El presidente de la Federación Agraria Argentina admitió que los problemas de los productores se pueden hablar y discutir en la provincia. Esperan una pronta reglamentación de la ley 13.334, que suspende los desalojos de predios rurales.
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Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina, encabezó una delegación de la entidad que estuvo reunida ayer poco más de una hora con el gobernador Antonio Bonfatti y el ministro de la Producción, Carlos Fascendini, analizando aspectos de la reglamentación de la ley 13.334, dictada a fines del año pasado, y que declara por cinco años “la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por los pequeños productores, familias de trabajadores rurales o campesinos que acrediten una ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica, del predio rural por un término superior a diez años”.
“Nosotros tenemos sintonía interesante con el gobierno provincial, no tenemos más que palabras de reconocimiento” señaló Buzzi al retirarse de Casa de Gobierno. “Siempre se pueden hacer mejor las cosas, siempre se puede trabajar mejor, pero no tenemos grandes críticas a la gestión de Santa Fe con la que se puede hablar y discutir” añadió el dirigente, oriundo de JB Molina en el sur santafesino.
Minutos antes, Fascendini y el secretario gremial de Federación Agraria, Omar Príncipe, habían explicado a El Litoral los alcances de la reunión. En las adyacencias de Casa de Gobierno un pequeño número de productores del departamento 9 de Julio exigía la reglamentación de la norma.
La autora del proyecto original, la diputada oficialista Susana García (CC-ARI) les explicó que ante la inquietud que genera la demora en la reglamentación, el propio gobernador acordó reunirse con Federación Agraria para agilizar la cuestión.
“El gobernador ha dejado bien en claro que la ley tiene plena vigencia y por ende existe la protección legal a los productores en problemas”, informó Fascendini quien asistió acompañado por los secretarios de su ministerio, Luis Contigiani y Pedro Pavicich. La cartera ya mantuvo reuniones con las entidades agropecuarias para definir aspectos de la reglamentación, hará una nueva ronda en las próximas semanas para buscar el consenso y elevar el decreto en 30 días a la firma de Bonfatti.
“Es un avance”
Príncipe destacó la tranquilidad que le dio a un importante grupo de pequeños y medianos productores la sanción de la norma, aunque de todos modos exigió la pronta reglamentación para que “quede determinado el amparo a los pequeños y medianos productores”. Informó que “el gobernador se ha comprometido frente a esta entidad a que la reglamentación saldrá en un tiempo cercano. Es un avance contar con la reglamentación de una ley de desalojo porque marca que Santa Fe, como Salta y Neuquén, están entre las provincias avanzadas en proteger las irregularidades en la situación de pequeños y medianos productores en el uso y tenencia en la titularización de la tierra”.
Fascendini admitió que el registro de poseedores que plantea la norma es uno de los aspectos que deben concluir en el decreto reglamentario por lo cual hoy no se sabe cuántos son los involucrados. “Sabemos que hay procesos judiciales, pero la ley está en vigencia desde que el gobernador la promulgó y es aplicable en todo el territorio. La reglamentación definirá qué se entiende por pequeño productor en Santa Fe y debe poner en marcha una serie de institutos previstos en la norma”, agregó.
El último 28 de diciembre, Bonfatti firmó el decreto 4.254, por el cual promulgó la ley 13.334, que además de la emergencia por cinco años en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por los pequeños productores, familias de trabajadores rurales o campesinos que acrediten una ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica, del predio rural por un término superior a diez años también suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o resoluciones administrativas, o de cualquier índole, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación inmediata de tierras contempladas en la norma.
Además crea en el Ministerio de la Producción el llamado Programa de Regularización Dominial, con el objeto de obtener un registro real de dominio y un relevamiento de la situación posesoria de los inmuebles rurales, ubicados en territorio provincial. Además crea el Registro Personal de Poseedores, donde se inscribirán las personas que invoquen y acrediten la posesión de inmuebles rurales en conflicto de tenencia.
Por último, la ley ordena a Producción y a la Dirección de Vivienda y Urbanismo a promover la firma de convenios de colaboración con municipios y comunas, en los cuales se comprometan a identificar los inmuebles rurales en los que existan asentamientos informales, e individualizar los grupos familiares de escasos recursos que estén ocupando los predios y que posibiliten una progresiva regularización de la tierra en beneficio de hogares asentados en su jurisdicción.
“Nosotros tenemos sintonía interesante con el gobierno provincial, no tenemos más que palabras de reconocimiento” señaló Buzzi al retirarse de Casa de Gobierno. “Siempre se pueden hacer mejor las cosas, siempre se puede trabajar mejor, pero no tenemos grandes críticas a la gestión de Santa Fe con la que se puede hablar y discutir” añadió el dirigente, oriundo de JB Molina en el sur santafesino.
Minutos antes, Fascendini y el secretario gremial de Federación Agraria, Omar Príncipe, habían explicado a El Litoral los alcances de la reunión. En las adyacencias de Casa de Gobierno un pequeño número de productores del departamento 9 de Julio exigía la reglamentación de la norma.
La autora del proyecto original, la diputada oficialista Susana García (CC-ARI) les explicó que ante la inquietud que genera la demora en la reglamentación, el propio gobernador acordó reunirse con Federación Agraria para agilizar la cuestión.
“El gobernador ha dejado bien en claro que la ley tiene plena vigencia y por ende existe la protección legal a los productores en problemas”, informó Fascendini quien asistió acompañado por los secretarios de su ministerio, Luis Contigiani y Pedro Pavicich. La cartera ya mantuvo reuniones con las entidades agropecuarias para definir aspectos de la reglamentación, hará una nueva ronda en las próximas semanas para buscar el consenso y elevar el decreto en 30 días a la firma de Bonfatti.
“Es un avance”
Príncipe destacó la tranquilidad que le dio a un importante grupo de pequeños y medianos productores la sanción de la norma, aunque de todos modos exigió la pronta reglamentación para que “quede determinado el amparo a los pequeños y medianos productores”. Informó que “el gobernador se ha comprometido frente a esta entidad a que la reglamentación saldrá en un tiempo cercano. Es un avance contar con la reglamentación de una ley de desalojo porque marca que Santa Fe, como Salta y Neuquén, están entre las provincias avanzadas en proteger las irregularidades en la situación de pequeños y medianos productores en el uso y tenencia en la titularización de la tierra”.
Fascendini admitió que el registro de poseedores que plantea la norma es uno de los aspectos que deben concluir en el decreto reglamentario por lo cual hoy no se sabe cuántos son los involucrados. “Sabemos que hay procesos judiciales, pero la ley está en vigencia desde que el gobernador la promulgó y es aplicable en todo el territorio. La reglamentación definirá qué se entiende por pequeño productor en Santa Fe y debe poner en marcha una serie de institutos previstos en la norma”, agregó.
El último 28 de diciembre, Bonfatti firmó el decreto 4.254, por el cual promulgó la ley 13.334, que además de la emergencia por cinco años en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por los pequeños productores, familias de trabajadores rurales o campesinos que acrediten una ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica, del predio rural por un término superior a diez años también suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o resoluciones administrativas, o de cualquier índole, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación inmediata de tierras contempladas en la norma.
Además crea en el Ministerio de la Producción el llamado Programa de Regularización Dominial, con el objeto de obtener un registro real de dominio y un relevamiento de la situación posesoria de los inmuebles rurales, ubicados en territorio provincial. Además crea el Registro Personal de Poseedores, donde se inscribirán las personas que invoquen y acrediten la posesión de inmuebles rurales en conflicto de tenencia.
Por último, la ley ordena a Producción y a la Dirección de Vivienda y Urbanismo a promover la firma de convenios de colaboración con municipios y comunas, en los cuales se comprometan a identificar los inmuebles rurales en los que existan asentamientos informales, e individualizar los grupos familiares de escasos recursos que estén ocupando los predios y que posibiliten una progresiva regularización de la tierra en beneficio de hogares asentados en su jurisdicción.
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