Lo explicó el fiscal general de la Ciudad, aunque aclaró que "será responsable de lo que haga trascender en lo que afecte a terceros". El vicepresidente pidió que su declaración en el caso Ciccone "sea pasada en vivo", pero el magistrado lo rechazó.
Infobae |
El sorpresivo pedido de Amado Boudou irrumpió el jueves en la agenda de noticias. En una entrevista con el periodista Víctor Hugo Morales anunció que le pidió al juez Ariel Lijo que permita que su declaración indagatoria por el caso Ciccone, prevista para el lunes, "sea pasada en vivo". Aunque el magistrado rechazó el pedido porque la ley argentina no le permite, el fiscal general porteño, Luis Cevasco, aclaró que el vicepresidente "puede grabar el acto de la indagatoria".
"Si el imputado quisiera grabar para el acto de la declaración no habría objeción, porque es un resguardo, pero será responsable de lo que haga trascender en lo que afecte a terceros", precisó Cevasco.
La petición de Boudou no llegó a buen puerto puesto que en su artículo 204, el Código Procesal Penal establece que el sumario sólo es público para las partes y sus defensores. "El expediente tiene una lógica procesal y su interpretación por parte de los legos puede llevar a confusión de la opinión pública", justificó el fiscal general. "La información parcial puede generar una idea equivocada", insistió.
Mientras, siguen las repercusiones políticas del llamado a indagatoria. El kirchnerismo continuó con la defensa del vicepresidente y los dardos hacia al magistrado. "Boudou ha sido sujeto y objeto de un linchamiento mediático enorme. Ya lo han juzgado antes de que el juez comenzara a indagarlo", valoró la jefa del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Juliana Di Tullio, a tono con las opiniones del resto del oficialismo.
"Espero que el juez tenga la suficiente ecuanimidad y la suficiente independencia para escuchar todos los testimonios y hacer un proceso limpio, que no es lo que he visto durante estos dos años", señaló.
En ese sentido, desde un sector de la oposición cuestionaron la estrategia de apuntar a la Justicia. La más dura fue la diputada de Unión PRO Patricia Bullrich, quien dijo que el vicepresidente es culpable, porque "se apropió de una empresa".
"Operadores del Gobierno vienen intentando la separación del juez Lijo, cuando se dieron que estaba redactando con precisión un llamado a indagatoria. Fueron a apretarlo amenazándolo con iniciarle juicio político", acusó. Y volvió a pedir su renuncia.
También desde el PRO, la vicejefa del Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, dijo: "Cuando uno es inocente y no tiene nada que esconder, se presenta en todos los lugares a dar todas las explicaciones necesarias, durante todo el tiempo que sea necesario". Y reprobó el pedido de nulidad de la indagatoria, que finalmente no prosperó.
Vidal también diferenció a Boudou del caso del jefe de Gobierno porteño. "Boudou tiene garantías que Mauricio Macri no tuvo. A Mauricio le tocó el juez menos creíble de la historia, que es (Norberto) Oyarbide, y (el juez federal Ariel) Lijo no es Oyarbide", advirtió en referencia a una de las dos causas en la que el jefe de Gobierno fue procesado.
El integrante del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi consideró, por su parte, que las críticas de Boudou a Lijo fueron en "términos de guapo de barrio", lo cual es "inadmisible." 
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