Tras la orden judicial, ayer se retiraron sin resistencia y volvieron al otro lado de la calle, en el oeste rosarino, en un predio de 3.200 metros cuadrados, donde dicen haber pagado hasta 5000 pesos para tener un terreno. Para Joaquín "en las tomas de tierras se mete gente vinculada a actividades delictivas".
Un grupo de personas, mujeres con niños en su mayoría, mantenían usurpado desde hacía diez días el centro comunitario que atendía el párroco Joaquín Núñez en barrio Godoy. La ocupación finalizó ayer por orden judicial, pero sin la violencia registrada la semana pasada en el desalojo del predio que reclamó la monja María Jordán en Empalme Graneros. Amén de eso, la intervención estatal dejó en evidencia una usurpación de mayor magnitud y antigüedad, que ocurre en un terreno privado frente al centro comunitario: allí sus ocupantes afirman haber pagado entre 4 y 5 mil pesos por cada terreno y exhiben un boleto de compraventa ilegal, firmado por dos personas que la Municipalidad denunció ayer en la comisaría del barrio.
Calle 1709 al 7900 es uno de los últimos y más pobres rincones del oeste rosarino, a la misma altura de donde 27 de Febrero nunca fue bulevar. Entre casitas modestas y una venta de tarimas de madera, la Asociación Civil Refugio de Cristo tenía desde hace 15 años uno de los pocos edificios de mampostería de la cuadra en los que funcionaba un merendero comunitario, biblioteca y aula de apoyo escolar. Un colaborador de Núñez, Oscar Fernández, denunció el martes 7 en la seccional 32ª que unas 16 personas habían usurpado el edificio, que había detenido sus actividades hacía algunas semanas para realizar refacciones. En el grupo había unos pocos hombres jóvenes y mayoría de mujeres con niños. Alegaron que ellos necesitan vivienda y que el edificio estaba desocupado.
Pero ayer, el juez en lo correccional nº 5, Carlos Leiva, ordenó el desalojo del inmueble. Acudieron agentes municipales de Promoción Social y de Control Urbano, apoyados por policías, pero los ocupantes dejaron los salones sin resistencia, tras la promesa de recibir ayuda estatal. Y todos regresaron a su origen, al otro lado de la calle, en un predio de 3.200 metros cuadrados donde desde hace algunos meses brotó un racimo de precarias viviendas salpicadas sobre senderos de barro.
El sacerdote franciscano que impulsa la pastoral en esa zona lucía decepcionado ayer tras comprobar que del centro comunitario apenas quedaron las paredes y los mosaicos. En el aula de alfabetización de adultos alguien se llevó el cielo raso y el techo mismo. Desaparecieron las mesas, la cocina, el freezer, las heladeras, la vajilla, el pizarrón, las bibliotecas y los armarios. Una zapatilla olvidada, un trozo de pan a medio cortar, más los vidrios rotos de las ventanas completaban la desolación.
Una patrulla de la comisaría 32ª quedó montando guardia, y quedaría en los días siguientes para evitar nuevas intromisiones. "Después vamos a intentar reactivar el refugio", insistió Núñez. En el murito de la vereda seguía pintada la leyenda "Machito, estarás en el recuerdo por siempre", que alude a uno de los chicos que paraba allí. "Era una barra de once pibes --explicó el cura--, y en un año y medio se murieron todos, alguno asesinado, otros se mataron, la droga. Había un nene de 14 años que un día le dije bien que no se drogara, y él me contestó: «Si yo no soy nadie y ya estoy jugado». Es tan profundo este vacío, que le da pie al consumo de la droga. No les importa nada. Tienen el sentimiento tan sumergido que se autoagreden, se ningunean a sí mismos, a sus pares, a quienes intentan ayudarlos".
Al otro lado de la calle, el terreno que era una canchita de fútbol y que alguna vez le había sido donado a la misión franciscana, desde el año pasado se pobló de casillas. Antes de eso, el sacerdote había intentado cederlo a familias tobas para que construyeran sus viviendas en propiedad comunitaria. Pero, según Núñez, en los últimos años el predio fue "vendido y revendido", primero por esas mismas familias qom, y luego por una abogada que lo compró por $3.000 y lo vendió en 10.000 a un tercero, que a su vez se lo vendió a un comercio metalúrgico de la zona por 34.000 pesos.
Calculan que allí hay unas veinte familias que pagaron de 4 a 5 mil pesos a dos personas que les cedieron boletos de compraventa sin certificación oficial. La gente le mostró esos papeles a los inspectores, como para esgrimir su derecho. "Con esa documentación notificamos al juez Leiva y radicamos la denuncia correspondiente ante la policía para que se investigue. Hay un mínimo de organización de gente inescrupulosa que usa la necesidad de la gente para cometer esta estafa", señaló el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado.
Para el cura Joaquín Núñez, la situación es más densa que una simple estafa con terrenos ajenos. Tiene razones para sospechar que hay algún emprendimiento narco por instalarse en ese lugar. De algún modo, Asegurado se hizo eco de esa hipótesis: "Sabemos por experiencia que en las tomas de tierras se mete gente vinculada a actividades delictivas", dijo.
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