El peronismo anunció que insistirá con la ley contra los despidos, pero no alcanza los dos tercios de la Cámara de Diputados para hacerlo. Los sindicatos definen si habrá nuevas protestas.
Este viernes, luego de que se anunciara el freno a la ley, el peronismo anunció que recurrirá a la Insistencia Parlamentaria, una herramienta constitucional que permite al Poder Legislativo intentar revertir el veto del Ejecutivo.
"Vamos a intentar ratificar la ley contra el veto. Necesitamos los dos tercios de ambas cámaras", anunció este viernes el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, Héctor Recalde.
El anuncio parece más una expresión de deseo que una posibilidad verdadera si se toman en cuenta los números logrados por la oposición este jueves en la votación de la ley. La normativa fue aprobada por 147 votos a favor, 3 en contra y 88 abstenciones. Hubo además 19 ausentes.
La tarea parece hoy casi imposible. Para alcanzar el número necesario, el kirchnerismo, el Bloque Justicialista de Diego Bossio, el massismo y la izquierda deberán no sólo cosechar el apoyo de los 19 ausentes (entre quienes se encuentran oficialistas como Elisa Carrió o Eduardo Costa), sino también lograr que cambien de opinión al menos cuatro de los legisladores que se abstuvieron o votar en contra de la norma.
En el Senado, los números son más favorables, pero el objetivo tampoco será sencillo. Semanas atrás, el cepo laboral fue aprobado por 48 votos a favor y 16 en contra, con 8 ausentes. Para reunir los dos tercios de la Cámara, sería necesario volver a juntar el voto de esas 48 bancas.
Este martes, el jefe del bloque PJ-FpV, Miguel Ángel Pichetto, adelantó que no será tan sencillo volver a lograr esa cifra. "Yo no puedo hablar por los 48 senadores que votaron a favor del proyecto enviado a Diputados", dijo, cuando fue consultado acerca de la posibilidad de que la Cámara insistiese con el proyecto.
Qué es la Insistencia Parlamentaria
Según establece el artículo 83 de la Constitución, para apelar a la Insistencia Parlamentaria la oposición debe reunir dos tercios de los votos tanto en Diputados como en el Senado. Si lo hacen, la ley en cuestión quedará automáticamente promulgada.
Dicho artículo aclara: "Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año".
¿Paro o no paro?
Obstaculizada la Insistencia Parlamentaria, los ojos están puestos en lo que hará el sindicalismo. Tras la multitudinaria marcha por el Día del Trabajador, la intensidad de las protestas de los gremios que responden a las tres CGT comenzó a diluirse. Casualidad o no, en el intento de sesión especial del jueves de la semana pasada no estuvieron ni los tres diputados que responden a Hugo Moyano ni el metalúrgico Abel Furlán, aliado incondicional a Antonio Caló.
Quienes ya anticiparon que irán al paro fueron las CTA de Pablo Micheli y Hugo Yasky. Las dos centrales sindicales están a la espera de que las CGT de Moyano, Caló y Luis Barrionuevo definan sus propios pasos a seguir para definir su unifican protestas o continúan por su lado.
Este viernes, Moyano y su ladero Omar Plaini rechazaron el veto presidencial y dijeron que la decisión de Mauricio Macri "no fue más que lo ya visto, es decir, decidir por sí mismo lo que está bien o mal".
Los secretarios general y de Prensa de la CGT Azopardo, destacaron la actitud del Senado, que "entendió" de forma rápida "el reclamo gremial y el temor de los trabajadores y, con rapidez y coherencia, sus integrantes votaron de manera mayoritaria el proyecto de ley de defensa del empleo".
Para Moyano y Plaini, "el veto presidencial a la Ley de Emergencia Ocupacional, que procuró defender de forma irrestricta los puestos de trabajo, no fue más que lo ya visto, es decir, decidir por sí mismo lo que está bien o mal, desoír al pueblo y a sus representantes políticos, sociales o sindicales".
La CGT Azopardo lamentó la anulación de la norma por parte de Macri, y subrayó que "el problema del empleo amerita soluciones rápidas y sensatas, sin mezquindades y con el objetivo de ayudar a quienes más indefensos están ante la determinación de empresarios que privilegian su propio afán de lucro antes que su responsabilidad social".
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