La jueza Mónica Lamperti presidió la extensa jornada de más de siete horas de ayer en Tribunales.
Los siete policías imputados por el crimen de Leonel Iván Mafud, asesinado a balazos tras una persecución en 2014, quedaron ayer en prisión preventiva sin plazo por disposición de la jueza Mónica Lamperti. La decisión de la magistrada se conoció poco después de las 20, cuando ya habían transcurrido más de siete horas y media de audiencia en la cual esos siete efectivos y otros ocho, a los que les dictaron 30 días de prisión preventiva, fueron testigos de un ácido debate entre abogados defensores y fiscales, quienes desgranaron el fatídico hecho que concluyó la madrugada del 8 de septiembre de 2014 en Roldán. El jueves, tras una audiencia de cuatro horas, los siete uniformados más complicados fueron acusados por el fiscal Miguel Moreno de homicidio doblemente calificado por la participación premeditada de dos o más personas, agravado por ser integrantes de las fuerzas policiales, robo calamitoso agravado por su condición de policías, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público. El resto fueron imputados por otros delitos cometidos durante y después de su intervención en el incidente.
La audiencia de ayer fue rica en argumentos. Cada parte planteó su posición sin límites de tiempos, lo que hizo que la jornada se extendiera más allá de la capacidad de atención de los asistentes. Al frente del cónclave estuvo la jueza Mónica Lamperti. De un lado los abogados Juan Ubiedo, José Luis Giacometti (ex subjefe de la Unidad Regional II de Rosario), Ignacio Carbone, Luís Tomasevich, Horacio Corbacho, Carlos Varela y Adrián Martínez, todos ellos privados. Y por la defensa pública, Marianela Di Ponte. La fiscalía de la Unidad de Homicidios, en tanto, estuvo representada por Adrián Spelta y Miguel Moreno.
Afirmaciones y chicanas
Hubo de todo. Miradas cómplices entre los defensores al mejor estilo partida de truco, salidas escalonadas fuera del recinto para coordinar estrategias, chicanas profesionales y otras no tanto, y hasta algún que otro cabeceo y bostezo por el cansancio. Varios de los abogados se ocuparon de pegar a la figura del muerto, aduciendo que Mafud "era adicto" y "llevaba droga" en su auto. Los abogados Tomasevich y Corvacho, por su parte, cargaron sobre la prensa indicando que "los medios son culpables de propalar distintos prejuicios sobre el accionar de la policía". "Los medios hablan de los policías con nombre y apellido y protegen a los delincuentes", expresó uno de los defensores. Y agregó: "A los policías les cortan las manos".
Persecución y muerte
Mafud tenía 26 años y cuatro hijos. Fue asesinado por la policía la madrugada del 8 de septiembre de 2014 cuando conducía un Fiat Marea bordó sin su patente trasera. Según explicó el fiscal Moreno, el móvil 4449 del Comando Radioeléctrico comenzó a seguirlo desde Ovidio Lagos al 4500 hasta Roldán. Valiéndose de una pizarra, contó lo que a su entender fue una "persecución frenética". Explicó cómo el patrullero recorrió 2,3 kilómetros detrás de Mafud sin reportar que lo hacía. Luego, en el cruce de Avellaneda y Uriburu, blanqueó la situación y dio por iniciada la persecución que terminó fatalmente en el kilómetro 47,5 de la ruta A-012, en Roldán.
Moreno dio cuenta de las pericias balísticas y la planimetría, también desmintió la presencia de dos hombres que habrían acompañado a Mafud en el auto y que huyeron de la policía después de que el vehículo quedará encajado en un zanjón con la víctima sin vida. Toda la exposición se baso en datos surgidos del acta preventiva, cartas de incidencias y testimonios de los policías. Y de personas que dijeron escuchar y ver secuencias de la persecución. También se refirió al revolver calibre 32 largo que se halló en la mano de Mafud y exploró todas las teorías sobre cómo una persona que manejaba a 180 kilómetros por hora podía disparar y bajar acompasadamente la ventanilla con el levantavidrios eléctrico. Y analizó los motivos por los que los policías detenidos no cedieron la escena del crimen a los efectivos de la comisaría 6ª de Roldán, su jurisdicción.
Del homicidio no hubo más testigos directos que los siete policías que quedaron con prisión preventiva sin plazo: Gabriel Sguazzini (ahora efectivo de la TOE Santa Fe), Oscar Jáuregui y Alejandro Gómez (Seguridad Vial), Gerardo Amarilla (subcomisaría 16ª de Pueblo Muñoz), Matías Maidana (Comando Radioeléctrico de Rosario), Alfredo Correa (Caballería) y Walter Machuca (Motorizada). Además, el comisario principal Fabián Díaz (quien era jefe del Comando cuando ocurrió el hecho) y el oficial Norberto Fabián Dilda (en disponibilidad y procesado por cohecho pasivo en una causa colateral a la que investiga a la banda de Los Monos) fueron imputados de robo calamitoso agravado por su condición de policías, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado y abuso de autoridad y ayer les dieron 30 días de prisión preventiva. El mismo tiempo estarán presos Eva Carolina Monzón, Diego Gabriel Franco, Jonathan Javier Sánchez, Leonardo Malisani, Víctor Velez y Ayelén Bustamante, acusados de robo calamitoso agravado por su condición de integrantes de la fuerza policial, falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado por la gravedad del delito y su condición de policías.
Contrafuego
El abogado Ignacio Carbone, representante de Sguazzini, rompió el fuego de las defensas y salió con los tapones de punta: puso en duda el dolo. Cuestionó el encuadre legal y el pedido de prisión preventiva realizado por la fiscalía, trató a Moreno de "vago" e indicó que no había elementos para sostener una imputación que a los acusados por el homicidio los podría llevar a prisión perpetua. Y pidió que el fiscal Moreno fuera citado como testigo ya que estuvo en el lugar del crimen. A esa propuesta se sumaron Tomasevich (defensor de Jauregui, Amarilla y Sánchez) y Corvacho (representante de Monzón). Ambos hablaron de la precariedad en la que trabajan los uniformados.
El abogado Juan Ubiedo (quien junto a Giacometti defiende a Díaz, Dilda, Correa, Vélez, Franco, Malisani, Maidana y Bustamante) estableció su estrategia a partir del dicho "con el diario del lunes todos podemos ganar el Prode". E indicó que la fiscalía, en 17 meses de investigación, sólo había desarrollado "meras especulaciones". Fue el primero en atacar la figura del acuerdo entre policías que no se conocían entre sí. "¿Cómo pudieron ponerse de acuerdo?", preguntó y dijo que algunas acusaciones son contradictorias, como la interpretación que la fiscalía hace de los GPS.
Giacometti, en tanto, apuntó al trabajo policial de calle y bajo presión. "¿Qué tenía Mafud en el auto que no quería que encontraran y por lo que huyó? ¿No era más fácil parar?", se preguntó. Y agregó: "Sabemos que era adicto y que había estado internado". Y sobre la peligrosidad procesal indicó que "los policías fueron citados varias veces a Fiscalía y ninguno se fue. Con el prejuicio se le falta el respeto a la policía", amplió.
La defensora pública Di Ponte (asistió a Machuca) atacó un comentario realizado por el fiscal Moreno y dijo que "esto se presentó como una megacausa y para que existiera tenía que haber mega detenciones. Por eso se acusó a Machuca, para engrosar la causa".
Corvacho, por su parte, fue sobre la víctima: "Todos hablamos del pobre Mafud. ¿Pero, por qué se fugó?" Y dijo: "No estaba haciendo nada Santo". Después se refirió al rol de los medios en el descrédito de la policía: "Los medios proclaman prejuicios y el poder político los apuntala", dijo.
La dupla Varela/Martínez, defensores de Gómez, cerró el debate antes de las réplicas y las dúplicas. "El periodismo puede conjeturar, pero en el derecho no se puede conjeturar", dijo Varela antes de calificar la imputación de Moreno como "digna de un relato mágico". Y le dijo a la jueza: "La fiscalía la puso a usted en la encrucijada de tener que definir una situación que ellos no definieron". Luego tomó la posta Martínez, quien fue picante hacia Moreno/Spelta. "¿Cual es el móvil para que 7 personas que no se conocen se pongan de acuerdo para robar 3 mil pesos y una sillita de bebé?", se preguntó.
El fiscal Moreno contestó, entre más de una veintena de objeciones, más de 30 preguntas que dejaron los defensores. Tuvo respuestas para todos y no le rehuyó a las chicanas. Para ese momento la jueza Lamperti exhibía agobiada. Entonces paró la pelota a las 18 y pidió una hora para poner blanco sobre negro. Entonces después de las 20 dio a conocer su decisión.
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