Decisiones. El titular de la EPE, Daniel Cantalejo, advierte que la Nación destina $ 84 mil millones a subsidios a la tarifas eléctricas (“que muchos pueden pagar”) y $ 16 mil millones a la Asignación Universal por Hijo. Foto: Guillermo Di Salvatore
Luis Rodrigo
politica@ellitoral.com
Con 2014 terminó el acuerdo de la EPE con la Nación, que congeló las tarifas. Como la Nación no cumplió su parte del convenio, el titular de la Empresa Provincial de la Energía, Daniel Cantalejo, no tiene necesidad de explicar por qué no se vuelve a firmar. Y las razones no son sólo políticas.
A Santa Fe debieron llegar hasta $ 700 millones; se hicieron inversiones por 500 pero sólo llegaron de la Casa Rosada 101.
La compañía estatal santafesina -a contramano de la mayor parte de las decisiones nacionales sobre el sector eléctrico- tiene una situación financiera que le permite tomar sus propias decisiones, aumentar tarifas, negociar más plazos con sus proveedores.
En el resto del país, las empresas distribuidoras de electricidad no tienen las mismas condiciones como para decirle “no” al desventajoso acuerdo por el que presiona la Nación.
—¿Cómo ve hoy al sector eléctrico en el país?
—En una situación muy difícil. Debió acompañar el crecimiento de la demanda que en muchas jurisdicciones se ha duplicado, y más, en los últimos quince años. Y hay una política nacional de subsidios que creo que no se puede sostener indefinidamente. Está llegando hasta este punto. Hoy están a la vista las consecuencias de esas decisiones: se ha roto la cadena de pagos y vemos quebrantos en Cammesa (la Compañía Administradora de la energía a nivel mayorista), y las principales deudoras son las compañías privadas concesionadas por la Nación, Edenor y Edesur de capital y Gran Buenos Aires, y otras distribuidoras de las provincias también.
De las empresas grandes, la nuestra es de las pocas que cumple con los pagos por la energía que consume. La deuda acumulada por el conjunto de las distribuidoras eléctricas supera los 18 mil millones de pesos. La EPE hoy compra energía por 1.300 millones de pesos por año. Es una deuda tan grande que equivale a toda la demanda eléctrica del país por más de un año.
—Impresionante.
—Es una situación que al gobierno que venga le va a significar un gran desafío.
—¿Cómo evalúa las inversiones nacionales en infraestructura eléctrica?
—Las políticas nacionales se ven en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Las privatizadas funcionan con fuertes subsidios estatales, incluso se cubren acuerdos salariales y obras eléctricas.
—La oposición local le reprocha al gobierno provincial justamente lo que usted destaca como un logro: una mayor sustentabilidad de la EPE. El PJ dice que el Estado provincial no invierte en la EPE. ¿Es así?
—Nosotros hemos trabajado mucho con la provincia y entre otras inversiones, el Estado cubrió todo el desarrollo del plan Abre para dar suministro seguro en los barrios, eso demandó no menos de 100 millones de pesos.
—A nivel nacional el modelo es que a la plata la ponga el Estado, que la tarifa no cubra los costos...
—Pero el Estado no tiene una fuente inagotable de recursos, es de la gente. El sector público posee recursos que obtiene de la población. Y cuando el Estado destina dinero al servicio eléctrico le resta a seguridad, a educación, a salud. Hay que ser muy prudentes... Hoy, a nivel nacional, la energía eléctrica tiene subsidios anuales por 84 mil millones de pesos (ése es el último dato disponible, y es de 2013, todavía no sabemos cuánto demandó 2014). Y fíjese que también en 2013 la Asignación Universal por Hijo fue de 16 mil millones.
Este esfuerzo de toda la economía, estos recursos de todo el país de 84 mil millones de pesos congeló todas las tarifas: a todos los sectores... ¿Es lo más conveniente para un país? Pensemos que estas políticas de congelamiento de tarifas promueven el consumo ilimitado, irracional y han logrado que la demanda suba de manera exponencial. Y son decisiones que alcanzan a mucha gente que perfectamente puede pagar. En Capital Federal está el 40% del consumo de todo el país.
Poco se dice de lo que significa esto, más cuando no tenemos el gas disponible y lo tenemos que importar para producir energía.
En 2016, sea quien sea quien tome las riendas del país, va a tener que tener -vamos a tener que tener- una política alternativa. Estoy convencido que de esta manera va a ser muy difícil que el sector eléctrico nacional pueda responder a la demanda.
—La oposición habla del costo santafesino de la energía que afecta la producción...
—A nosotros no nos gusta la inflación. Pero la realidad es que existe y que si no la seguimos, la empresa se daña. El aumento fue del 27% en promedio y tras 18 meses sin actualizaciones. Y hay sectores industriales que no tienen consumos en baja tensión, sino en media y para ellos la suba fue del 16%.
—No se advierten fuertes reproches públicos del sector empresario. ¿Usted los recibe en privado?
—No. Sinceramente no. Creo que es porque cualquier empresario sabe cuál es el efecto de la inflación sobre sus productos. No hay empresa que subsista con costos que suben y un producto final congelado. Los empresarios entienden que tenemos una política responsable. Pero además, hay que desmitificar algunas cuestiones: se dice que tenemos la energía más cara del país, y ése era un caballito de batalla de los privatistas. Pero la realidad es que nuestras tarifas son competitivas medidas con provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos o Chaco. Y tenemos una tarifa de jubilados que tiene 80 mil beneficiarios y tarifas estacionales para ciertas producciones como la del arroz, que presenta meses pico de demanda, tenemos 12% de descuento en las tarifas de los parques industriales. No es lo que se dice.
“ Las distribuidoras deben en total 18 mil millones de pesos por la energía que consumieron y no pagaron. Es una deuda tan grande que equivale a toda la demanda eléctrica del país por más de un año”
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