Un ingeniero de Rafaela denunció el año pasado al presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo (foto), por supuesto “tráfico de influencia”. Fotos: Agencia
De la Redacción de El Litoral
La Justicia archivó esta semana una investigación por tráfico de influencia contra el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo y el legislador del Frente Para la Victoria, Leandro Busatto. La acusación radicaba en una carta enviada por Rubeo al presidente de la Cámara Penal en 2013, Roberto Prieu Mántaras, para que se anulara la intervención judicial que afectaba a la Caja de Previsión de los Profesionales de la Ingeniería de Santa Fe.
La medida adoptada por el juez de Instrucción Diego de la Torre responde a un pedido de la defensa de los legisladores justicialistas. El abogado Leandro Corti sostuvo entonces que “los hechos investigados no encuadran en ninguna figura penal, careciendo los mismos de relevancia típica”.
En esa tónica, el juez investigador reconoció que “le asiste la razón al abogado que interviene en la defensa de los señores Rubeo y Busatto”, puesto que “el actuar desplegado, desde una perspectiva jurídico penal, luce atípico, no encuadra en la figura del tipo penal” de tráfico de influencia; “debiendo enfatizarse que los hechos denunciados no solamente no pueden ser subsumidos en el referido tipo penal, sino que no se verifica la presencia de ilícito alguno”.
Alcance legal
El delito por el cual fueron acusados los legisladores del Frente Para la Victoria prevé una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la función pública. Y alcanza a quien “por sí o por una persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que este haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones”; con el agravante de que “si aquella conducta estuviere destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años”.
En el caso específico, el juez De la Torre sostuvo que “sólo se verifica la remisión de la nota, dirigida al Dr. Roberto Prieu Mántaras, vocal de Cámara de Apelaciones del Poder Judicial de Santa Fe”.
Gestión institucional
En defensa de los legisladores, el Dr. Corti argumentó oportunamente que “en los contenidos de los actos de denuncia penal, requerimiento fiscal de instrucción y memoriales de constitución de querella, sólo se hace referencia a una supuesta influencia o interferencia ejercida en la persona del Dr. Prieu Mántaras -como integrante del Poder Judicial-, para incidir en una decisión, pero en ningún momento, se indica concretamente la eventual realización de algunas de las conductas castigadas penalmente, es decir, “solicitar o recibir dinero o cualquier otra dádiva” o “aceptar una promesa directa o indirecta”.
Pero además, de las declaraciones testimoniales (ofrecidas por la querella) “se colige de manera concluyente, que los miembros de la Caja de Ingenieros sólo se limitaron a realizar una serie de gestiones de índole institucional con distintos actores políticos-institucionales, pero niegan rotundamente, que en ese contexto, haya existido algún tipo de promesa, entrega de dinero, o cualquier otra dádiva”.
La “carta” de la discordia
El 3 de abril de 2013, Rubeo envió desde Rosario una misiva dirigida al camarista penal Roberto Prieu Mántaras que decía lo siguiente: “Siendo la intervención de la Caja de Previsión de los Profesionales de la Ingeniería de Santa Fe 1a. Circunscripción, una decisión que hace a la vida institucional de nuestra provincia, en resguardo de una vida democrática y republicana de división de poderes y respeto institucional entre los mismos, me veo en la obligación de involucrarme en el conflicto suscitado, entendiendo que corresponde se haga lugar a la nulidad de la resolución de fecha 13 de febrero de 2013 que ordena la mencionada intervención”.
La referencia aludía a la resolución dictada por juez Correccional Nº 3, Orlando Pascua, quien había ordenado la intervención de la institución en el marco de otra causa por “desobediencia” en la que dos fracciones se disputaban la conducción y administración de la Caja.
Al tomar conocimiento de la misiva, el ingeniero rafaelino, José Aglietto, en su carácter de afiliado de la Caja de la Ingeniería, presentó la denuncia ante la Procuración de la Corte; y el 22 de mayo de ese mismo año, el fiscal Nº 4, Juan Pablo López Rosas formuló requerimiento de instrucción, que significó el avance de la investigación hasta que este martes 7 de octubre fue archivada.
El pedido de investigación fiscal alcanzó al diputado del FPV Leandro Busatto, por ser el hijo de uno de los directivos de la Caja.
El dato
Sobre la querella.
Jorge Aglietto y Jorge Zavala, en su rol de afiliados de la Caja de Ingenieros fueron aceptados por el juez Diego de la Torre como querellantes en la causa, mediante una resolución del 26 de agosto. En esa oportunidad, el magistrado aceptó como válido el hecho que “el pretenso querellante habría resultado afectado de modo directo y actual en razón del obrar desplegado por los imputados” y les adjudicó “el rol de víctima”. la defensa de los legisladores apeló ambas constituciones de querella y por ende el tema se resolverá una vez más en la Cámara.
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