Apenas una de las marcas de la explosión de Salta 2141 fue el temor por la seguridad en el servicio de gas de quienes viven en edificios de propiedad horizontal.
La Capital |
Las denuncias por fugas se multiplicaron después del 6 de agosto de 2013, e incluso el incremento de la demanda se replicó en otras ciudades del país. Semanas después de la explosión, Rosario tenía 160 lugares sin suministro de gas a causa de los reclamos de fugas hechos por los vecinos. Así, el número de edificios que cada mes quedaba sin el suministro llegó a triplicarse.
Para graficarlo, desde Litoral Gas indicaron que en abril y mayo de 2013, meses antes de la explosión, la compañía había recibido 23 y 33 denuncias, respectivamente, a través de las que se detectaron fugas y se procedió a la clausura del servicio. En los mismos meses de 2014, es decir poco después del siniestro, el número había crecido a 60 en abril y a 76 en mayo.
Todos esos cortes en el suministro se llevaron adelante en base a denuncias, ya que esa es la única forma en que se puede concretar una inspección, detectar si existe una pérdida y avanzar en la clausura de la prestación en el edificio.
Ahora el número de denuncias comienza a volver a los niveles históricos. Así, en abril de este año sólo se procedió a cortar el servicio en 17 torres y en mayo fueron 36, cifras más cercanas a la demanda que la compañía tenía previamente a la explosión.
Sin servicio. A dos años de la explosión, el servicio sigue estando en la mira. Semanas atrás, los propios gasistas matriculados plantearon problemas en la atención a la hora de ingresar los expedientes que deben ser aprobados por la compañía para llevar adelante las obras y responder a la demanda que sigue siendo muy alta. Si bien indicaron que la situación que obligaba a los gasistas a hacer cola desde las 5 de la madrugada para tener un turno, "mejoró en los últimos días", es un dato de la propia empresa que hay edificios que están desde hace más de seis meses sin servicio.
Es más, en el Concejo Municipal impulsan la realización para los próximos días de una jornada abierta de debate sobre la situación del servicio, a la que se convocará a gasistas, vecinos, organizaciones no gubernamentales y representantes del municipio.
Es que de los 7 mil edificios que hay en la ciudad, 90 están actualmente sin gas. De ese total, 35 llevan medio año en esas condiciones, mientras que el resto lo tiene clausurado desde hace tres meses.
Pese a eso, en la compañía indican que los plazos para llevar adelante una inspección no superan las 48 horas y para autorizar un expediente, hablan de apenas una semana. En ese marco, recalcaron que las grandes demoras se producen fundamentalmente en edificios con gran cantidad de departamentos y dificultades a la hora de acordar presupuestos y plazos para llevar adelante las obras.
"Los mayores problemas las tienen los edificios viejos, con cañerías viejas e incluso podridas; a lo que le siguen problemas en los conductos de ventilación o gabinetes que no están ajustados a la normativa y que deben ser modificados", plantearon.
Sin cambios. Más allá de los números y las denuncias, en la empresa hicieron hincapié en que "no hubo cambios ni modificaciones en las normativas ni en los procedimientos que se llevan adelante".
Incluso en la firma Litoral Gas siguen destacando que "un pedido de inspección se concreta en 48 horas y los expedientes presentados por los gasistas se están devolviendo en un plazo no mayor a una semana".
Los pasos se inician con la denuncia o reclamo del vecino, la inspección del lugar y el corte del servicio en caso de fuga; luego continúan- con la presentación del expediente y de las obras por parte del gasista matriculado, y el último tramo es la ejecución de las tareas y la rehabilitación del servicio por parte de Litoral Gas.
Pese a insistir en que mantienen las metodologías de trabajo, sí admiten que "hay una mirada más aguda y mayor atención" tanto en las inspecciones como en las acciones de los gasistas.
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