El juez Sebastián Casanello le pidió a Vialidad que realice un revelamiento de toda la maquinara que le fue secuestrada a la empresa Austral Construcciones, para determinar si es posible utilizarla, por ejemplo, para finalizar rutas en construcción.
Télam |
El juez federal Sebastián Casanello le pidió hoy a la Dirección Nacional de Vialidad que realice un revelamiento de toda la maquinara que le fue secuestrada a la empresa Austral Construcciones, del detenido Lázaro Báez, para determinar si es posible utilizarla, por ejemplo, para finalizar rutas en construcción, como las que incluía la obra pública que se le adjudicaba durante el gobierno kirchnerista.
Fuentes judiciales informaron a Télam que el magistrado le encomendó al organismo nacional la tarea de relevar cada una de las maquinas incautadas, determinar su estado de conservación y sus posibilidades de uso, antes de responder a quienes pidieron ser considerados como eventuales depositarios.
La propia Vialidad Nacional había solicitado ser considerada como una eventual depositaria de esas maquinarias con la excusa de que serían útiles para terminar de obras viales que quedaron inconclusas.
El Ministerio de Defensa también también había pedido ser considerado para disponer de las maquinarias secuestradas a la empresa del detenido Lázaro Báez, dado que el Ejército las podría utilizar en obras para las provincias afectadas por inundaciones y para el Plan Belgrano.
Tanto Vialidad como Defensa le aseguraron al juez que disponen de los talleres y el personal necesario para poder hacer buen uso de las maquinarias que también fueron solicitadas por las intendencias de Rio Gallegos (Santa Cruz), General Pico (La Pampa) e Isla Verde (Córdoba).
El juzgado ya tiene en su poder un informe elaborado por los veedores de la AFIP con el detalle de la maquinaria incautada y su localización, pero para esta etapa del proceso solicitó un estudio relacionado con su estado conservación.
El empresario Lázaro Báez se encuentra procesado y detenido por dos hechos que pueden resumirse en la fuga de capitales al extranjero y el intento de re introducirlos ("blanquearlos") al sistema financiero. Esos dos hechos sumarían un total de 38 millones de dólares.
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