Dentro de tres días se sabrá con mayor precisión cuándo y cómo murió el joven golpeado por patovicas a la salida de La Tienda y que apareció en el río Paraná. La querella avanza sobre la participación de policías en el ocultamiento del cuerpo. Sus compañeros de Parques y Paseos -donde trabajaba Pichón- se movilizarán ese mismo día a la Fiscalía de Homicidios.
Rosario 12 |
Los empleados municipales del área de Parques y Paseos se movilizarán el martes hasta la Fiscalía de Homicidios, ya que esperan para ese día los resultados de las pruebas que permitirán arrojar luz acerca de la causa de la muerte de Gerardo Escobar, su compañero muerto y desaparecido entre el 14 y el 21 de agosto. Así lo anunció ayer el secretario general del gremio, Antonio Ratner, sobre el acompañamiento que harán a la familia del joven fallecido. Al mismo tiempo, este diario pudo saber que la querella presentó varios pedidos para que se investigue la pata policial del caso, en cuanto al accionar de la misma como institución. La idea es contar con informes sobre el personal y los móviles que prestaron servicios la madrugada del 14 de agosto, en la zona cercana al boliche La Tienda, donde el muchacho de 23 años fue visto por última vez. También apuntan a que se amplíe el rango de las cámaras solicitadas porque para los representantes de la familia "está claro que Gerardo no murió en el lugar". Lo que quieren saber es qué paso después de los golpes que recibió Pichón en la calle.
Escobar estuvo desaparecido una semana hasta que fue hallado sin vida en el río Paraná el 21 de agosto. La última vez que se lo vio con vida fue al salir del boliche La Tienda, de Tucumán al 1100. En la causa están imputados Cristian Jesús Vivas, el patovica acusado de haber golpeado a Gerardo a la salida del local; los policías y presuntos encubridores Luis Alberto Noya y Maximiliano Amiselli, ambos de 33 años; y los patovicas César Ampuero y José Luis Carlino, también como encubridores.
Semanas atrás, la fiscal Marisol Fabbro indicó que un estudio preliminar dio cuenta de que Pichón tenía "pulmones y estómago secos"; pero al mismo tiempo señaló que en un mínimo porcentaje se dan casos en los que la muerte por ahogamiento puede dejar los pulmones secos. Por eso pidió estudios más específicos a otras provincias.
"Lunes y martes van a terminar de llegar los estudios de diatomea. Es un alga que se encuentra en el río y cuando alguien muere ahogado, esa alga se encuentra en la médula. Con eso vamos a saber definitivamente si murió ahogado. Lo mejor es tener certezas con un informe. Así que el martes nos movilizaremos de nuevo y lo vamos a hacer todas las semanas hasta que se esclarezca la muerte de Pichón", dijo Ratner, quien ayer se reunió con el fiscal Rafael Coria. Del encuentro también participó Luciana, la hermana de la víctima.
Al mismo tiempo, el sindicalista se refirió a la cuestión policial. "Es un tema central. Si acá queda demostrado que participó la policía como institución cambiarían la carátula y la competencia", dijo sobre un planteo que se está haciendo desde la querella, para que la causa se investigue como desaparición forzada de persona.
Además, Ratner indicó que se intenta localizar a un taxista que pudo haber visto algo; además de otro tipo de vehículos que se pueden observar en las cámaras de seguridad de la zona de Tucumán, entre Sarmiento y Mitre.
Tras las imputaciones a los cinco implicados, dos de ellos pertenecientes a la fuerza policial, en septiembre el juez Luis María Caterina rechazó que la investigación pasara al fuero federal, por el delito de desaparición forzada de persona. Ahora se espera que ese planteo llegue a la Cámara Penal, ya que los abogados querellantes de la familia del muchacho apelaron la decisión.
En su momento, el recurso de apelación fue presentado con el patrocinio del defensor provincial Gabriel Ganón y de los abogados Salvador Vera Roda y Guillermo Campana, de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud. "Es indudable que los hechos fueron cometidos por agentes del Estado, o por personas que actuaron con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado", reza el escrito.
Entre los agravios que fundamenta la presentación, los apelantes plantearon que el juez rechazó la incompetencia de la Fiscalía Regional por "entender que no se encontraban acreditadas sospechas serias para investigar el hecho como desaparición forzada de personas". Sin embargo, plantean que "ante las circunstancias oscuras y dudosas relatadas por el personal policial implicado, las numerosas contradicciones e irregularidades detectadas y los dichos que no hacen más que reforzar nuestra hipótesis, sostenemos que nos encontramos ante un delito de desaparición forzada de personas".
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