El proceso investiga la responsabilidad de autoridades y profesionales del Iturraspe y del Hospital Regional de Vera. Sólo falta la resolución del juez para que el expediente se eleve a juicio.
De esta forma, el Tribunal determinó el avance del expediente, que entrará a etapa de Sentencia una vez que el juez firme la elevación a juicio.
El caso
Ana María Acevedo tenía 19 años y ya era madre de tres hijos cuando concurrió al Hospital de Vera por un malestar dental. El 9 de mayo de 2006 comenzó su peregrinar en busca de salud. En octubre de ese año le detectaron en el Iturraspe un tumor maxilar y en diciembre de ese año se conoció que estaba embarazada.
Por su estado de preñez, directivos y profesionales de ambos nosocomios le negaron el tratamiento oncológico que necesitaba, como también el aborto terapéutico al que tenía derecho, al estar contemplado su caso en el Código Penal Argentino (“el aborto no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre”, dice en su artículo 86). A raíz de todo ello, la humilde joven oriunda del norte provincial terminó falleciendo en el efector santafesino el 17 de mayo de 2007, junto a su bebé.
La causa penal se inició días después, ante la denuncia interpuesta por los padres de Ana María. Las abogadas Mirtha Manzur, Paula Condrac y Lucila Puyol, de la Multisectoral de Mujeres, se constituyeron como actoras civiles en representación de los demandantes.
En junio de 2008, el juez en lo Correccional Eduardo Pocoví resolvió procesar al director del Hospital Iturraspe Andrés Ellena y a los jefes de los servicios de Oncología y Ginecología del nosocomio, César Blajman y Raúl Musacchio, respectivamente, por
los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. Con esta última imputación resultaron también procesados el radioterapeuta de ese mismo efector, Jorge Venanzi; la titular del Hospital de Vera Sandra Barbieri y José Manuel García, integrante del Consejo de Administración de ese último.
Desde entonces, el expediente espera sentencia. La negativa a la apelación del pedido de elevación a juicio representa un avance en ese sentido. Por ello, desde la parte demandante manifestaron su satisfacción por la resolución judicial.
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