Los jubilados y pensionados casildenses que se movilizan en taxis o remís dependen de la buena voluntad del propietario o chofer de la unidad que tomen para acceder al 20 por ciento de descuento en la tarifa del servicio, tal como exige una ordenanza sancionada en septiembre del año pasado.
La Capital |
Es que pese a la vigencia de la normativa muchos optan por no cumplirla. Al menos así lo aseguró el presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Casilda, Reinaldo Corvaro, al afirmar que "son constantes los quejas" que recibe la entidad por este motivo. "Con esta actitud —manifestó— están perjudicando a los jubilados y nuestro deber es reclamar ante las autoridades municipales para que exijan el cumplimiento de la ordenanza a fin de revertir una situación que atenta contra uno de los sectores más vulnerables de la economía".
Medidas. Corvaro planteó el problema ante el secretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Rimoldi, quien confirmó a La Capital que elevará lo denunciado al área de asesoría legal para que resuelva los pasos a seguir ya que la ordenanza 2.141, que fija el descuento —que rige únicamente para los pasivos domiciliados en Casilda y que se movilizasen dentro de la ciudad— no expresa cuáles son las sanciones previstas contra los infractores.
No obstante y al margen de lo que resuelva legales, el funcionario dijo que notificará a las agencias locales de taxis y remises para que respeten lo que estable la polémica normativa.
En el Centro de Jubilados de Casilda recalaron varios cuestionamientos de abuelos que resultaron damnificados. "Las quejas no son sólo porque hay taxistas y remiseros que no hacen el descuento sino también por la mala manera con que algunos tratan a los jubilados cuando le niegan el derecho de acceder al beneficio que le corresponde".
De persistir esta suerte de resistencia a la ordenanza trascendió, aunque no fue confirmado, el municipio no descartaría la posibilidad de garantizar su cumplimento a través, acuerdo mediante, de taxistas y remiseros que están dispuestos a realizar el descuento.
La norma en cuestión surgió a instancias de una iniciativa impulsada por el concejal radical Pablo Zanetti a fin de morigerar el impacto económico que implicaría para los jubilados y pensionados el último aumento del costo del servicio.
Equidad social.Entre otros fundamentos sostiene que "sin perjuicio de reconocer la necesidad de avanzar hacia una actualización de la tarifa, dado el incremento de los costos operativos del servicio, es deber de este Concejo municipal velar por la preservación de la equidad social, protegiendo a los sectores económicos más vulnerables".
Si bien la normativa no conformó y hasta movilizó a los titulares y choferes de taxis y remís igualmente se instrumentó, aunque en la práctica su cumplimiento es bajo. Referentes del sector consultados por LaCapital coincidieron en señalar que hay taxistas y remiseros que no respetan lo dispuesto porque "se trata de una medida que además de perjudicarnos económicamente fue totalmente arbitraria y carente de consenso".
"Lo correcto hubiese sido —acotaron— que el Estado subsidie el descuento en vez de hacer beneficencia con la plata de otros".
Para acceder al beneficio los destinatarios deben presentar un carné que se tramita en el centro de jubilados presentando el recibo de sueldo, DNI y una foto. De los 4.500 jubilados y pensionados nacionales con que cuenta Casilda sólo tramitaron la credencial para acceder al descuento poco más de 200, lo que demuestra que las verdaderas razones de la resistencia a la ordenanza más que económicas parecen tener que ver con diferencias, aún no zanjadas, entre el Concejo y los tacheros. Claro que al margen de cuáles son las causas "la realidad es que con esta actitud los únicos perjudicados somos los jubilados", disparó Corvaro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario