Marcos Rodríguez se quitó la vida en un hotel. Estaba acusado por crímenes cometidos en la última dictadura en un regimiento de Formosa.
La Capital |
El ex capitán del Ejército Marcos Francisco Rodríguez, quien era reclamado por un juzgado federal de Formosa por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, se suicidó ayer a la mañana en un hotel de Rosario, donde se encontraba alojado con su esposa, informaron voceros policiales.
El ex militar, de 70 años, utilizó un ama de fuego, agregaron las fuentes.
Rodríguez era padre del actual titular del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) y funcionario de los tres últimos gobiernos justicialistas, Marcos Rodríguez Allende.
El martes pasado, efectivos de la policía federal allanaron una vivienda ubicada en las afueras Paraná, la capital entrerriana, en busca del ex capitán Rodríguez, quien estaba acusado de delitos de lesa humanidad durante su paso por el Regimiento de Infantería de Monte de Formosa durante el último proceso militar.
El oficial, que no fue encontrado en la vivienda y se suponía se encontraría fuera del país, se quitó la vida ayer a la mañana en el hotel Lofts & Suits de Rosario, ubicado en Mendoza al 1800.
Rodríguez se desempeñó entre 1975 y 1978 como jefe de la Sección Intendencia de esa unidad y ministro de Economía de la provincia en los dos meses posteriores al golpe del 24 de marzo.
Rodríguez estaba imputado de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados, asociación ilícita y desaparición forzada de personas y, aunque en el año 2006 estuvo unos días detenido en Formosa, luego se le dictó la falta de mérito.
En las últimas horas, el juez federal de Formosa, Juan Carlos Vallejo, quien lleva adelante una causa por crímenes de la dictadura en esa provincia norteña, ordenó la detención de Rodríguez luego de una denuncia presentada por el abogado y ex preso político Pedro Velázquez.
Los policías que allanaron la casa del ex militar comprobaron que Rodríguez no se encontraba en su interior y revelaron que, según el testimonio de una de sus hijas, estaría residiendo en Punta del Este, pero esa posibilidad quedó descartada al confirmarse ayer su presencia en Rosario.
Oficina. Como integrante de la plana mayor del regimiento de Formosa, Rodríguez estaba encargado de las finanzas de esa unidad militar y, según los testimonios de varios presos políticos, su oficina estaba al lado de la sala de torturas.
También se acusaba a Rodríguez de participar en las sesiones de tortura y de desarrollar una colaboración esencial, desde su rol de jefe de la Sección Intendencia del regimiento formoseño, “en los secuestros y detenciones, actos de rapiña, operaciones en el interior y fuera de la provincia, traslados, en los que eran utilizados vehículos militares como otros no identificados en gran cantidad y con mucho personal”.
En el expediente judicial se concluye que “fue el capitán Marcos Rodríguez quien proporcionó los recursos para combustible, viáticos, etcétera, (para cometer esos delitos)”.
“Es más, dentro del regimiento, según declaraciones de los propios suboficiales encargados de la custodia de los detenidos, en la época investigada existieron entre 100 y 120 personas en esa situación, a las cuales para alimentarlos en cautiverio ineludiblemente debió intervenir el jefe de Sección Finanzas (Intendencia)”, concluye el escrito.
El ex militar, de 70 años, utilizó un ama de fuego, agregaron las fuentes.
Rodríguez era padre del actual titular del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) y funcionario de los tres últimos gobiernos justicialistas, Marcos Rodríguez Allende.
El martes pasado, efectivos de la policía federal allanaron una vivienda ubicada en las afueras Paraná, la capital entrerriana, en busca del ex capitán Rodríguez, quien estaba acusado de delitos de lesa humanidad durante su paso por el Regimiento de Infantería de Monte de Formosa durante el último proceso militar.
El oficial, que no fue encontrado en la vivienda y se suponía se encontraría fuera del país, se quitó la vida ayer a la mañana en el hotel Lofts & Suits de Rosario, ubicado en Mendoza al 1800.
Rodríguez se desempeñó entre 1975 y 1978 como jefe de la Sección Intendencia de esa unidad y ministro de Economía de la provincia en los dos meses posteriores al golpe del 24 de marzo.
Rodríguez estaba imputado de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados, asociación ilícita y desaparición forzada de personas y, aunque en el año 2006 estuvo unos días detenido en Formosa, luego se le dictó la falta de mérito.
En las últimas horas, el juez federal de Formosa, Juan Carlos Vallejo, quien lleva adelante una causa por crímenes de la dictadura en esa provincia norteña, ordenó la detención de Rodríguez luego de una denuncia presentada por el abogado y ex preso político Pedro Velázquez.
Los policías que allanaron la casa del ex militar comprobaron que Rodríguez no se encontraba en su interior y revelaron que, según el testimonio de una de sus hijas, estaría residiendo en Punta del Este, pero esa posibilidad quedó descartada al confirmarse ayer su presencia en Rosario.
Oficina. Como integrante de la plana mayor del regimiento de Formosa, Rodríguez estaba encargado de las finanzas de esa unidad militar y, según los testimonios de varios presos políticos, su oficina estaba al lado de la sala de torturas.
También se acusaba a Rodríguez de participar en las sesiones de tortura y de desarrollar una colaboración esencial, desde su rol de jefe de la Sección Intendencia del regimiento formoseño, “en los secuestros y detenciones, actos de rapiña, operaciones en el interior y fuera de la provincia, traslados, en los que eran utilizados vehículos militares como otros no identificados en gran cantidad y con mucho personal”.
En el expediente judicial se concluye que “fue el capitán Marcos Rodríguez quien proporcionó los recursos para combustible, viáticos, etcétera, (para cometer esos delitos)”.
“Es más, dentro del regimiento, según declaraciones de los propios suboficiales encargados de la custodia de los detenidos, en la época investigada existieron entre 100 y 120 personas en esa situación, a las cuales para alimentarlos en cautiverio ineludiblemente debió intervenir el jefe de Sección Finanzas (Intendencia)”, concluye el escrito.
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