Defensa. Barraguirre era fiscal de Estado al momento de iniciarse la demanda.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la detracción de fondos coparticipables que hacía el Gobierno Nacional en detrimento de Santa Fe fue celebrado por todo el Ejecutivo provincial. Sin embargo, en la sesión del jueves pasado el diputado del Frente Para la Victoria (Movimiento Evita) consiguió que la Cámara baja apruebe un pedido de informes donde se solicita al Ejecutivo que brinde los detalles de cuánto dinero le costó a la provincia contratar los dos estudios jurídicos, el de Gil Lavedra y el de Bouzat, que fueron los encargados de llevar adelante la demanda.
El primero que salió a responder es el actual procurador de la Corte Suprema de Justicia provincial, Jorge Barraguirre, quien al momento de iniciar el litigio (en la gestión de Hermes Binner) se desempeñaba como fiscal de Estado. En diálogo con Radio 2, Barraguirre confirmó que la provincia contrató a dos estudios privados para llevar adelante el juicio contra la Nación, pero negó que haya un acuerdo de cuota litis que les permita llevarse el 30% de los cerca de 25.000 millones de pesos que llegarían a las arcas locales. “Fue absolutamente limpia” la contratación, aseguró.
Además, defendió la utilización de abogados especializados para el trámite y señaló: “Habitualmente en las litigaciones ante la Corte se hace así por dos o tres razones: por la calidad que pueda recibir, por la capacidad al límite que pueda tener una Fiscalía de Estado como la nuestra, donde había más de cinco mil reclamos de policías, mil de agentes bancarios, seis mil de inundados; y después para un control y asistencia permanente”.
Por otra parte, Barraguirre dijo que no se hizo por licitación (“rara vez se hace”, definió) y que no tuvo observaciones en contra del Tribunal de Cuentas. Además de defender la transparencia de aquella decisión, el procurador negó que se haya establecido un porcentaje del total a cobrar por Santa Fe para pagarle a los dos estudios privados: el de Gil Lavedra y el de Bouzat. “Eso no está en absoluto previsto en la contratación, debe ser un error de interpretación o vaya saber de dónde sale”, afirmó en relación a los cuestionamientos del diputado Eduardo Toniolli.
Barraguirre aseguró: “Se pagó un adelanto, si mal no recuerdo es de 40 mil pesos mensuales durante dos años. Eso fue lo que se pagó, el resto de las cuestiones debe tener una regulación judicial”, dijo y aclaró que aún ni siquiera se conoce el monto final del dinero que va a percibir Santa Fe. “No está porque ni siquiera está liquidado”, agregó.
Barraguirre describió al fallo como una declaración de “inconstitucionalidad” de fondos que se quedaba la Nación y eran de la provincia pero “no se estableció cuánto es efectivamente lo que se debe, sino que mandó a las partes a negociar por 120 días”.
Los planteos de la oposición
El jueves pasado la Cámara de Diputados avaló un pedido de informe al Ejecutivo –presentado por Eduardo Toniolli– para conocer detalles de la contratación de los estudios jurídicos Bouzat, Rosenkrantz y Asociados y Gil Laavedra y Asociados, que llevaron adelante la demanda judicial contra la Nación. Concretamente se quiere saber “cuál fue el monto destinado en el presupuesto provincial para pagar los honorarios” de esos estudios jurídicos desde 2008 a la fecha, por llevar adelante el patrocinio de la provincia.
Además, se solicitó saber si en el contrato se pactó una “cuota litis o pacto de honorarios que establecería un porcentaje de los recursos líquidos que recibiría la provincia, en el caso de que la demanda prospere favorablemente”, lo que terminó sucediendo.
Por otra parte, Toniolli señaló: “La cuestión de fondo es que el sistema jubilatorio nacional necesita del aporte del 15% de la masa coparticipable (no solo conformada por aportes provinciales, sino también por aportes nacionales) para sostenerse. El argumento de una supuesta discriminación a tal o cual provincia no es válido, porque es una detracción al conjunto, que vuelve en beneficios para el conjunto de la población de manera automática”.
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