La legisladora justicialista Alejandra Obeid ingresó un proyecto a la Cámara de Diputados donde solicita la creación e implementación del Registro de Suscripciones Involuntarias de mensaje de texto.
Esta nómina pretende contemplar las denuncias realizadas por usuarios de cualquier compañía de comunicaciones que reciben SMS que implica la adhesión y gastos involuntarios.
Obeid sostuvo que en muchas ocasiones el usuario no advierte estas suscripciones y está condenado a pagar por un servicio que no solicitó y que, por el contrario, insume un costo que oscila entre 30 y 50 pesos mensuales, que son imputados en su factura.
Al margen de las estadísticas que se manejan, la información más valiosa con la que contaron los legisladores al momento de presentar esta iniciativa es el hecho de que muchísimas personas, usuarios de empresas de telefonía celular, han sido víctimas de este servicio al cual se podría calificar de “capcioso”.
“Cualquiera de nosotros se ha visto en la situación de recibir a fin de mes una factura de telefonía con un incremento importante, y cuando uno se pone a desglosar los conceptos por los cuales se llega a ese monto, si se lee bien la factura vemos estas suscripciones involuntarias que llegan de la nada”, señaló Obeid.
Al respecto, la diputada recalcó que cuando los usuarios desean realizar el reclamo ante la prestataria del servicio, estas se excusan argumentando que se trata de cuestiones ajenas a ellas que no tienen relación por tratarse de empresas tercerizadas.
“Al momento de discutir ese monto, si a mí me factura la empresa de telefonía y yo le pago a ella, no me puede poner la excusa de que es un servicio tercerizado”, señaló la diputada Obeid.
El registro conformaría una base de “datos de números cortos” de los que provienen los servicios de mensajería, los que involuntariamente reciben los usuarios.
Estos mensajes suelen informar bonificaciones en compras de unidades 0 km, trivias, horóscopos, entre otros, y que generan gastos que el usuario nunca eligió realizar. Y suelen llegar varias veces por día, incluso en horas de la madrugada.
Este registro, según consta en el proyecto, deberá estar administrado por un Organismo de Aplicación y Contralor a designar por el Ejecutivo provincial. La idea es que el registro se convierta en un soporte de referencia de los usuarios que hayan realizado las denuncias pertinentes ante las empresas que prestan el servicio de comunicación.
“Si la empresa no prueba que el titular de esa línea solicitó que se le envíen esos mensajes, tiene que ser dado de baja en forma inmediata y se deberá hacer un resarcimiento”, explicó la diputada.
El hecho de que el Estado se ponga al frente de esta entidad de control, surge del blanco que existe actualmente en el hecho de que las personas están desprotegidas y son vulneradas por una empresa que solo busca cobrar un servicio que no fue solicitado.
Además se valoró el hecho de que en muchas oportunidades los usuarios no cuentan con las herramientas o medios necesarios para realizar los reclamos pertinentes ante las empresas, lo que hace más probable que deba pagar por servicios que no solicitó. “En esa instancia consideramos que el Estado es el que debe actuar para defender a ese ciudadano que está siendo obligado a pagar”, agregó la autora de esta iniciativa que busca bregar por los derechos de los santafesinos.
El proyecto se basó en la queja de hechos reales, cercanos y concretos donde muchas personas han sido perjudicadas por los reconocidos “números cortos”. Estos mensajes, que muchas veces parecen inofensivos, pueden llegar a representar un número importante en el consumo de la línea (sea por abono o tarjeta), perjudicando el consumo habitual del usuario.
Actualmente, las empresas de telefonía celular no se hacen responsables de este tipo de situaciones, las cuales no serían posibles si estas no entregaran los paquetes con números a las empresas que envían los mensajes no solicitados a los clientes.
Si bien muchos usuarios advierten estas suscripciones, no saben darlas de baja, por lo cual queda condenado a pagar por algo que no solicitó y que no le es útil, insumiendo un costo que no estaba previsto. “Por eso vemos necesario que el Estado interceda en este momento y que defienda al usuario de telefonía celular”, valoró la representante del bloque Santa Fe en Movimiento.
A partir de la creación de este registro, se contemplará el resarcimiento económico a los usuarios que hayan sido perjudicados con un servicio que no requirieron.
Aún resta definir quién será el sujeto que se hará cargo de devolver el dinero a los usuarios. La diputada dijo que esta cuestión quedará en manos del Ejecutivo provincial al momento de llevar adelante la reglamentación, para que haga lo que crea más conveniente.
“Es una cuestión que dejamos en manos del Ejecutivo provincial al momento de la reglamentación para que haga lo que crea más conveniente. Si me preguntan a mí, el reclamo se lo haría a la empresa de telefonía celular porque yo soy su cliente y no del número que me marca el horóscopo todas las mañanas”.
El tratamiento
Sobre el tiempo de tratamiento y aprobación del proyecto, Obeid señaló que van a esperar una o dos semanas para los trabajos de comisiones. En caso de que haya voluntad política, se pedirá la preferencia o algún tratamiento sobre tablas, para que se pueda sancionar rápidamente y de esta manera pase a la Cámara de Senadores y llegar a manos del Ejecutivo. Este camino podría llegar a tomar un mes.
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