La Justicia brasileña investiga si el departamento no declarado del exmandatario fue comprado con maniobras de enriquecimiento ilícito.
El expresidente de Brasil Luiz Inácio Da Silva fue citado a declarar por la Justicia de San Pablo en una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero a partir de la compra de un departamento no declarado. El fiscal de San Pablo Cássio Conserino citó a declarar al exmandatario y su pareja, Marisa Letizia Rocco.
Lula y su esposa deberán presentarse ante la Justicia de San Pablo el 17 de febrero. Será la primera vez que deba declarar en calidad de investigado.
"Si hay una cosa de la que me siento orgulloso en este país es que no hay un alma viva más honesta que yo. Ni dentro de la Policía Federal, ni dentro del Ministerio, ni dentro de la Iglesia católica, ni dentro de la Iglesia evangélica", afirmó el expresidente el 20 de enero. En las próximas semanas deberá probar que no es el propietario del inmueble.
Más problemas para el PT. Mientras tanto, la presidenta Dilma Rousseff -sucesora de Lula- fue autorizada a declarar como testigo de la defensa del abogado Eduardo Gonçalves Valadão, uno de los 16 acusados por el supuesto pago de sobornos al Gobierno a cambio de ventajas tributarias.
El proceso contra Valadão se enmarca en la "Operación Zelotes", causa contra un grupo de fabricantes de automóviles que habrían pagado coimas durante el gobierno de Da Silva para acceder a facilidades tributarias.Días atrás, Rousseff reiteró su apoyo a la investigación sobre la trama de corrupción en la estatal Petrobras, que alcanza a miembros de su partido, pero advirtió que tiene "puntos fuera de rango" que necesitan ser corregidos, informa la agencia AFP. Rousseff, que podría encarar un proceso de destitución, aseguró en una entrevista con el diario Folha de Sao Paulo del sábado, que "Brasil necesita esta investigación".
La operación policial "Lava Jato" investiga por corrupción a decenas de ejecutivos de la petrolera Petrobras, dueños de grandes constructoras y políticos de alto rango, que se beneficiaron de un esquema que inflaba los valores de los contratos para pagar sobornos y financiar campañas y partidos. Entre los acusados está el extesorero del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff.
Hasta el momento no se encontraron pruebas que incriminen a la presidenta en el caso, a pesar de que fue presidenta del Consejo de Administración de la estatal durante el período más intenso de robos. Su padrino político y antecesor, el exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011), tampoco fue involucrado en la red, aunque sí algunos políticos cercanos a él.
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