Contra las cuerdas. Lula y Rousseff enfrentan momentos difíciles ante los reclamos de cárcel y de destitución.
El pedido de prisión preventiva del ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva consiguió poner de acuerdo a sus rivales y aliados, que rechazaron la medida solicitada por los fiscales. Pero también inflamó los ya caldeados ánimos de una sociedad dividida y a las puertas de manifestaciones antagónicas. "Al requerir la prisión de Lula los fiscales están banalizando un recurso judicial muy grave. (...) Se trata de un ex presidente de la república. Nada impide que sea investigado. Pero Lula no tiene antecedentes, tiene residencia fija y no consta que esté planeando huir del país. ¿Para qué arrestarlo?".
Aunque lo parezca, la declaración no proviene de un aliado sino de un oponente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula. Se trata del senador Cássio Cunha Lima, líder en la Cámara alta del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el mayor opositor del gobierno de Dilma Rousseff. "Que Lula sea procesado es correcto. Aguardar el juicio es correcto, pero no porque tengamos divergencias políticas voy a querer para él algo diferente de lo que quiero para cualquier ciudadano", señaló por su parte el coordinador jurídico del PSDB, Carlos Sampaio.
La polémica solicitud de arresto de Lula fue presentada el jueves por los fiscales del Ministerio Público de San Pablo (Fiscalía) Cassio Conserino, José Carlos Blat y Fernando Henrique Araújo. El pedido incluye una denuncia por falsedad ideológica y lavado de dinero contra el máximo líder de la izquierda brasileña dada a conocer el miércoles, que se extiende a su esposa, Marisa Letícia, a uno de sus hijos, Fabio Luiz, y a otras personas.
Alegatos. Según los fiscales, si Lula permanece libre "usará toda su red violenta de apoyo para evitar que el proceso penal (...) no siga su curso natural", y lo acusan de impulsar "maniobras violentas" junto a sus aliados. Los alegatos fueron rebatidos una a una incluso por el columnista de la revista Veja, Reinaldo Azevedo, enemigo declarado del ex presidente Lula, Rousseff y el PT. "Yo quiero al PT fuera del poder (...) Creo tener sólidas evidencias de que tanto Lula como Rousseff cometieron delitos graves. Creo que tienen que ser procesados, condenados y presos", aclara Azevedo en el arranque del texto.
No obstante, y aún admitiendo que quiere que Lula sea encarcelado, avisa: el pedido de los fiscales paulistas es "frágil a más no poder. Cualquier abogado intelectualmente honesto, poco importa la corriente a la que adhiera o su ideología, sabe que este pedido es un despropósito", finaliza el periodista de la revista Veja. Con enemigos así, no son necesarios amigos.
Las esperadas críticas a la petición de los fiscales por parte del PT, del Instituto Lula y de legisladores oficialistas, aunque contundentes, quedaron opacadas ante los firmes cuestionamientos de los opositores.
La mesura adoptada el jueves por los adversarios políticos dista, y mucho, de los discursos inflamados que pedían el viernes pasado la cabeza del máximo líder de la izquierda brasileña, después de que fuera llevado para interrogar por sospechas de que se benefició con los desvíos de fondos en Petrobras. Pero la sorprendente mesura mostrada el jueves por los líderes de la oposición probablemente no se replique en los movimientos sociales y en las bases de grupos políticos contrarios y aliados del gobierno y de Lula.
Un año de protestas. Quienes piden la destitución de la presidenta tenían agendada desde hace tiempo una movilización nacional para el próximo domingo 13, cuando se cumple un año de las protestas que llevaron a más de un millón de personas a las calles para pedir la salida de la mandataria. La convocatoria a las marchas "contra Lula, Rousseff y el PT" ganó fuerza el pasado viernes con la acción policial contra Lula, y seguramente serán atizadas aún más con el pedido de prisión del ex presidente, al margen de cualquier consideración sobre sus fundamentos técnicos.
Por su parte, sindicatos y grupos de izquierda prometen dos actos masivos para el 18 y el 31 de marzo, en defensa de Lula y en contra de los "intentos golpistas", como califican a los intentos de destituir a Rousseff. En resumen, todo indica que el Brasil en recesión económica y divorciado de su gobierno, al que apoya apenas el 10 por ciento del electorado, emergerá más dividido aún del episodio que arroja otra sombra sobre la biografía del ex sindicalista que se convirtió en el primer presidente obrero del país.
Dilma no renuncia y quiere a su padrino político como ministro
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, descartó tajantemente ayer la posibilidad de renunciar a su cargo y aseguró además que sería "un gran orgullo" tener a su antecesor y padrino político Luiz Inacio Lula da Silva en su gabinete. Investigado por corrupción en varias causas, el carismático líder izquierdista fue denunciado por la fiscalía de San Pablo por ocultación de patrimonio, una modalidad de lavado de dinero, y falsedad ideológica (mentir en documentos oficiales). Como ministro quedaría automáticamente aforado ante la Justicia.
Y aunque Rousseff no adelantó si lo nombraría en algún ministerio, dijo que "sería un gran orgullo tener a Lula en mi gobierno porque es una persona con experiencia, gran capacidad política". Es la primera vez que Dilma habló directamente sobre esta posibilidad, que sonó con fuerza esta semana entre la prensa y los corredores políticos, sobre todo después que el viernes pasado Lula fue llevado por la fuerza a declarar ante otro caso, que corre en paralelo, sobre el fraude en Petrobras.
Rousseff repudió esta denuncia que cayó como una bomba sobre el Partido de los Trabajadores (PT) y la propia mandataria, que se enfrenta además a la posibilidad de un juicio político mientras no cesan de aparecer informaciones no confirmadas que vinculan a su gobierno con el esquema de corrupción que desangró a la petrolera estatal. Ante los reiterados pedidos de la oposición para que renuncie, Rousseff insistió en que "no hay una base real"que justifique su salida del gobierno. "No tengo el menor interés, no hay la menor posibilidad (de que renuncie). No hay justificación, para mí eso es incluso una ofensa. Sean testigos de que no estoy con cara de quien va a renunciar", lanzó en una rueda de prensa.
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