas trabajadoras que comparten un departamento y los gastos del mismo por lo que la ley les permitiría formar una cooperativa, sin jerarquías, que les daría un mayor respaldo legal y financiero.
—Hay grupos feministas que consideran que la Argentina debe cumplir con el pacto abolicionista (que establece la eliminación de la trata y la prostitución) y sostienen que la prostitución libre no existe porque una mujer que la ejerce elegiría otro trabajo si tuviera la oportunidad...
—El proyecto no va en contra de ningún pacto o ley. Y nosotras no vendemos el cuerpo sino un servicio. Me parece que es tiempo de dejarnos decidir por nosotras mismas. Nosotras somos parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito donde una de las consignas es “Mi cuerpo es mío”. Por lo tanto, a esos grupos les pregunto: ¿por qué las trabajadoras sexuales no tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y las demás tienen que opinar?
El Rubro 59
Por último, Reynaga se refirió a la prohibición del Rubro 59 –como se conoce al espacio de los clasificados en el que se publicaba la oferta de servicios sexuales– y destacó que algunos medios han disfrazado esos avisos en otros rubros. Además indicó que no ha sido una herramienta efectiva en la lucha contra la trata.
“Creo que lo del Rubro 59 fue una pelea contra un grupo. Nadie puede creer que por erradicar un rubro se va a eliminar la trata de personas. Se ve que ya se las ingeniaron para disfrazar la publicidad”, marcó y siguió: “Deberían habernos convocados para pensar juntos cómo elaborar un protocolo para que las chicas puedan publicar. Nosotros no estábamos de acuerdo de la manera en que las compañeras publicaban porque era demasiado explícito y porque atentaban contra la salud cuando decían «sin forrito». Creo que nos podrían haber consultado porque se hizo mucho daño con eso porque se le limita la libertad de trabajo a quienes trabajaban en sus departamentos. Las prohibiciones han atentado siempre contra nuestros derechos y no han solucionado nada”.
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