La familia reclama una solución urgente "Hace 10 años que J. está conmigo y no puedo acreditar que es mi hijo"

Lo dijo Guillermo Diez, a quien la Justicia le otorgó en guarda provisoria un menor en 2005, cuando era “familia transitoria”. La situación del niño nunca fue resuelta. Hoy necesita tratamiento psiquiátrico pero no cuenta con la documentación indispensable para gestionar el ingreso en una institución.


Foto:Guillermo Di Salvatore
Angustiosa realidad. El papá transcurre sus días entre la culpa que le genera sentir que abandona a su hijo y la necesidad de resolver una situación. A pesar de su experiencia, dijo que ser familia sustituta “es una tarea hermosa y de entrega de amor mutuo”.

Salomé Crespo

Como último recurso, Guillermo Diez decidió hacer pública la acuciante situación familiar que atraviesa. Con tristeza y preocupación contó que hace 10 años tiene a cargo a J. un menor que la Justicia le otorgó en custodia, bajo el antiguo sistema de “hogar de tránsito”. Pero ese estado provisorio se convirtió en permanente, ya que el Juzgado de Menores Nº 1 nunca resolvió efectivamente la situación legal del niño.

Los crecientes problemas de salud del menor -le diagnosticaron epilepsia refractaria y esquizofrenia- pusieron a Guillermo Diez entre la espada y la pared. Actualmente, J. de 16 años, padece severos trastornos psiquiátricos, necesita atención específica urgente pero como Diez no cuenta con la documentación que acredite correctamente el vínculo con el niño, no puede resolver trámites elementales.


“Siento que me están tomando el pelo. Hace 10 años que J. está conmigo y no puedo acreditar que es mi hijo. Lo único que tengo es un papel del juzgado que dice que me lo daban”, dijo con resignación ante El Litoral refiriéndose al Juzgado de Menores y a la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia. Es que según mencionó nunca atendieron sus pedidos, sólo le entregaron el niño y, posteriormente, desestimaron los trámites que inició para resolver el caso. “En ese momento (2005), fuimos familia transitoria. Ésa era la condición en la que asumimos el compromiso hasta que se solucionaran los problemas de la madre o se resuelva la adopción. Nada de eso pasó y hoy no puedo ni afiliarlo a mi obra social, ni decidir internarlo”, mencionó Guillermo.

Al año y medio de tenerlo, la situación de la familia Diez dio un vuelco y comenzaron los inconvenientes. “Me separé, mis otros tres hijos se quedaron conmigo y yo no podía hacerme cargo de todos. Fui a hablar al juzgado, les dije que no podía tener más a J. y me dijeron que me quedara tranquilo que lo iban a solucionar. Cosa que no pasó y después apareció la madre reclamando derechos”, precisó Guillermo. La mujer, a quien la Justicia le había quitado al niño, está alojada en una institución para pacientes psiquiátricos.

En serio riesgo

A Guillermo le cuesta hablar, se le corta la voz. Los últimos episodios de J. lo llenan de temor por lo que pueda pasarle a él y al entorno. Las crisis o brotes que le provocan la epilepsia y la esquizofrenia aparecen con mayor frecuencia y violencia. Por eso, necesita ingresarlo en alguna institución adecuada, en donde puedan contenerlo.

“Cuando la Subsecretaría de Niñez tomó contacto con nosotros, me asignaron una asistente terapéutica pero fue unos meses y no apareció más. Después me designaron una institución para que vaya pero no tenía nada que ver con los problemas de mi hijo, era cualquier cosa eso”, relató Guillermo.

La situación llegó a un límite peligroso. “Hace unos días cortó con una tijera todos los cables de mi casa. No puedo dejarlo solo y yo tengo que trabajar. Llegué a pedir la adopción para regularizar la situación y poder decidir pero como apareció la madre no me la aprobaron. El único documento que tengo es del juzgado que dice que está bajo mi custodia. Necesito que me designen un lugar para J. en el que yo sepa que va a estar bien, cuidado y seguro”, concluyó Guillermo Diez.

10 años en un “limbo legal”

La directora provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Alejandra Kosak, consultada por este medio dijo estar al tanto del caso de Diez y su hijo, al que calificó como “complejo”.

—¿Cuál fue la intervención de la Subsecretaría en el caso?

—Le dio asesoramiento respecto de lo que tenía que hacer para regularizar la situación judicial de tenencia del menor. En cuanto al niño, tomamos una medida de protección integral. Según los informes de los equipos de la subsecretaría, está claro que para el niño su centro de vida es esa familia. Se trabajó con el hospital Mira y López, se buscó a la madre pero aparecía y desaparecía. Hoy J. necesita una contención que no tiene que ver con los espacios que tiene disponibles Niñez, sino de Salud Mental. No tenemos lugares de alojamiento para niños con problemas de salud mental, como tiene él. Lo que quiero dejar claro es que la resolución legal no es injerencia de la Subsecretaría sino de la Justicia.

—La familia Diez llegó al límite de no poder cuidar más a J.; es urgente ¿No es posible coordinar acciones entre el juzgado y la Subsecretaría para solucionar el caso puntual?

—Este caso es como el de tantas otras familias que han quedado en un limbo por el cambio del sistema de intervención de los Juzgados de Menores y la Subsecretaría. Nosotros (por la Subsecretaría) no entregamos guardas adoptivas, no es competencia. Lo que debe hacer Diez es resolver judicialmente el tema. Respecto del acompañante terapéutico, hubo situaciones de la familia por las cuales el acompañamiento no pudo continuar. Podemos retomar ese plan pero debe terminar el trámite legal en Tribunales.