Así se lo confirmaron fuentes oficiales. La intención del Presidente es que los pliegos de los jueces para la Corte Suprema y de los embajadores estén lo más avanzados por posible para la Asamblea Legislativa.
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En el mes de diciembre, el Gobierno decidió convocar en forma inmediata a sesiones extraordinarias para tratar en el Senado los pliegos de los dos jueces propuestos por el presidente Mauricio Macri para la Corte Suprema de Justicia y de los nuevos embajadores. La decisión en la que resultó decisiva la intervención de la vicepresidenteGabriela Michetti y la participación del titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, abre una nueva etapa política del macrismo en su relación con el Congreso y pone a prueba la gobernabilidad de Macri en el Poder Legislativo, un capitulo muy observado en el exterior, especialmente por los centro económico-financieros internacionales.
El plan es convocar la semana que viene a lacomisiones de Acuerdos del Senado que conducirá el salteño Rodolfo Urtubey y la de DNU, que funcionara bajo la responsabilidad del radical Luis Naidenoff (la presidencia será rotativa en forma anual). Entre los pliegos por supuesto los más importantes son los de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkranz, cuyo proceso de nombramiento a través del Senado termina por archivar la vía del decreto para ocupar las dos vacantes de la Corte.
Los pliegos ya ingresaron al Senado y la semana que viene se iniciará el cronograma de los 15 días corridos para luego convocar a la Audiencia Pública, siguiendo el procedimiento que en el año 2003 estableciera Néstor Kirchner. La idea es que, aprovechando que este febrero tiene 29 días, los propuestos puedan aprobarse en la Comisión de Acuerdos, para que el Presidente llegue a su discurso de aperturas de sesiones ordinarias el 1 de marzo con bastante del trámite de aprobación de los pliegos dela Corte en regla. Luego restaría la aprobación en el recinto.
En las charlas con el bloque del FpV en el Senado, llevadas adelante por Michetti especialmente con Miguel Ángel Pichetto, y de las que también participaron Monzó y Federico Pinedo, se logró llegar a varias coincidencias. La primera –que nadie reconocerá en público- es que la oposición peronista le tiene que "dar aire" al sector del "ala política" del macrismo (Michetti+Monzo+Pinedo+Frigerio) aprobando nombramientos como los jueces de la Corte y ayudando a la sanción de las leyes clave para el gobierno (léase Ley Cerrojo). "Si ustedes se encierran en una oposición a todo y siempre van a decir que no, no hay Presidente que lo tolere. Y comenzará a sacar decretos", fue uno de los argumentos oficialistas.
Para sorpresa de propios y extraños, no solo figuras emblemáticas del gobierno kirchnerista como Diego Bossio –mucho más enfrentado ya en la ANSES a La Cámpora de lo que trascendió en aquel momento, refriega que le costó su precandidatura a gobernador bonaerense- abandonaron la postura de la "oposición a todo". Ya se comentó en esta columna la semana pasada que la dura crítica de Pichetto a Axel Kicillof, haciéndolo responsable de su derrota en Rio Negro había caído muy mal en el entorno de la ex Presidente. No por nada, el responsable de contestarle a Pichetto fue el mismísimo Máximo Kirchner.
Si la idea del "ala política" macrista resulta como está planeado, quedaría postergada la discusión de la ampliación de los miembros de la Corte Suprema a siete, como en un primer momento trascendió que sería condición sine qua non del peronismo para apoyar los nombramientos de Macri. Lo que se especula es que el bloque del FpV podría votar dividido los pliegos en el recinto, y que la mayoría se integraría con los senadores radicales, PRO, los "peronistas históricos no K" como los puntanos de Rodríguez Saa, los pampeanos de Verna y los chubutenses de Das Neves. Particular atención habrá que poner en la actitud que tome el santiagueño Gerardo Zamora, cuyos diputados ya han dejado una promesa al macrismo de acompañarlos en lo necesario en aquella Cámara.
La apuesta del Presidente de finalmente convocar a sesiones extraordinarias no se trata solo de una cuestión protocolar sino que apunta a probablemente una de sus decisiones más importantes desde que llego a la Casa Rosada. Asesorado por cierto círculo íntimo que lo arrastró al polémico decreto de designación de los jueces de la Corte por decreto, Macri ahora abre el pleno funcionamiento del escenario político al habilitar el funcionamiento del Congreso.
Si la jugada termina bien, puede tener importantes consecuencias en el mapa del poder político del gobierno. Lo que se conocen como los "amigos" del Presidente perderían influencia y al mismo tiempo comenzarían a ganarla aquellos que son considerados como los "políticos".Esta cuestión no es menor y aunque en este episodio en particular no afecte directamente a Marcos Peña, estaría significando un mensaje del Presidente hacia aquellos que entienden que el gobierno debe ordenar sus prioridades. "No se trata de que no había que aumentar las tarifas de la luz. Por supuesto que hay que hacerlo. Pero también se pudo haber explicado mejor y salpimentado con el envío al Congreso del mínimo no imponible de Ganancias. Hacer política", explican en ala política.
La mayor parte de las críticas que recibió la Casa Rosada en las últimas semanas de parte de la oposición estuvieron focalizadas en el hecho de que el Congreso "estaba cerrado". Probablemente la reunión de Macri con los peronistas independientes que conduce Darío Giustozzi y la fractura en el bloque del FpV llevada adelante por Juan Manuel Urtubey, Bossio y gobernadores como el riojano Sergio Casas fueron las pruebas que evidentemente necesitaba el Presidente para decidir "abrir" el Congreso.
En lo que respecta al pliego de los embajadores, no es una cuestión la presión que ejerció sobre el Presidente, su amigo, dirigente peronista y flamante embajador en Madrid, el misioneroRamón Puerta. Sucede que el gobierno de España no trata de igual forma –en materia protocolar- a los embajadores nombrados por procedimientos democráticos que los provenientes de regímenes autoritarios. Puerta, naturalmente, representa a un gobierno democrático, pero cuyo nombramiento será integral una vez que resulte aprobado en el Senado.
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