Detenido. Emanuel Araya fue detenido por última vez el año pasado, tras la toma de la central termoeléctrica.
El temor y las amenazas que padecía Juan González, un sindicalista de la Uocra asesinado en abril del 2010, a los 27 años, son hoy los pilares de una acusación que sostiene el fiscal de Cámara, Carlos Romero, contra Emanuel David Araya, el exlíder del gremio de la construcción detenido por última vez tras la violenta toma de la central termoeléctrica ocurrida el año pasado, y a quien acusa de ser el instigador del homicidio de González.
Ayer, en el primer piso de los Tribunales santafesinos, se realizó la audiencia de apelación del sobreseimiento que se le dictó en primera instancia. En defensa de Araya se presentó el abogado Roberto Busser, junto con su hijo y como querellante, en representación de la madre de González, actuó Mauricio Frois. En el debate, las partes expusieron sus fundamentos y ahora el juez Oscar Burtnik tiene 10 días hábiles para decidir si Araya continúa vinculado a la investigación o si es sobreseído definitivamente.
Para la defensa de Araya, hay dos puntos que son claves para tumbar el caso: en primer lugar, sostuvieron que ya se cumplió el plazo razonable de investigación: el expediente lleva 52 meses de tramitación y además, consideraron que los cinco testimonios que para el fiscal y la querella son determinantes para demostrar la culpabilidad de Araya no fueron igual de relevantes para la jueza Susana Luna. El año pasado, las causas que el gremialista tenía en la Justicia ordinaria se unificaron en el juzgado de Darío Sánchez, quien dispuso un plazo de 18 meses para colectar pruebas suficientes para incriminar a Araya en el crimen o desvincularlo del terrible hecho. Para Busser, desde entonces, el plexo probatorio no se modificó.
Los cinco testigos
En contrapartida, el fiscal Romero opina que esos cinco testimonios existentes demuestran la animosidad de Araya con González, quien les estaba resultando una “competencia”, en la disputa por el control del sindicato. Uno de los relatos más directos fue el del dirigente gremial Carlos Berón de Astrada quien dijo haber escuchado a Emanuel Araya decir que a González había que “cortarle las piernas”. “No es difícil suponer que esa frase incluía hechos violentos”, sostuvo Romero. Y agregó: “Lo que pasó en Alto Verde fue una represalia a González por su militancia gremial. Y quienes perpetraron el ataque lo hicieron instigados por su dirigente, Emanuel Araya”.
En su réplica, el defensor de Araya cuestionó la veracidad del testimonio de Berón de Astrada, porque dijo que fue aportado tres años después del hecho y además porque el testigo dijo que escuchó esa conversación cuando salía del baño de la sede gremial y que Araya estaba en la oficina. Sin embargo, dijo que cuando analizaron el plano de la sede, los baños están en la planta baja y las oficinas en el primer piso.
Por su parte, el abogado querellante, opinó que la agresión que sufrió González no podía ser concebida de manera fragmentada sino que debe ser pensada en un contexto de amedrentamientos que sufrió González antes del crimen y que había comentado en reiteradas oportunidades a familiares y allegados. Además, sostuvo que debía ser tenido en cuenta el testimonio del vecino de Alto Verde, que fue el primero en socorrer a González y a quien éste le dijo que previamente había “discutido con Araya”.
Asimismo, Frois recordó que históricamente en el país, la experiencia muestra hechos de extrema violencia en las luchas de poder en los sindicatos, y recordó los casos de José Pedraza (exjefe de la Unión Ferroviaria) y el tiroteo en el Sindicato de Camioneros de Rosario en el que murió Nicolás Savani.
Poderosos y peligrosos
En diálogo con Diario UNO, la madre de Juan, Mirta González, cuestionó los vaivenes que tuvo el expediente y aseguró que es por su nieto que va a insistir en el reclamo de justicia: “En el expediente consta que, dos meses antes de la muerte de mi hijo, Araya decía que había que cortarle las piernas porque ya estaba escalando muy alto. Esa es información que está, y todos en Santa Fe sabemos lo poderosas y peligrosas que son estas personas. Yo quiero que el crimen de mi hijo no quede impune y que todos los responsables vayan presos”.
El crimen de González fue antes de la intervención de la Uocra. En aquel momento, González era obrero de la construcción y había trabajado en el obrador de la Ruta 19, en San Agustín. Lo hizo hasta que la Uocra lo convocó para asesorar a sus compañeros en el local gremial de Ituzaingó. El joven albañil fue encontrado herido de gravedad en el terraplén de la Manzana 7 del distrito Alto Verde, con una fuerte hemorragia, debido a que la bala le había perforado la arteria femoral.
El 13 de abril
El 13 de abril de 2010, Juan Alberto González, de 27 años, murió en el Hospital Cullen tras recibir un disparo en una pierna. La bala le perforó la arteria femoral y el muchacho se desangró. Por el caso, la Justicia santafesina investigó a dos exdirigentes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), pero al día de hoy, solo Eduardo Leiva está procesado (y en libertad) en el marco de la causa. El otro imputado que tuvo la investigación, Emanuel Araya, fue sobreseído por la jueza Susana Luna. Y es esa medida la que intentará revertir la familia de González.
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