Son cientos de familias que están en riesgo, los terrenos pertenecen a una empresa privada. Los vecinos del barrio analizan las distintas posibilidades para solucionar el conflicto, en donde el Estado provincial aparece como mediador.
Rosario 12 |
Más de cuatrocientas familias de la zona norte de Rosario no saben qué pasará con sus viviendas. Son vecinos que hace más de treinta años comenzaron a habitar un terreno de aproximadamente doce hectáreas en las inmediaciones de calle Cullen y Avenida Sorrento. En 1999 una empresa privada que asegura ser propietaria de las tierras desde 1984 inició una demanda para un desalojo que aún no pudo concretarse. En diciembre pasado el tema volvió a estar en agenda y luego de una audiencia el conflicto quedó en puntos suspensivos. Las resoluciones que se barajan son tres: la expropiación con intervención del Estado provincial, el pago del terreno por parte de los vecinos en forma prolongada, y el desalojo definitivo que está fechado para el 15 de abril. Ante esta posibilidad, el gobernador Miguel Lifschitz, que conoce de cerca la historia por su intervención cuando era intendente de la ciudad, recibió a los vecinos y les garantizó que no pondrá a disposición a las fuerzas policiales. Asimismo, los referentes del barrio perciben una puja de intereses económicos detrás de la disputa entre el Estado provincial y la empresa en cuestión. En el medio quedan cientos de familias en plena incertidumbre con el derecho a la vivienda como consigna postergada.
Arturo es vecino de Cullen y, aunque su casa no es parte del terreno en conflicto, encabeza los reclamos del barrio. Toda su familia, que se cuenta en varias decenas, sí vive en las tierras que corren peligro de desalojo. Cuenta que hace más de treinta años, cuando se instalaron los primeros habitantes, el espacio se repartía entre pequeños cultivos y grandes yuyales. Los años pasaron y cada vez más familias fueron construyendo sus viviendas, muchas de ellas precarias. En el barrio los servicios públicos están ausentes y la luz, el agua y el gas llega por tendidos y conexiones también precarias. Además, para todas las viviendas hay una sola zanja que no alcanza a evitar que cada vez que llueve entre el agua a las casas.
En 1999 la empresa Compañía de Tierras Santafesinas inició una causa reclamando el desalojo, argumentando que las tierras habían sido adquiridas en 1984. A partir de entonces comenzó un conflicto intermitente que hasta hoy mantiene en vilo a cientos de familias por la posibilidad de ser desalojadas. La definitiva solución nunca apareció como prioridad de los distintos gobiernos que transcurrieron hasta la fecha. La posibilidad de pago del terreno por expropiación del Estado provincial la puso en debate la propia empresa en una audiencia en el año 2003. Pero los avances no aparecieron y en junio de 2005 la sentencia nº 668/2005 dio lugar a la demanda inicial y se ordenó el desalojo que inmediatamente fue impugnado por los vecinos del barrio. La pelea se extendió sin novedades hasta 2009 cuando Lifschitz, por entonces intendente, buscó que el terreno sea declarado de interés social y público y se comprometió con los vecinos a evitar el desalojo hasta que no haya una respuesta certera al problema habitacional.
Posteriormente, en noviembre de 2010 el proyecto presentado al Concejo Deliberante fue tenido en cuenta y el terreno fue declarado de utilidad pública y quedó sujeto a la expropiación. Pero luego se estancó y no llegó a la Legislatura provincial y en 2013 la Cámara de Diputados informó que el proyecto de expropiación nunca había sido tratado. Finalmente ingresó a la Legislatura el pasado 10 de diciembre a través de Carlos del Frade, diputado del Frente Social y Popular.
La expropiación del terreno por parte del Estado con pago a la empresa, parece ser el camino ideal para llegar a un acuerdo pacífico y dar por concluido el conflicto. Pero el Estado provincial no está de acuerdo con pagar a Compañía de Tierras Santafesina la alta suma de dinero que podrían solicitar. Por eso, para evitar el desalojo, a través de sus representantes jurídicos, los vecinos de Cullen volvieron a poner sobre la mesa una vieja propuesta: pagar el predio con el veinte por ciento de los ingresos de cada familia en lo que sería una compra a largo plazo. Pero la empresa por su parte tiende a negarse, puesto que son pocas las familias del barrio que tienen un ingreso económico fijo, por lo cual ante esta posibilidad el rol del Estado provincial se reduciría a participar como garante de los vecinos.
El pasado 10 de diciembre, mientras el proyecto de expropiación ingresaba a la Legislatura, los vecinos se anoticiaron de que mediante una resolución judicial se había dispuesto el 15 de febrero como fecha para proceder de manera definitiva al desalojo. Días después en una audiencia, la jueza de Circuito Stella Maris Bertune dictó una prórroga al desalojo para el 15 de abril, mientras que para la fecha de febrero quedó prevista una nueva audiencia en la que se buscará avanzar por otro camino.
La reunión de los vecinos, junto a sus representantes legales Analía Carrió y Analía Abreu, con el gobernador provincial se dio el pasado viernes 22 de enero. Allí, Lifschitz se comprometió a no poner a disposición del desalojo a la fuerza pública, pero además argumentó la negativa a avanzar sobre la expropiación. Indicó que la alta suma de dinero que pedirá la empresa titular de las tierras, podría ser destinada a la urbanización en caso de que los vecinos puedan acceder al pago a largo plazo. Pero esta posibilidad, que no tiene el visto bueno de la otra parte interesada, se debilita mientras sigue manteniéndose latente el peligro de desalojo. Voces vinculadas al conflicto creen que detrás de Compañía de Tierras Santafesinas hay intereses económicos de sectores privados que compran tierras con viviendas irregulares para luego pedir la expropiación al Estado.
La intervención del Frente Social y Popular en este conflicto, además del proyecto presentado en la Legislatura, se dio de la mano de la asamblea de los vecinos de Cullen, de la cual participa la organización barrial Causa, integrante del frente. En este sentido, trabajan con los vecinos para lograr comprender estos sucesos como parte de una problemática habitacional que afecta a distintas zonas de la ciudad. Para esta organización es fundamental el rol que el Estado tiene respecto de las necesidades de la población. "La forma de resolución del Estado tiene una lógica de mercado que no apunta a resolver el problema de manera integral, teniendo en cuenta los derechos básicos de la gente, sino que apunta a resolver una emergencia", explicó a Rosario/12 Facundo Peralta, referente de Causa. La crítica también apunta a las gestiones anteriores, teniendo en cuenta un conflicto de larga data, por haber abordado el tema sin buscar resolver el problema habitacional de fondo. Hoy el Estado provincial, negociando con una empresa privada de acuerdo a los intereses económicos, parece ir por el mismo lado. "El Estado va a tener que decidir si se arriesga a expropiar o si va a mantener esta situación de precariedad mientras dura la gestión", analizó Peralta.
En el barrio la posibilidad del desalojo se mantiene como temor latente y en el historial del conflicto hay distintos intentos con represión policial. Arturo cuenta que en una de ellas hubo golpizas para los vecinos que se manifestaban para frenar la avanzada de las fuerzas y tres referentes de aquel entonces fueron detenidos. Por ese motivo valoraron la promesa de Lifschitz de no enviar a la fuerza pública en caso de que el desalojo no se pueda evitar.
Por otra parte, desde el barrio destacan otras preocupaciones por fuera del problema habitacional. La expropiación no sólo permitiría asegurar el terreno a estas más de cuatrocientas familias, sino que también permitiría que el barrio sea incluido en los proyectos de urbanización. "Como figura como tierra privada, no se urbaniza, no se hacen obras, no hay nada", dice Arturo y cuenta que cuando llueve es él quien entierra sus piernas en la zanja para sacar la basura y evitar que el agua ingrese a las viviendas. "Los vecinos quieren vivir mejor, tener sus comodidades, poder pagar sus impuestos", explica Arturo. La problemática de fondo es extensa y asimismo el conflicto no terminaría con la puesta en marcha de algunas de las tres alternativas posibles. Detrás quedan miles de rosarinos a la espera de poder acceder al derecho a la vivienda digna con pleno acceso a los servicios públicos, como sucede en gran parte de las periferias de la ciudad. Los vecinos del barrio esperan que los intereses económicos finalmente queden en segundo plano, y se pueda priorizar en sus derechos como ciudadanos. Realizarán un relevamiento fotográfico de cada casa con sus moradores, para visibilizar así la complejidad de este conflicto que afecta a miles de personas.
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