Desde el Espacio Juicio y Castigo pidieron precisiones sobre la continuidad de las políticas de apoyo a los juicios, como el Programa de Protección a Testigos y la Dirección de la Memoria. Silberstein se diferenció de Macri y las garantizó.
Secretaría de Comunicación Social |
La provincia de Santa Fe seguirá adelante con las políticas de memoria, verdad y justicia. Así les aseguraron ayer los ministros de Justicia, Ricardo Silberstein y de Gobierno, Pablo Farías, a los organismos de derechos humanos y al Espacio Juicio y Castigo, que plantearon una serie de inquietudes a partir -fundamentalmente- del retroceso que plantea el gobierno nacional en el área. "Queríamos un compromiso de que las políticas de (Mauricio) Macri no tendrán ninguna posibilidad en la provincia de Santa Fe", dijo Juane Basso, militante de Hijos e integrante del Espacio. Silberstein fue enfático en diferenciarse. Afirmó que sí hubo 30 mil desaparecidos -en relación a los dichos del secretario de Cultura porteño, Darío Lopérfido- y también escuchó la sugerencia de los organismos para que el estado provincial se constituya como querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad. Una política de estado que llevó adelante la Nación desde la gestión de Eduardo Luis Duhalde.
Entre los planteos que se hicieron, los organismos pidieron la continuidad del director del Programa de Protección a Testigos, Daniel Bóccoli y de la directora provincial de la Memoria, Nadia Schujman, que fueron parte de la anterior gestión pero no continuarán. El ministro les recordó que es potestad del Ejecutivo designar a sus funcionarios pero los presentes subrayaron que también es un derecho de las organizaciones de la sociedad civil peticionar por la continuidad de los funcionarios que habían desarrollado líneas de trabajo fructíferas.
"Sabemos que son 30 mil los desaparecidos y que hay que seguir dándole impulso a las políticas de memoria, verdad y justicia", les dijo Silberstein a los representantes de los organismos, entre quienes se encontraban -además de Basso-, Norma Vermeulén, de Madres de la Plaza 25 de mayo; Norma Ríos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; integrantes del Colectivo de Ex Presos Políticos y Elida Luna, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, entre otros.
Los presentes también señalaron la necesidad de políticas contra la violencia institucional, y recordaron los casos de Franco Casco y Pichón Escobar, desapariciones forzadas de persona que se produjeron en los últimos dos años en Rosario.
Los organismos entregaron una carta en la que se manifestaron "sumamente alarmados el vaciamiento que, en el orden nacional, se está llevando adelante en materia de políticas de derechos humanos, que no ocurre sólo en áreas vinculadas con el reclamo histórico de Memoria, Verdad y Justicia, sino en otras que también han formado parte de las demandas de todas las organizaciones de DDHH, como las que refieren a la lucha contra la violencia institucional, contra la criminalización de la protesta, los derechos de las personas privadas de la libertad en penales y comisarías, los derechos de género y los pueblos originarios, por hacer una sintética mención de alguno de ellos". Entre las inquietudes que llevaron al gobierno nacional, los integrantes del Espacio Juicio y Castigo mencionaron los "despidos masivos".
Silberstein y Farías recibieron a los militantes acompañados también de Mary Daldosso, secretaria de Derechos Humanos y Ramón Verón, subsecretario del área. El ministro fue contundente. "Se dará todo el apoyo necesario a los juicios en marcha y por comenzar", les prometió. Este mes se reanuda la causa por el secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, mientras se espera el comienzo inminente de las megacausas Feced III, Guerrieri III y Klotzman.
Los militantes de derechos humanos plantearon sus dudas sobre la continuidad del "funcionamiento del programa provincial de protección de testigos. Recordamos que el mismo fue una demanda, surgida de una necesidad nacida de las amenazas y ataques sufridos por querellantes y testigos en juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país y nuestra provincia (que tuvo a los casos de Julio López y Silvia Suppo como los más emblemáticos); que tras mucha discusión y algunas desavenencias, finalmente se instituyó por Ley en Santa Fe, logrando además, encarnarse en personas concretas, idóneas y legitimadas por las hombres y mujeres ingresados al programa, como es el caso del doctor Daniel Boccoli".
Aunque no plantearon objeciones a Ramiro Guevara, quien reemplazará a Boccoli, los organismos preguntaron "por qué, habiendo encontrado una persona idónea, que supo construir el necesario lazo de confianza con testigos y querellantes, y habiendo acumulado experiencia en una actividad inédita hasta hace algunos años, hoy quienes están ingresados al programa no lo tienen más como referencia".
Otra inquietud que el Espacio Juicio y Castigo le acercó a los ministros fue la producción de pruebas documentales valiosas para los juicios. "Documentos que comenzaron a ser aportados a los expedientes judiciales y que además habían empezado a ser restituídos a familiares y las propias personas que sufrieron el secuestro, el cautiverio y las torturas en el ámbito provincial. Documentos que son importantes también para la identificación de los desaparecidos y para la búsqueda de los más de 400 hijos e hijas robados durante la dictadura. Esa tarea debe continuar. Cómo y con quienes se va a realizar, es otra preocupación de las organizaciones de derechos humanos", expresaron.
Los reclamos fueron varios. Con respecto a al Dirección de Memoria de la Secretaría, desde el Espacio preguntaron: "¿Qué va a ocurrir con el trabajo sobre leyes reparatorias; la entrega de legajos a víctimas; la investigación, preservación de los documentos y el aporte de pruebas a los juicios; el desarrollo de actividades en el ex SI y el Archivo Audiovisual, las señalizaciones de los lugares de memoria? Nos preocupa y alarma que en ese sentido también se haya discontinuado con la gestión de la doctora Nadia Schujman, quien supo contener y llevar a la gestión demandas y criterios de trabajo históricos de los organismos de derechos humanos".
Lo que recibieron -según la evaluación posterior de los asistentes- fueron respuestas "positivas" y la apertura de un espacio de encuentro permanente para avanzar en estas definiciones.
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