La justicia ha condenado por primera vez a Google por no aplicar en Europa el llamado derecho al olvido, por el que los ciudadanos pueden exigir al buscador que borre informaciones que les atañen si se comprueba que son lesivas y no tienen relevancia pública. En una sentencia amparada en la doctrina sentada en mayo por la justicia europea, el Tribunal de Gran Instancia de París le obliga a eliminar textos difamatorios contra dos personas y, además, a hacerlo en todo el mundo, sentando así un importante precedente, según expertos consultados. El buscador no podrá limitarse a retirar datos con un determinado dominio (.fr, de Francia en este caso) como pretendía -esgrime la sala- porque bastaría usar terminaciones de otros países (.es de España, .it de Italia etcétera) para acceder a ellas.
No haber aplicado el derecho al olvido le costará a Google 1500 euros de indemnización y 1000 más por cada día que los enlaces sigan accesibles. El buscador tiene de plazo hasta el 24 de octubre para borrar su rastro por completo.
Aunque la resolución es recurrible, es relevante porque supone un varapalo a la política que emprendió la compañía en mayo, tras la sentencia en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fijó -a requerimiento de la Audiencia Nacional española- los requisitos para poder exigir la cancelación de una información de la Red. El buscador, que a 30 de septiembre había recibido en Europa 135.000 solicitudes de borrado relativas a medio millón de páginas, solo atiende desde entonces peticiones de ciudadanos europeos y referidas a dominios europeos, según confirma Google España. 'La protección de datos se concede a las personas, no a ciudadanos de determinados países', dice el abogado Pablo Fernández Burgueño, del bufete Abanlex. La sentencia no profundiza en esta cuestión que sí destacan los juristas contactados.
Los protagonistas de la demanda en Francia son dos ciudadanos, cuya identidad no ha trascendido, que exigieron la retirada de una información relativa a su vida personal y profesional, alojada en una página web y en Facebook. Alegaron que era difamatoria. La pasada primavera, el Tribunal Correccional de París les amparó, y los demandantes pidieron sin éxito a Google su retirada, confirma su abogado Ruben Ifrah. La firma adujo que faltaban documentos. Ahora el Tribunal de Gran Instancia le exige que la suprima en todo el mundo, aferrándose a la directiva europea, y siguiendo la jurisprudencia del alto tribunal de la UE que dejó bien claro que el derecho al olvido implica que la información 'no se ponga a disposición del público en general'.
'Google France solicita, en vano, que la conminación sea limitada a los enlaces de Google.fr cuando no establece la imposibilidad de conectarse desde el territorio francés utilizando otras terminaciones del motor de búsqueda Google', argumenta la sala francesa. 'El Tribunal de Justicia de la UE consideró que (...) las actividades del explotador del buscador y las de su establecimiento situado en el Estado miembro concernido están relacionadas de forma indisociable'.
La compañía dice tomarse en serio la decisión de la justicia francesa. 'Es importante señalar que todo empezó antes de la sentencia del Tribunal de la UE. Tomamos conocimiento de esta decisión y estudiamos las diferentes opciones que se nos abren', asegura un portavoz de Google Francia.
La multinacional tiene ante sí una avalancha de peticiones que solucionar, además de las que están en tribunales -solo en la Audiencia Nacional hay 220 casos vivos-. Desde mayo, ha recibido, de media, 1000 solicitudes al día a través de un formulario que estableció en Internet para tal fin. Según sus datos, un 50% de las peticiones examinadas son aprobadas, el 30%, rechazadas, y en el 20% restante de los casos exigen más información al solicitante. Las cifras no coinciden con las que maneja la agencia francesa Reputation VIP, especializada en la protección de la e-reputación (o reputación virtual).
De 7085 solicitudes examinadas en los últimos tres meses, Google habría aceptado un 36% y rechazado un 59%. Sobre su contenido, se sabe poco. La compañía no da detalles. 'Lo que nos llama la atención es que Google está dando la misma respuesta con independencia de la información que se solicita desindexar', dice Samuel Parra, CEO de la firma ePrivacidad.
En su caso, han visto cómo la compañía apelaba a 'cuestiones relativas a su capacidad profesional de considerable interés para el público' en dos casos bien distintos en los que se ha negado a eliminar la información requerida: un blog anónimo en el que se tacha de pederasta a un inocente y el dato de una persona de una lista provisional para el acceso a un puesto en la Administración.
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