El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria y del Registro Civil, llevaron adelante un operativo de documentación para personas privadas de la libertad que por impedimentos legales no pueden asistir a las delegaciones del Registro Civil o a los Centros de Documentación Rápida. La campaña, en unidades penitenciarias de Rosario, Piñero y Santa Fe, finalizó este jueves y permitió el acceso al derecho a la identidad a unas 350 personas, entre varones y mujeres.
El operativo de documentación, se extendió desde el lunes 29 de septiembre al jueves 2 de octubre, e incluyó la realización de ejemplares nuevos del Documento Nacional de Identidad, así como actualizaciones del mismo, según el caso.
“La campaña tuvo como principal objetivo garantizar el derecho a la identidad de aquellas personas privadas de la libertad, próximas a egresar de las unidades penitenciarias de la provincia, en el marco del programa de pre-libertad”, explicaron desde la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el caso de la cárcel de Las Flores se sumó la gestión y colaboración del senador Miguel Lifschitz, quien también venía trabajando en este tema en virtud de las demandas y necesidades de los internos y de las autoridades del penal.
Para llevar adelante el operativo documentario, uno de las oficinas móviles del Registro Civil se acercó primero a las unidades penitenciarias Nº 5 y Nº 3 de Rosario (de mujeres y de varones respectivamente), en tanto también se trabajó en la unidad Nº 11 de la localidad de Piñero. Luego la oficina móvil se instaló en las unidades Nº4 (de mujeres) y Nº1 (Las Flores, de varones) de la ciudad de Santa Fe.
Estas unidades de última generación vienen realizando trámites de documentación para toda la ciudadanía, incluyendo la realización de DNI y pasaportes, en decenas de localidades y en barrios de las grandes ciudades de la provincia. Tales operativos continúan vigentes y se llevan a cabo con unidades móviles que disponen de dos puestos digitales para la toma de datos biométricos, los que luego se envían al Registro Nacional de las Personas (Renaper), dependiente del Ministerio del Interior de la Nación.
Desde la Dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, que depende de la Subsecretaria de Asuntos Penales, explicaron que "estas medidas se realizan advirtiendo la importancia trabajar por la reinserción social, de promover y asegurar derechos, construir ciudadanía y garantizar el derecho a la identidad de las personas privadas de la libertad, quienes deben contar con su DNI, siendo éste un requisito indispensable para el acceso a cualquier política de inclusión actual o futura para evitar la reiterancia delictiva".
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