Un estudio del Foro de Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef) y la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia (Sennaf) reveló que en el país hay 14.675 chicos
separados de sus familias que viven en instituciones o en hogares
solidarios. De ellos 647 son de Santa Fe, lo que ubica a la provincia
como el sexto distrito en cantidad de niños que ingresan a sistemas de
protección.
La Capital |
A nivel nacional hay menos chicos que otros años sin cuidados
parentales y para el informe se trata de un dato "alentador" para
avanzar en una política de derechos. En sintonía, desde la Dirección de
Niñez santafesina evaluaron los números de la provincia como el
resultado de "una fuerte política de revinculación de los chicos con su
familia de origen".
¿Cuántos son los niños sin cuidados de
su familia? ¿Dónde viven? ¿Quién tomó la decisión de separarlos? ¿Cómo
los tratan y qué va a pasar con ellos? De estas preguntas partió el
relevamiento que se hizo de junio de 2010 a junio de 2011 en el país. El
estudio apuntó a conocer en qué medida se aplica la pauta, acordada por
las provincias, de restringir la separación a casos extremos.
El estudio arrojó que uno de cada mil
niños y adolescentes de Argentina están separados de su familia. Son
chicos que sufrieron maltrato, abuso o abandono y que permanecen en
institutos o con familias sustitutas, mientras se intenta revertir la
situación que los vulneró. Muchos logran volver a su casa, otros se
independizan cuando cumplen la mayoría de edad y algunos son adoptados
por otras familias.
En la estadística, la provincia no
aparece entre las jurisdicciones con mayor cantidad de niños en
programas de cuidado. Del total nacional, el 65 por ciento reside en
sólo cuatro distritos: la provincia de Buenos Aires, con 5.958 chicos;
Chaco, con 1.251; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 1.029; y
Córdoba con 1.107. En el quinto lugar figura Mendoza con 722.
El sexto distrito es Santa Fe, donde al
cerrar el informe había 647 niños y jóvenes alejados de su familia y al
cuidado de la Dirección de Niñez. Desde el área consideran que es un
indicador bajo y que "se debe a una fuerte política de revinculación del
niño con su familia ampliada, como tíos o abuelas, donde permanecen
mientras se trabaja con la familia de origen", opinó Joaquín Blanco,
secretario de Coordinación de Políticas Sociales. También destacó el rol
de prevención que ejercen escuelas, centros de salud y organizaciones
sociales en la detección de situaciones tempranas, lo que evita que los
chicos sean retirados de su casa.
"Estos números nos hablan de los casos
detectados por Niñez, pero no de que no fueron detectados", analizó el
juez de Familia Nº 5, Marcelo Molina, quien remarcó que en Santa Fe "se
está operando sin la vigencia del viejo régimen del patronato, con una
legislación superadora" que se adapta a la ley 26.061 de protección de
los derechos de los niños, sancionada en 2005. Es uno de los 12 jueces
de Familia de Rosario que realizan el control de legalidad cuando Niñez
solicita que un chico sea alejado de su casa. Señala que estas medidas
casi siempre alcanzan a chicos pobres, un dato que también puntualizó
el estudio nacional.
La mayoría de los chicos santafesinos
que están bajo esas medidas de protección viven en instituciones. En
organizaciones públicas o privadas que tienen convenio con la provincia
habitan 533. Un menor número, 114 chicos, está al cuidado de familias
solidarias, un programa que se reimpulsó este año con voluntarios.
Representan el 0,07 por ciento de la población menor de 18 años de la
provincia, según el censo de 2010. El porcentaje está entre los nueve
más bajos del país.
Un aspecto positivo del estudio es que
Santa Fe no figura entre las provincias que mantienen tensiones con el
Poder Judicial al resolver las medidas de protección. "Estamos haciendo
un trabajo común. Hasta hoy no encontramos una medida no fundamentada.
Los problemas tienen que ver con los tiempos. Y hay carencias que sólo
se corrigen con una asignación de presupuesto para trabajar de manera
acorde", dijo Molina. La prolongación de plazos es, justamente, uno de
los aspectos que Unicef recomendó revisar en todos los distritos. El
máximo legal para resolver la situación del niño (el regreso con su
familia ampliada o la adopción) es de un año y medio, pero no siempre se
cumple. Blanco señaló que "falta mucho por hacer" ya que varios
adolescentes viven en instituciones desde la era del patronato: "Llevan
seis o siete años dentro del sistema, no se trabajó su vinculación con
la familia y son situaciones complejas de resolver".
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