El máximo tribunal de la Provincia de Santa Fe sostuvo que el defensor General, Gabriel Ganón, se expresó en términos “ofensivos y discriminatorios” hacia el actual presidente, Rafael Gutiérrez, y que violó las leyes que establecen sus funciones.
El Litoral |
Los cuestionamientos del defensor General, Gabriel Ganón, hacia la Corte santafesina, y en particular a su actual presidente, Rafael Gutiérrez, forman parte de su discurso incluso desde antes de asumir en el cargo. Pero los comentarios realizados, a través de la red social Twitter, el pasado 7 de febrero, colmaron la paciencia de los ministros, que los repudiaron de manera unánime por considerarlos “ofensivos y discriminatorios” y estimar que “perjudican toda posibilidad de relacionamiento institucional”.
En sucesivas declaraciones, Ganón había acusado a Gutiérrez de jugar en contra de la reforma procesal penal, de representar “lo más rancio de la corporación judicial”, de tener como “única preocupación” proteger intereses corporativos y “ seguir nombrando a familiares dentro del Poder Judicial”. Ahora, a través de Twitter, sindicó a Gutiérrez como símbolo del “deterioro de la Justicia”, poseedor de un lenguaje “ininteligible, vago y bajo” y, haciendo referencia a su aspecto personal, afirmó que tanto su vestimenta como el padecimiento de “obesidad mórbida excesiva” no coadyuvan a mejorar la imagen del Poder Judicial.
“Grave ataque”
A través del acta acuerdo Nº 5 de 2014, firmada ayer -además de Gutiérrez- por los ministros Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuler, y el procurador, Jorge Barraguirre, la Corte entiende que “las expresiones citadas resultan fuertemente ofensivas” e implican “un grave ataque a la persona e investidura de un integrante de este Tribunal, mediante la utilización y reforzamiento de patrones físicos que configuran una intolerable discriminación por parte de quien, paradojalmente, tiene el especial deber de preservar y defender la dignidad humana”.
La Corte remarca que este temperamento contradice las propias funciones que la ley 13.014 atribuye al defensor, “perjudican toda posibilidad de relacionamiento institucional responsable” y también contravienen la previsión legal de “llevar adelante acciones programáticas tendientes a generar un entorno de plena vigencia del estado de derecho y de los derechos humanos”.
Los ministros remarcan que los dichos de Ganón no solamente exceden sus límites funcionales, sino también “las más elementales reglas de respeto ciudadano”.
En función de ello, expresan su “más enérgico repudio” y disponen comunicar todo lo expresado al Poder Ejecutivo -específicamente, a la Secretaría de Derechos Humanos- y a las presidencias de ambas Cámaras Legislativas (donde ya penden sobre el defensor pedidos de destitución), “a los efectos que pudieran corresponder”.
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