Boleta. Se le pidió por nota a la Empresa Provincial de la Energía mayor información. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe
Desde que se anunció el último aumento en la tarifa eléctrica, y fundamentalmente cuando comenzaron a llegar las primeras boletas, los organismos y asociaciones de defensa de consumidores comenzaron a ver incrementada la cantidad de consultas sobre el tema. En esa dirección, en su edición del martes 22 de marzo, Diario UNO publicó el pedido de la Organización no Gubernamental Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), delegación Santa Fe, que reclamó la conformación de una mesa de diálogo en la cual se puedan exponer las problemáticas vinculadas con el servicio que brinda la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
En esa línea, la ONG planteó que uno de los ejes centrales de la discusión sería la tarifa social a la cual acceden los sectores de bajos recursos. “No puede ser que un vecino que vive en Bulevar pague lo mismo que uno que vive en Blas Parera al 8000. Mucha gente humilde no llega a pagar la factura y hoy para acceder a la tarifa social tenés que acreditar un ingreso de 300 pesos, o sea que tenés la Asignación Universal y no podés tener la tarifa social”, sostuvieron desde UCU.
A su vez, en diálogo con Diario UNO, el Defensor del Pueblo, Luciano Leiva señaló que ante la falta de información necesaria para los usuarios, sobre todo vinculada a la tarifa social se solicitó por nota a la Empresa Provincial de la Energía que brinde datos acerca de las características del incremento.
“Se pidió hace pocos días. Particularmente, para atender a los problemas de las personas de bajos recursos y ahí hay un tarifario donde hay distintos tipos de tarifa social. Ahí la cosa es bastante más compleja”, explicó.
“Le hemos dicho incluso por nota a la EPE que informe sobre todo las características del aumento en la tarifa social que haya disponible, para que la gente sepa a qué atenerse”, agregó.
En este sentido, Leiva contó que desde los primeros días de febrero, momento en el que se confirmaron los aumentos, sobre todo los vinculados a la quita de subsidios decidida por el Gobierno Nacional, la Defensoría comenzó a conversar con la EPE al respecto.
“Nosotros lo hemos planteado formalmente, y hemos tenido varias reuniones con el directorio, con la gerencia de comercialización, y demás, pero lo último que hicimos fue pedirles por favor que informaran”, manifestó.
Leiva comentó que, una vez dictadas las resoluciones con las nuevas tarifas, el organismo requirió a la EPE “que informe a la población lo más ampliamente posible porque es un derecho del usuario saber cuál es la tarifa, y cómo puede ahorrar, ya que hay una serie de posibilidades para que la tarifa baje en función del consumo energético”.
“Lo que sí es cierto es que no hay información suficiente, y lo que nosotros decimos es que es un derecho de los usuarios, en relación con las empresas prestatarias, el de tener información amplia y suficiente para saber a qué atenerse”, enfatizó.
Lo informado a nivel oficial
El 3 de febrero, a través de un comunicado de prensa, el gobierno provincial notificó que la suba del costo de la electricidad dispuesta por la Nación iba a impactar desde el 1 de febrero en Santa Fe, y que en cuanto, a los casos sociales o usuarios con tarifa diferencial, el nuevo cuadro tarifario se iba a reflejar en subas promedio de 27 pesos mensuales para los jubilados con un consumo bimestral menor a 200 kWh, y de 12 pesos por mes para los 80.000 beneficiarios de la tarifa social.
En tanto, el 29 de febrero, a través de otro parte se informó que Santa Fe ampliaba la cantidad de clientes con tarifa social y que según un entrecruzamiento de datos que realizó la empresa provincial con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), unos 133 mil usuarios santafesinos reúnen los requisitos para acceder a la tarifa social nacional.
Teléfonos fijos en reparación: el doble de reclamos
En diálogo con Diario UNO, el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Luciano Leiva resaltó que desde el organismo se han recibido en la primera parte del año, muchos más reclamos de telefonía fija que los que se recepcionaron en 2015 en el mismo período.
“Son más del doble, más de 70 en este tiempo y están vinculados con la tormenta pasada en buena medida. Fundamentalmente reclamos provenientes de la zona metropolitana, de Arroyo Leyes, Rincón, Esperanza, etcétera, no solamente por los que hemos recibido nosotros, sino también porque la propia empresa nos lo ha dicho”, manifestó.
“La empresa nos dijo que han tenido que pedir refuerzos en personal y materiales para trabajar en el restablecimiento de las líneas porque no daban abasto por los problemas ocasionados por la tormenta”, agregó Leiva.
Quejas. Hay usuarios de telefonía fija que no tienen servicio desde la última tormenta y encima les llega la factura. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe
A su vez, aparte de la falta de servicio, muchos de los usuarios han visto con indignación la llegada de las facturas por un teléfono imposible de usar.
Ante esta situación, desde la Defensoría, la recomendación para los usuarios es que se acerquen al organismo para realizar el reclamo correspondiente. “Porque si no tienen servicio, no tienen por qué pagarlo”, sostuvo Leiva.
Por su parte, Marcelo Gelcich, titular de Proconsumer Santa Fe, señaló que también la ONG recibió en el último tiempo varios reclamos por la falta de servicio y la llegada de la factura.
“Están pasadísimos de las 72 horas (para arreglar el problema), no están dando abasto porque no están preparados para este tipo de eventos”, indicó.
“El problema es que muchísima gente tiene la telefonía fija con internet, entonces están sin los dos servicios, lo cual es más complicado aún”, resaltó.
Sin embargo, a diferencia de la Defensoría del Pueblo, Gelcich aconsejó pagar la factura con reserva de derechos para poder luego lograr el descuento de los días sin servicio.
Para ello, comentó que “con el número de reclamo correspondiente, se debe dejar sentado que se paga la factura haciendo una reserva de derechos”, y si el reclamo no es oído, recomendó dirigirse a las oficinas de Enacom (Mendoza N° 2444), para denunciar la situación.
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