El reclamo tomó esta vez la forma de un amparo, que presentó en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, en un intento contra reloj de que se designe un veedor judicial e impedir lo que calificó como una "confiscación" que le causaría un "daño irreparable" para su patrimonio y la empresa.
El reclamo de la familia Ciccone tomó esta vez la forma de un amparo, que presentó en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, en un intento contra reloj de que se designe un veedor judicial e impedir lo que calificó como una "confiscación" que le causaría un "daño irreparable" para su patrimonio y la empresa.
El amparo de la familia Ciccone, que retiene el 30% de las acciones de la imprenta, se concretó apenas 36 horas después de que otro fuero, el Comercial, rechazara que el Gobierno pretenda avanzar con una expropiación selectiva de algunos bienes físicos por $ 275 millones.
El amparo recayó en el Juzgado N° 8, que manejó la jueza Clara do Pico hasta que ascendió a camarista y subroga ahora Cecilia Gilardi, quien acumula ya distintos fallos con repercusión pública. Entre otros, por ordenar que se detenga la edificación en la villa 31 para evitar potenciales derrumbes o, más reciente, su rechazo "por prematuro" a un amparo en contra de la "democratización" de la Justicia.
Al acudir al fuero Contencioso Administrativo, los Ciccone siguieron la senda del ex banquero Raúl Moneta, quien, según sus abogados, se presentó para proteger las decenas de millones de pesos que les habría prestado a los dueños de The Old Fund. Lo habría hecho a través de una prenda sobre el 70% restante de las acciones que se encuentran en poder de ese misterioso fondo en el que Alejandro Vandenbroele primero figuró como "nuevo accionista" y luego, tachadura mediante en el libro societario, sólo como su "presidente".
DUEÑOS QUE NO APARECEN
Las movidas de los Ciccone y de Moneta refuerzan, además, los interrogantes alrededor de The Old Fund, cuyo teórico dueño y yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick, optó por el silencio público y judicial, al tiempo que dejó correr la versión entre sus amigos de que él no tiene nada que ver con el escándalo y la investigación penal subsecuente que protagoniza el vicepresidente Amado Boudou . Incluso, llegó a afirmar entre sus allegados que le habrían falsificado su firma reiteradas veces.
Sin embargo, y a diferencia de Reinwick, Nicolás Ciccone y las herederas de su hermano Héctor, Silvia y Graciela Ciccone, ya optaron por enfrentar al Gobierno ante la Justicia. Con el amparo apuntaron contra la Casa de Moneda, el Ministerio de Economía, el Tribunal de Tasaciones de la Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Los Ciccone rechazan los pasos dados por el Gobierno desde que intervino la imprenta en agosto pasado. En particular, por modificar los bienes a expropiar, impedir su participación en el proceso administrativo, completar una tasación unilateral y sin control, y determinar las deudas a través de la AFIP y por fuera del concurso y la ley de concursos y quiebras.
La familia también objeta al Gobierno por impulsar un convenio de avenimiento en el que dos áreas distintas del Estado firmaron como expropiante (la AFIP) y expropiado (el Ministerio de Economía, como interventor), y también por transferir ciertos bienes físicos de la compañía a la Casa de Moneda.
Tras calificar lo ocurrido como "arbitrario, inconstitucional e ilegal", los Ciccone concluyeron que más que una expropiación se trató de una confiscación, ya que se avanzó sobre sus bienes "sin pago de la previa y justa indemnización", sin sentencia previa.
Con la firma de sus abogados, Marcelo Ruiz y Marcelo Cangueiro, los Ciccone tensaron aún más la cuerda con el Gobierno. Lo acusaron de violar el "debido proceso legal", "sin que exista otra vía para la defensa de los derechos" que el amparo como vía excepcional.
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