Así lo marcan los radares móviles de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. A fines de este mes comenzarán con las multas por exceso de velocidad, cuyo producido se utilizará para concientizar.
A pocos días de ponerse en funcionamiento dos cinemómetros –radares– móviles en cada uno de los extremos de la autopista que une las ciudades de Santa Fe y Rosario, se registraron numerosos casos de exceso de velocidad. El paradigma cultural que representa la conducción tiene, en la actualidad, altísimas cuotas de irresponsabilidad.
Muestra de ello es que desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informaron a Diario UNO que hubo vehículos que circularon a 173 kilómetros por hora en zonas de la autopista donde el máximo permitido es de 130 kilómetros. Y en otros casos se advirtió que los conductores alcanzaban los 148 kilómetros por hora en lugares donde el límite es de 80 kilómetros –ver fotos de controles–.
Al respecto, el subsecretario del área en la provincia de Santa Fe, Mariano Cuvertino, señaló que “a la hora de explicar un accidente de tránsito debemos tener en cuenta que hay tres causas centrales que son atribuibles al ser humano: el exceso de velocidad, las distracciones y las consecuencias del consumo de alcohol”.
El funcionario remarcó además que como “en un gran porcentaje los siniestros que ocurren en las rutas obedecen a excesos de velocidad, implementamos estos controles para fortalecer nuestra política de prevención y control en todo el territorio provincial”.
Hasta los últimos días de enero no se realizarán multas por violar los límites de velocidad, porque el objetivo es que los conductores vayan tomando conciencia sobre la necesidad e importancia de cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad vial para evitar peligros a sí mismos y a terceros. Aunque eso cambiará antes de febrero.
En tal sentido, el titular de la Agencia de Seguridad Vial remarcó que “el objetivo del gobierno provincial es poder fortalecer el apego a la norma y a lo que fija la ley para reducir los índices de siniestralidad y las muertes en rutas”. Se trata de una tarea nada sencilla en Santa Fe y en todo el país, ya que los accidentes constituyen la principal causa de muerte entre los jóvenes de 13 a 25 años.
En territorio santafesino, desde el momento en que empiecen a labrarse las multas, situación que será informada por la APSV, las infracciones por exceso de velocidad serán gestionadas por los municipios y comunas, y el Estado provincial realizará la correspondiente notificación al domicilio del propietario del automotor involucrado en la falta.
—¿En qué fecha precisa los excesos de velocidad detectados empezarán a ser multas?
—Aún no tenemos un día preciso. Todavía queremos tomar un poco más de tiempo para probar muy bien el funcionamiento de los cinemómetros.
—¿Se va a señalizar la proximidad de los radares en las rutas?
—Lo estamos evaluando. La ley (de Tránsito Nº 13.133) no obliga a avisar, sí a tener bien señalizada las velocidades máximas en los lugares donde se instale el operador con el cinemómetro y el vehículo de la Policía de la Agencia de Seguridad Vial. De todas maneras, la presencia de los conos, un patrullero y policías son elementos disuasorios a tener muy en cuenta para respetar las leyes y reglas de tránsito.
Asimismo, serán los jueces de Faltas de las correspondientes jurisdicciones quienes establecerán los montos punitivos económicos en función de la gravedad de la infracción y su reincidencia. Lo recaudado por dicho concepto se destinará a una cuenta especial que por ley administra la APSV y que se destinará a seguir fortaleciendo el sistema de seguridad vial en la provincia.
“Cuando se sanciona la ley 13.133, que ordena el marco jurídico del tránsito en la provincia, se estableció la creación de una cuenta especial en el ámbito de la agencia donde ingresan los distintos fondos que se generan para el Estado público con el objetivo de que sean invertidos o retornen a la seguridad vial como recomiendan la mayoría de los institutos especializado en la materia”, remarcó el funcionario estatal.
También indicó que para la instalación de los radares “no se ata los niveles de recaudación a los niveles de infracción generados. Claramente, la ley lo prohíbe. De esta manera se puede tener la certeza de la transparencia y la legalidad del control por un lado, y por el otro que los fondos que se puedan recaudar por este tipo de sanciones serán invertidos en seguridad vial”, señaló Cuvertino.
Finalmente, para evitar cualquier tipo de sospechas o suspicacias, añadió: “No podemos tener dudas sobre la necesidad que, como sociedad y nosotros como gobierno, tenemos de llevar adelante las políticas públicas para cambiar la conducta que tenemos los santafesinos en particular en bajar los índices de siniestralidad, como el exceso de velocidad. Hay que trabajar, no sólo desde la prevención y el control, sino también desde la concientización y la educación”.
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