Cinco familiares de las víctimas de la explosión remarcaron que Antonio Pronsato incumplió sus deberes en relación con los controles que debía hacer sobre Litoral Gas.
La Capital |
La Cámara Penal Federal de Rosario dirime en estos días la radicación definitiva de una grave denuncia penal contra el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás), Antonio Luis Pronsato, presentada por familiares de las 22 víctimas de la tragedia de calle Salta 2141, ocurrida el 6 de agosto de 2013. En principio, el juez Marcelo Bailaque se declaró incompetente y derivó las actuaciones a Capital Federal, pero desde allí las devolvieron automáticamente a Rosario, donde ahora el tribunal de alzada deberá resolver la controversia.
Cinco familiares de víctimas de la conmocionante explosión por fuga de gas del condominio de calle Salta 2141 pretenden que se extiendan las responsabilidades penales del hecho y hace dos meses presentaron una denuncia penal contra el interventor del Enargás.
Consideran que el funcionario incumplió con sus deberes respecto a los controles que debía ejercer sobre la prestadora del servicio, Litoral Gas; y consideraran que esa falta habilitó el escenario para que ocurriera la tragedia.
Jorge Magaz impulsó ante el fiscal Nº 1, Santiago Marquevich, una primera denuncia a la que luego se plegaron Claudia Vaio, Gladys Cerquetti y Marcela Nissoria; padres, hermanos y esposos de personas que perdieron la vida en el siniestro.
Cuando el Enargás fue notificado de la denuncia, sus abogados reclamaron ante el Ministerio Público el cambio de radicación de la causa a Buenos Aires por “incompetencia territorial”. Argumentaron que como el organismo tiene su sede en Capital Federal y Pronsato ejerce sus funciones allí, la investigación debía estar en manos de un juez con jurisdicción en ese territorio.
El fiscal Marquevich dio cuenta de esa circunstancia en un dictamen que notificó al juez federal penal Nº 4 Marcelo Bailaque, de turno para tramitar la denuncia. Con ese pronunciamiento fiscal, el juez obró en consecuencia y se declaró incompetente.
La carpeta judicial con la sensible denuncia fue a parar al despacho del juez federal Nº 5 de Buenos Aires, Norberto Oyarbide, magistrado que supo estar al frente de polémicos y trascendentes casos de corrupción política, empresarial, narcotráfico e investigó delitos de lesa humanidad.
Oyarbide se excusó de instruir la denuncia contra el Enargás y se la devolvió a Bailaque. El expediente retornó el jueves 15 de octubre al juzgado federal de Oroño 940 y será remitido al fiscal Marquevich, quien deberá elevarlo a la Cámara Penal.
Ese Tribunal de Alzada será el que finalmente tenga la última palabra para definir qué juzgado se hace cargo de una denuncia que roza las estructuras del Ejecutivo Nacional.
Rol de Enargás. Según consta en la denuncia, entre 2007 y 2012 el ente nacional detectó que Litoral Gas incurrió en por los menos 20 faltas a la normativa que rige la seguridad en la prestación del servicio, lo cual originó sanciones económicas a la compañía consideradas “nimias”, por lo irrisorio de los montos en relación al calibre de la empresa.
“Se interpreta que si el Enargás hubiera cumplido con su trabajo, el desastre de calle Salta jamás hubiera existido”, se remarca en la presentación de Magaz, que cuenta con el asesoramiento legal de los abogados Jorge Funes y Aldo Bilbao Benítez.
Y se subraya en ese sentido que quedó demostrado que esas prácticas de Litoral Gas no eran “de ocasión” o circunstanciales, sino una “forma de trabajar diaria y de costumbre arraigada”, y de ello “jamás podía escapar al conocimiento del mayor responsable del área comercial” de la firma ni al Enargás.
Cabe recordar que al cumplirse el segundo aniversario de la tragedia, los familiares de las víctimas hicieron público un documento de la Auditoría General de la Nación (AGN) que cuestionó al Enargás por la falta de cooperación para elaborar un texto que permita reconocer las responsabilidades del organismo en el hecho.
La denuncia del querellante también recuerda que el Enargás fue intervenido por un plazo de 180 días corridos el 22 de mayo de 2007, decreto Nº 571 que firmó el ex presidente Néstor Kirchner, cuando puso en funciones al frente del organismo a Juan Carlos Pezoa.
Pero a través de otro decreto del mismo año se aceptó la renuncia de ese funcionario y se nombró en su lugar a Pronsato, quien se mantiene en el cargo hasta hoy gracias a la firma consecutiva de nada menos que 9 decretos, según refiere la denuncia en su contra.
Si bien el denunciante advierte que el Enargás colaboró en la causa de calle Salta para desentrañar el mundo contractual y burocrático de Litoral Gas en su relación con el Estado, también señala que recién con las 22 muertes “pareciera que se ha decidido a investigar a la prestataria”.
Esto es así por los propios informes del Enargás (que constan en el expediente penal), donde denuncia y aporta pruebas de la manera que Litoral Gas se conducía “violando abiertamente la ley sin ninguna consecuencia más allá de abonar, si es así, algunos pesos”, dice irónicamente el escrito.
“Evidentemente si el ente hubiera cumplido su rol tal cual reza la ley 24.076, hubiera actuado rápidamente y a su cargo encomendado, jamás hubieran fallecido las víctimas del siniestro”, se expresa entre los fundamentos.
En febrero de 2014, la jueza de Instrucción Irma Patricia Bilotta procesó a 11 personas por el delito de estrago culposo agravado por el resultado, cuyas conductas negligentes encadenadas prepararon el escenario para que se desatara la tragedia.
Los que llegarán a juicio son: el jefe de los inspectores de Litoral Gas, Claudio Tonucci; la gerenta técnica de la empresa, Viviana Leegstra, y los inspectores Gerardo Bolaños, Luis Curaba y Guillermo Oller; los administradores del consorcio del edificio, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli, el gasista Carlos García (se disponía a cambiar un regulador de la instalación cuando se desató la fuga), su ayudante Pablo Miño, y otro gasista que realizó arreglos en el gabinete 10 días antes de la explosión.
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