Este jueves, reunida la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a fin de dar despacho al proyecto de modificación de la ley 11.273 que regula el uso de agroquímicos en la provincia, el Centro de Protección a la Naturaleza (CeProNat) , como parte del colectivo Paren de Fumigarnos, realizó una presentación denunciando la inconstitucionalidad del proyecto empujado por las corporaciones agrarias y cámaras empresariales que fuera suscripto por la diputada Inés Bertero, presentado al solo efecto de competir y entorpecer la marcha de aquél propuesto por las poblaciones afectadas que presentara el diputado José María Tessa junto a otros diputados.
En efecto y por las razones que allí se exponen, la inciativa de la diputada oficialista no solo no mejora la protección de la población sino que la coloca en peor situación que la actual, regresándola a épocas anteriores a 1995.
Sospechamos que, habiendo sido redactado sin participación de las víctimas y solo con la de los empresarios y corporaciones agrarias, la razón de tal desatino obedece a la necesidad de flexibilizar aun más los controles a efectos de facilitar el uso de venenos más potentes por la inevitable aparición de hierbas e insectos resistentes, como era previsible.
El reciente pedido de la empresa MONSANTO de aprobación de una nueva soja transgénica resistente al herbicida DICAMBA es una prueba elocuente. Uno más dentro unos treinta transgénicos aprobados desde el desembarco de la primer "soja RR".
El proyecto "Bertero" servirá también para ocultar el fracaso del modelo de agricultura industrial inaugurado en 1996 que prometía reducir químicos y mejorar suelo, agua, aire y principalmente las condiciones sanitarias, que a 20 años vista solo puede mantenerse a costa de más y más químicos sintéticos para priorizar los negocios, cuyos residuos peligrosos soporta toda la población, en contra de claros presupuestos constitucionales.
La denuncia advierte que la aprobación de semejante proyecto también podría dejar expuestos a los diputados, aun con posterioridad a sus respectivos mandatos, por tratarse de acciones imprescriptibles que se vinculan con Derechos Humanos Básicos como la salud y la vida, los cuales están legalmente obligados a priorizar, por mandato constitucional.
La Comisión dispuso tomarse un tiempo para estudiar los argumentos y retomar su discusión en la próxima sesión.
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