El juez federal Aldo Alurralde le dictó falta de mérito a dos de ellos y a los otros dos sólo les imputó apremios ilegales. El fiscal apeló.
La Capital |
El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, dispuso la libertad de los cuatro policías antidrogas de la Unidad Regional IX que estaban detenidos y acusados de haber torturado a dos detenidos en un procedimiento policial callejero hace más de un mes. El magistrado, que había indagado a los policías haciendo suya la calificación de torturas impuesta por la Fiscalía, finalmente cambió la carátula de la causa por la de apremios ilegales, bajo la cual procesó a sólo dos de los implicados.
La medida del magistradfo favoreció al jefe de la Brigada Operativa de la ex Drogas Peligrosas de la Unidad Regional IX, Sergio Senn, y al jefe de Inteligencia de la Zona Norte, Daniel Musante, quienes recibieron la falta de mérito. En tanto, el juez procesó a los oficiales Luciano Martínez y Germán Arce, quienes habrían participado de la detención de los dos narcos que luego denunciaron las torturas.
El fallo fue criticado por el fiscal federal Roberto Salum, quien dijo tener "diferencias con la calificación impuesta por el juez" y anunció que apelará la medida.
Los hechos. El 25 de marzo pasado, en el marco de una investigación por venta de drogas en Reconquista, fueron apresados en la calle y por agentes de la Brigada Operativa Departamental, Gustavo Cernadas y Luis Ramírez. Tras ser reducidos y golpeados en el lugar fueron llevados a la comisaría 1ª, donde fueron revisados por un médico policial que determinó que tenían lesiones "leves", aunque luego ambos apresados sostuvieron que "los miró" sin revisarlos.
Los detenidos fueron llevados al día siguiente al juzgado federal a cargo de Aldo Alurralde para prestar declaración indagatoria y el secretario del juez, ante la queja de fuertes dolores y rastros de lesiones, ordenó una nueva revisión. Entonces otro médico policial ordenó la inmediata internación de los dos detenidos. Ya en el hospital a Cernadas se le detectaron fracturas en la base orbital derecha y el tabique nasal, fuertes golpes en la frente y heridas cortantes en cuero cabelludo y hematomas circulares en la espalda; mientras que Ramírez tenía una fractura en el maxilar inferior lado derecho, fracturas en dos costillas, heridas contuso cortantes en cuero cabelludo y hematomas en otras partes del cuerpo.
Ante eso los detenidos hicieron la denuncia ante el fiscal Salum, quien solicitó al juzgado medidas de prueba tendientes a determinar no sólo las lesiones sino cómo se les habían producido a los detenidos, todo eso basado en el Protocolo de Estambul, el manual para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes conforme protocolo de la Procuración General de la Nación.
Detenidos. Así las cosas, el fiscal ordenó una serie de medidas probatorias que llevaron a que el juez Alurralde ordenara la detención de los policías que aparecían mencionados en el procedimiento e imputarles el delito de torturas, además de pedir la indagatoria del médico que revisó a los presos en una primera instancia.
Pero ayer se conoció que el magistrado cambió la carátula del expediente por la de apremios ilegales e imputó a sólo dos de ellos. Por eso el fiscal expresó sus "serias divergencias" con el fallo y anunció la apelación del mismo.
"Los elementos que hay en la investigación eran suficientes para procesar a los cuatro policías. Es indudable que los dos jefes estuvieron en el lugar de los hechos y participaron de los mismos, no solamente porque así lo dicen las testimoniales sino por los documentos firmados por los policías que hoy tienen falta de mérito, prueba que no puede ser contradicha por nadie", aseguró el funcionario.
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