El intento de "esconder" el expediente que involucra también al funcionario del Ministerio de Seguridad Diego Poretti, fracasó porque el juez Pascua declinó su competencia para instruir una causa por supuesto "allanamiento ilegal" e "incumplimiento de deberes".
Rosario 12 |
El intento del Ministerio de la Acusación de desligarse de una denuncia que involucra a tres funcionarios y mandarla al viejo sistema penal secreto de la provincia tuvo su primer tropiezo. El juez correccional Orlando Pascua declinó su competencia para instruir una causa por supuesto "allanamiento ilegal" e "incumplimiento de deberes" (en la que están imputados el juez Jorge Pegassano, el ex jefe de la Policía Hugo Tognoli y el subsecretario del Ministerio de Seguridad Diego Poretti) porque consideró que la investigación debe continuar en el nuevo sistema oral y público. El fiscal Gustavo Urdiales había dictaminado lo contrario, que debía pasar el "sistema de conclusión de causas" "como se llama al trámite escrito y secreto y despachó el expediente al fuero correccional, que tiene seis juzgados y sólo dos jueces. Sin embargo, Pascua rechazó el planteo de Urdiales porque "según la ley", le "corresponde intervenir al Ministerio Público" "dijo en una resolución a la que tuvo acceso Rosario/12 y el viernes elevó la causa a la Cámara Penal, que ahora deberá resolver el conflicto de competencia.
El debate sobre cómo opera el Ministerio Público en casos que comprometen a funcionarios tiene sus antecedentes. En la denuncia por la manipulación de la computadora Mac del empresario asesinado Luis Medina, que involucra a un secretario del Ministerio de Gobierno, Javier Echaniz y a su segundo, Martín Degrati, hubo varios intentos para mandarla al viejo sistema penal. El último, en febrero, cuando el fiscal Adrián Mac Cormack se declaró incompetente para investigar los hechos con los mismos argumentos que hoy esgrime Urdiales. El juez Juan Carlos Curto rechazó la pretensión del fiscal de desligarse de la causa porque a su criterio sería "un despropósito" derivarla al viejo sistema para que arranque desde cero. "El sistema conclusional está en agonía, mientras que el nuevo se dota de recursos", sostuvo el magistrado.
El incidente se repitió ahora para definir quién investigará a Pegassano, Tognoli y Poretti. La causa se inició en la justicia federal el 24 de febrero de 2014 por una denuncia de los fiscales Walter Rodriguez y Félix Crous (quien entonces estaba a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad), pero pasó al fuero ordinario el 16 de octubre.
La recibió Urdiales, quien ya intentó desligarse dos veces. La primera, en diciembre, cuando devolvió la causa al juez federal Reinaldo Rodríguez para que le diga qué "órgano judicial" de la provincia debía "proseguir" el trámite. Rodríguez le contestó que según la ley 13.004 era competente el Ministerio de la Acusación a partir de que tomó
"conocimiento" de la denuncia, el 16 de octubre. Y la segunda, en febrero, cuando se la pasó al fuero correccional que tiene seis juzgados, pero solo dos jueces, cada uno a cargo de tres despachos.
El juez Ricardo Favaretto se excusó de intervenir "por su amistad" con Pegassano y la derivó a Pascua, quien también declinó la competencia, pero por otro motivo: dijo que Pegassano, Tognoli y Poretti debían ser investigados por el Ministerio Público. Lo mismo que había dicho el juez Rodríguez.
"Advierto que en la causa ha sido imputado, entre otros, el doctor Pegassano, con quien mantengo una relación de amistad de hace muchos años y que me obligaría, en caso de tener que intervenir, a excusarme", dijo Pascua.
"Si bien la causa se inició el 27 de junio de 2012 con un procedimiento policial en Colastiné Norte, en la misma fecha se dio intervención a la justicia federal que declaró su incompetencia el 24 de abril de 2014". El expediente pasó "a la justicia provincial, el 16 de octubre" que "tomó conocimiento de las imputaciones contra los imputados" cuando ya estaba "en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, desde el 10 de febrero de 2014".
Por lo tanto, "según el artículo 2º tercer párrafo de la ley 13.004 corresponde intervenir al Ministerio Público de la Acusación", señaló Pascua. Y como Urdiales había dicho que la causa debía instruirse "en el fuero correccional", el juez la elevó a la Cámara para que "dirima la cuestión de competencia planteada" con el fiscal.
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