En una apuesta por darles mayor sustento a la causa AMIA y al pedido de indagatoria de la justicia argentina a los ocho iraníes acusados de planear el atentado contra la mutual judía, el fiscal Alberto Nisman presentó ayer un dictamen en el que acusó a Irán de infiltrarse en países de América latina para fomentar actos terroristas.
La presentación del documento de 500 fojas que redactó Nisman se da en medio de la fuerte polémica por el acuerdo del Gobierno con el régimen iraní sobre la causa AMIA. No sólo eso: pone en jaque ese memorándum firmado entre el Gobierno y el presidente Mahmoud Ahmadinejad, ya que el fiscal sostuvo que Teherán instaló "estaciones de inteligencia" en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam con el fin de "cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas, en consonancia con sus postulados de exportación de la revolución iraní".
Según confiaron a LA NACION fuentes judiciales, el dictamen del fiscal de la causa AMIA se sustentó en informes reservados, sentencias judiciales e investigaciones que tuvieron lugar en la Argentina, en otros países de la región, en Europa y en Estados Unidos.
Para las autoridades de la AMIA y la DAIA, el informe de Nisman reforzará la idea de que el interlocutor que eligió la Casa Rosada para avanzar con la causa "no es válido y es poco confiable, ya que colabora con el terrorismo". Hubo silencio de la Cancillería y de la embajada iraní en Buenos Aires.
Nisman también expuso que las tareas de inteligencia de Irán, en coordinación con la embajada de ese país en Buenos Aires, contemplaban supuestos "reclutamientos de agentes, adiestramiento de células terroristas y contratación de estudiantes que hacían tareas de inteligencia con cargos administrativos".
El fiscal puso especial énfasis en el papel que tuvo Mohsen Rabbani (agregado cultural de la embajada de Irán en la Argentina en el momento del atentado) no sólo en el acto terrorista de la AMIA sino como "coordinador de la penetración iraní en Sudamérica y muy especialmente en Guyana, a través de su discípulo Abdul Kadir, máximo referente iraní en dicho país", quien hoy cumple la pena de prisión perpetua por su responsabilidad en el frustrado atentado al aeropuerto de Nueva York.
Nisman evaluó que la infiltración iraní en Guyana tuvo una "matriz casi idéntica", tanto en sus componentes como en su desarrollo, con la establecida por Rabbani en la Argentina.
De esta manera, el fiscal sostuvo que el ataque contra la AMIA resultó ser parte de "un engranaje" y un entramado "mucho mayor". Por otra parte, Nisman acreditó en la documentación que el prófugo y máximo responsable de la conexión local, Samuel Salman El Reda, se valió de una falsa ciudadanía colombiana para arribar a la Argentina años antes del atentado, sin despertar sospechas y ocultando su pertenencia a Hezbollah. En la documentación, Nisman acusa directamente a la embajada iraní en la Argentina de sustentar tareas de inteligencia y de la "utilización dual" de asociaciones culturales y de beneficencia para perpetrar el atentado contra la AMIA.
Por otra parte, el fiscal requirió a Interpol que extreme los recaudos tendientes a potenciar las medidas para lograr la detención de la totalidad de los acusados que se encuentran con pedido de captura internacional. Sobre este punto hay divergencias a partir de la firma del acuerdo. Para Amadineyad las circulares rojas de Interpol para detener a los acusados caería apenas comience a regir el acuerdo. Pero para la Casa Rosada seguirán vigentes esos pedido de captura internacional.
Al mencionar la penetración iraní en la región Nisman señaló que el clérigo Tabatabaei Einaki fue enviado a Brasil para preparar atentados y fue expulsado cuando las autoridades de ese país advirtieron sus vínculos con Hezbollah. Según pudo saber LA NACION, el dictamen no menciona los actuales vínculos de Irán con Venezuela, Ecuador o Bolivia ya que sólo se detuvo en los datos relacionados con la investigación de la AMIA y, en 1994 que se realizó el atentado, no se registró en esos países "estaciones de inteligencia" iraníes.
Al entender del fiscal, la estrategia de penetración de Irán en la región comenzó en el Seminario de Gobierno Islámico Ideal, que se hizo en 1982 en Teherán con 380 clérigos de 70 países y donde se acordó que a partir de entonces la exportación de la revolución iraní (penetración cultural, política y religiosa, destinada a expandir una visión radicalizada del islam) se iba a realizar, cuando resultare necesario, de "manera violenta y por medio de atentados".
Ayer, en la Cancillería hubo silencio absoluto sobre el dictamen de Nisman aunque fuentes del Palacio San Martín admitieron que el documento del fiscal "probablemente incomode o ponga en una situación de dar más explicaciones" al canciller Héctor Timerman.
El Gobierno aún espera que Irán envíe la nota de la aprobación del acuerdo para avanzar con la Comisión de la Verdad. Según pudo saber LA NACION, el canciller Timerman viajó a Etiopía para participar de la cumbre de países africanos y allí habría pedido un encuentro con su par iraní, Ali Akbar Salehi. En ese mismo lugar, el 27 de enero pasado ambos cancilleres firmaron el polémico acuerdo.
Ayer, Ali Pakdaman, el encargado de negocios de la embajada de Irán en la Argentina, no respondió los llamados que le hizo LA NACION.
En la comunidad judía expresaron su confianza en la investigación de Nisman y ratificaron la oposición al acuerdo. Tanto las autoridades de la AMIA como las de la DAIA coincidieron en que el dictámen "refuerza la posición" de que el interlocutor para sellar un acuerdo "no es válido ni confiable porque está detrás de los atentados terroristas".
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