La Procuradora General recomendó otorgarle el arresto domiciliario a la ex directora General de Fiscalizacion y Control del gobierno de Aníbal Ibarra, presa en la cárcel de Ezeiza junto a su hijo de un año.
Para Gils Carbó, el rechazo de la Cámara de Casación al arresto domiciliario “ha vulnerado derechos y garantías" del bebé y ahora la Corte Suprema debe decidir si concede la detención en su casa.
Ana María Fernández, ex directora general adjunta de la Dirección General de Fiscalizacion y Control del gobierno de Aníbal Ibarra, pidió la domiciliaria pero Casación la denegó al entender que su pareja, una mujer, también podía estar al cuidado de su hija.
La ex funcionaria alegó que ella gestó al chico y lo amamantaba, por lo que apeló a la Corte la decisión.
Gils Carbó dictaminó por hacer lugar a la domiciliaria al considerar que en el caso se violó el derecho del menor, "en particular a que se proteja su -interés superior-, pues no se han adoptado las medidas que protegen, de la forma más adecuada, su derecho a la libertad personal y a desarrollarse en su entorno adecuado y bajo el cuidado de sus padres".
Además, la Procuradora citó un informe de la Procuración Penitenciara que dio cuenta que el pabellón 16 de Ezeiza, donde se alojan las madres con bebés, "carece prácticamente de luz natural, no cuenta con asistencia pediátrica, las paredes tienen humedad y se inundan los baños. Las madres deben bañar a los niños en brazos para evitar el contacto con insectos en virtud de que las fumigaciones no resultan efectivas".
No hay comentarios:
Publicar un comentario