Portada del periodico en que se denuncian las maniobras
Primeramente el gobierno pretendió desconocer la “emergencia” misma de seguridad y ante lo inocultable cedió ante la Ley de Emergencia en Seguridad que surgió de la oposición misma, luego vino el “vetazo masivo” del gobierno y a lo único que no veto que fue al tema de los recursos tampoco lo cumplió derivando en una situación escandalosa donde se gastaron sumas millonarias sin control.
Tal cual lo hemos denunciado, la falta recontrol, el disfuncionamiento del Tribunal de Cuentas y la no constitución de comisiones bicamerales legislativas de control han posibilitado numerosas irregularidades que comienzan a ser evidenciadas y marcan un rumbo escandaloso de cara al recambio electoral de 2015.
Descontrol
Esta semana el portal Sin Mordaza publicó un basto informe en el cual se consigna bajo el titulo “100 millones de pesos sin control” y se afirma que esa cifra millonaria salieron fuera del control e ingresaron en el terreno de las sospechas, es decir de los habituales sobreprecios entre otras modalidades de defraudación al Estado.
El informe: Lamberto: $100 millones sin rendir
El Ministerio de Seguridad realizó compras forma directa sin rendir cuentas a la Comisión de Seguimiento de ambas Cámaras legislativas aprovechándose de la Ley de Emergencia vigente. Tampoco habría dictamen del Tribunal de Cuentas
A fines de 2012, la Legislatura provincial sancionó la Ley que declaró la emergencia de Seguridad en la Provincia por un año y medio. El 2 de enero de 2013 la Ley fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia junto a los decretos reglamentarios ya que el ejecutivo había vetado varios artículos.
La Ley y el decreto reglamentario:
El primer artículo de la ley explica el motivo de tal determinación:
"Declárese la "Emergencia en materia de Seguridad Pública" en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe por el término de 18 (dieciocho) meses, con la finalidad primordial de lograr y garantizar la protección integral de la vida y los bienes de las personas".
Además de promover "la implementación de programas de asistencia individual, familiar y social tendientes a atacar las causas de la delincuencia y la violencia en todas sus modalidades"; la ley autoriza al poder ejecutivo a equipar la fuerza policial e incluso pudiendo realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para ese fin.
El Capítulo III de la ley, en su ARTÍCULO 8. Establece que "las adquisiciones de bienes de uso y equipamiento como asimismo aquellas contrataciones de obras menores en el marco de la emergencia declarada, quedan comprendidas en las normas de excepción de la ley de Contabilidad, ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado y de la Ley de Obras Públicas y su reglamentación. El control externo hacendal de los actos y operaciones previstos en el marco de la legislación, el cual se encuentra a cargo del Tribunal de Cuentas, deberá efectuarse en el plazo máximo de cinco (5) días y comunicarse a las Cámaras legislativas en idéntico plazo, de emitidos éstos".
El ARTÍCULO 10. Establece que podrán aplicarse los siguientes procedimientos cuando los valores no superen los que se enuncian a continuación:
a) Compra directa hasta $ 50.000 (cincuenta mil).
b) Concurso de Precios hasta $150.000 (ciento cincuenta mil).
Este atajo que brindó la ley al Ministerio de Seguridad se convirtió en una práctica habitual el año pasado pero violando lo que dispuso la ley y los decretos reglamentarios en cuanto a los montos.
Lo que debía ser la excepción, se convirtió en regla: el Gobierno provincial utiliza el argumento de la urgencia para comprar cada vez más por el método de la contratación directa, con muchos menos controles que las licitaciones públicas.
¿Cómo hace el Estado para comprar? Se entiende que la forma más transparente es a través de las "Licitaciones públicas" -con suficientes controles, publicidad y comparación de costos- y la menos expuesta es la "Contratación directa", con pocas exigencias. Es por eso que sólo se permite la contratación directa para gastos de no más de 50 mil pesos.
Sin Licitación
A fines de 2012, la Legislatura provincial sancionó la Ley que declaró la emergencia de Seguridad en la Provincia por un año y medio. El 2 de enero de 2013 la Ley fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia junto a los decretos reglamentarios ya que el ejecutivo había vetado varios artículos.
La Ley y el decreto reglamentario:
El primer artículo de la ley explica el motivo de tal determinación:
"Declárese la "Emergencia en materia de Seguridad Pública" en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe por el término de 18 (dieciocho) meses, con la finalidad primordial de lograr y garantizar la protección integral de la vida y los bienes de las personas".
Además de promover "la implementación de programas de asistencia individual, familiar y social tendientes a atacar las causas de la delincuencia y la violencia en todas sus modalidades"; la ley autoriza al poder ejecutivo a equipar la fuerza policial e incluso pudiendo realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para ese fin.
El Capítulo III de la ley, en su ARTÍCULO 8. Establece que "las adquisiciones de bienes de uso y equipamiento como asimismo aquellas contrataciones de obras menores en el marco de la emergencia declarada, quedan comprendidas en las normas de excepción de la ley de Contabilidad, ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado y de la Ley de Obras Públicas y su reglamentación. El control externo hacendal de los actos y operaciones previstos en el marco de la legislación, el cual se encuentra a cargo del Tribunal de Cuentas, deberá efectuarse en el plazo máximo de cinco (5) días y comunicarse a las Cámaras legislativas en idéntico plazo, de emitidos éstos".
El ARTÍCULO 10. Establece que podrán aplicarse los siguientes procedimientos cuando los valores no superen los que se enuncian a continuación:
a) Compra directa hasta $ 50.000 (cincuenta mil).
b) Concurso de Precios hasta $150.000 (ciento cincuenta mil).
Este atajo que brindó la ley al Ministerio de Seguridad se convirtió en una práctica habitual el año pasado pero violando lo que dispuso la ley y los decretos reglamentarios en cuanto a los montos.
Lo que debía ser la excepción, se convirtió en regla: el Gobierno provincial utiliza el argumento de la urgencia para comprar cada vez más por el método de la contratación directa, con muchos menos controles que las licitaciones públicas.
¿Cómo hace el Estado para comprar? Se entiende que la forma más transparente es a través de las "Licitaciones públicas" -con suficientes controles, publicidad y comparación de costos- y la menos expuesta es la "Contratación directa", con pocas exigencias. Es por eso que sólo se permite la contratación directa para gastos de no más de 50 mil pesos.
Sin Licitación
En 2013, fueron más de 100 millones de pesos los que se gastaron en el Ministerio de Seguridad por contratación directa. Según la página web de la provincia, el Ministerio de Seguridad nunca había hecho hasta el año pasado una compra directa y ahora es prácticamente la única forma de incorporar bienes y servicios. En 2013 se realizaron 55 compras directas, 23 licitaciones privadas, 8 licitaciones públicas y 12 concursos de precios.
Según el detalle que publica el propio Ministerio de Economía de la Provincia, el año pasado todas las compras directas superaron el límite de 50 mil pesos permitido por ley.
Barato o Caro?
Según el detalle que publica el propio Ministerio de Economía de la Provincia, el año pasado todas las compras directas superaron el límite de 50 mil pesos permitido por ley.
Barato o Caro?
Repasando las compras realizadas el año pasado sobresalen las realizadas a la empresa COINAUTO S.A. de la ciudad de Santa Fe por casi 40 millones de pesos por la compra de Vehículos 0km equipado para patrullaje tipo SEDAN marca Chevrolet y Camionetas 0 km, tipo pick-up. Las órdenes de compra a esta empresa son por $20.827.200; otra orden por $17.942.400 y una última por $413.800
Maletines antibalas
Maletines antibalas
Un dato llamativo es la compra de 20 maletines ejecutivos antibalas para el Ministerio de Seguridad, realizado en cuero vacuno, que pesan 2, 300 kg y soportan hasta un calibre 357 Mágnum. La provincia pago por los maletines $ 94.500 a la empresa AANTAJ S.R.L con domicilio en Ciudadela, provincia de Buenos Aires.
Sin Control
Sin Control
Finalmente, hay que destacar que la ley vigente estableció en su artículo 12, crear en el ámbito del Poder Legislativo la Comisión Bicameral de Seguimiento de Seguridad Pública, integrada por la actuales Comisiones de Seguridad Pública de cada Cámara. El Ministerio de Seguridad supuestamente debería haber informado trimestralmente las medidas adoptadas. Según confirmaron a Sin Mordaza, el ministro Raúl Lamberto todavía no informó lo realizado en 2013, tampoco se reunió la Comisión Bicameral, ni se habría expedido el Tribunal de Cuentas.
Fuente consultada: Sin Mordaza
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